Manuel Fernando Pascual recibió una pena de 12 años de prisión por abusar sexualmente de dos religiosas entre los años 2012 y 2016. Durante el proceso, el cardenal primado de Argentina ofreció como garantía una propiedad de la Iglesia porteña para que el acusado no fuera a la cárcel.
En diciembre de 2022 el cura Manuel Fernando Pascual fue encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado por su condición de ministro de culto contra dos religiosas, recibiendo una condena de 12 años de prisión. Después de dos años de iniciado el proceso, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 consideraron a Pascual autor de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal perpetrado de manera continuada” entre los años 2012 y 2016 y “abuso sexual gravemente ultrajadante perpetrado de manera continuada entre los años 2014 y 2016”.
Los hechos aberrantes que relataron las querellantes y testigos que también fueron víctimas del sacerdote, delatan un modo de actuar sistemático que se repite en todos los casos de abusos sexuales eclesiásticos que venimos denunciando desde años desde La Izquierda Diario.
Sotana criminal
Manuel Pascual estaba al frente de la Comunidad Hermanas de San José, una orden religiosa ubicada en el barrio porteño de Núñez. Dicha organización cuenta con un hogar de amparo para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, ubicado a pocas cuadras de la cancha de River Plate; y un retiro espiritual, llamado La Ermita, ubicado en Capitán Sarmiento, a 150 kilómetros de la Capital Federal.
Retiro La Ermita
Entre los años 2012 y 2016, Pascual cometió todo tipo de vejaciones contra las dos religiosas que, en 2020, se animaron y lo denunciaron en la Justicia penal. Según sus declaraciones testimoniales, los abusos se cometieron tanto en la sede de la congregación como en el retiro espiritual. Una de ellas declaró haber sido abusada mientras Pascual oficiaba una misa privada en La Ermita: “en pleno acto de la eucaristía me tocó la entrepierna”. Otra de sus denunciantes declaró que la obligó a realizar sexo oral ”para que “gozara y aprendiera a gozar”. Ambas afirmaron que mientras se perpetraban los abusos, Pascual las confesaba y las absolvía. Hubo otras religiosas, incluso de otras congregaciones, que declararon como testigos y relataron situaciones similares que habrían ocurrido a fines de la década del 80.
Tanto en la elevación a juicio como en el proceso mismo, el Ministerio Público Fiscal demostró cómo el clérigo utilizó su rol jerárquico para ejercer todo tipo de manipulación hacia sus víctimas. “La hacía hablar de situaciones traumáticas del pasado. Pascual aprovechaba el estado de vulnerabilidad y comenzaba con el contacto físico, la besaba en todo el cuerpo al tiempo que intentaba quitarle la ropa, esgrimiendo que dichas prácticas obedecían a buscar ‘una absolución o bien sanar el dolor que llevaba consigo’”.
Peritos forenses coincidieron en describir a Pascual como una persona con “rasgos manipulatorios y narcisismo patológicos, enmascaramiento de conductas, ocultación de conflictos pasivos/agresivos y también una inteligencia superior al promedio, como conflictos en el área psicosexual compatibles con conductas desajustadas”. Pascual “era la autoridad, su fundador, confesor y director espiritual, y que se encontraba en una situación de poder, preeminencia y decisión hasta en las cuestiones cotidianas de las personas que formaban la Congregación".
Como suele suceder, Pascual negó las acusaciones en su contra, asegurando que su trayectoria como guía espiritual en la Diócesis de Buenos Aires (designado por monseñor Antonio Quarracino y sostenido por Bergoglio) lo avalan. No faltó el desprestigio hacia las denunciantes a quienes consideró “mentirosas”.
Cardenal Poli, amigo y protector
Intentando mostrar una política de lucha contra los abusos eclesiásticos, en enero de 2018, el Arzobispado de Buenos Aires elevó la investigación canónica sobre Manuel Pascual a la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede, la que ordenó realizar un proceso judicial penal canónico a cargo del Tribunal Eclesiástico bonaerense, dependiente del arzobispo Víctor "Tucho" Fernández, otro gran especialista en encubrir abusos. Sobre esa investigación no hubo resultados hasta la fecha. Poco duró la buena voluntad.
El 30 de abril de 2020, Mario Aurelio Poli, cardenal primado de Buenos Aires, uno de los hombres más poderosos de la Iglesia en Argentina, presentó en el juzgado que llevaba la causa contra Pascual, un escrito firmado de puño y letra, donde se ofreció como fiador personal ante el pedido de prisión domiciliaria planteada por la defensa del sacerdote que, en ese entonces, se encontraba en el penal de Ezeiza.
Arzobispo Mario Poli
Según el escrito, publicado por el sitio Infobae, Poli manifestó el deseo constituirse en “fiador personal para la concesión de su exención de prisión, a fin de ofrecer al Tribunal… cumplir la prisión domiciliaria en un domicilio del Arzobispado de Buenos Aires, del que soy el titular”. El máximo jerarca de la Iglesia católica argentina ofreció una garantía para eximir de prisión a un sacerdote acusado de violación. Si bien la oferta no prosperó, ni siquiera Grassi, que recibió una defensa directa del Vaticano y terminó en la cárcel, tuvo semejante oportunidad.
Este obrar sistemático de la jerarquia eclesiástica deja a las claras que la estructura pergeñada por el propio Vaticano y perfeccionada durante décadas garantiza la impunidad de estos casos aberrantes que siguen saliendo a la luz. Impunidad agravada por la estrecha relación que la Iglesia Católica sigue manteniendo con un Estado que no deja de financiarla.
No es la primera vez que el cardenal primado de Buenos Aires protege a curas abusadores. En junio de 2021 fue denunciado, junto a otros obispos integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina, ante el Vaticano, por encubrir delitos sexuales en la provincia de Mendoza. Lo mismo hizo con el cura Hugo Pernini, condenado en la provincia de La Pampa.
¿Habrán sido estos los últimos "regalos" de la era Poli en el Arzobispado? Su renuncia, luego de cumplir 75 años, edad en que por ley canónica deben "jubilarse", ya está a disposición de Bergoglio para su aceptación. No se irá limpio; a las denuncias por encubrimiento se suman irregularidades en los manejos finacieros del arzobispado. Hay quienes dicen que el arzobispo platense Víctor "Tucho" Fernández encabeza la lista de posibles reemplazos. Otro que trae la sotana manchada.
