La multinacional presume el cumplimiento de metas de “sostenibilidad y producción de manera responsable" y tiene acuerdos con la empresa alemana BMW y recientemente con YPF-TEC para abastecer nuevos nichos de "negocios verdes". Los gobiernos avalan la impostura mientras ocultan la política depredatoria y las consecuencias del extractivismo de litio.
Durante febrero trascendieron dos noticias sobre la empresa de capitales yankee que opera hace 25 años en el Salar del Hombre Muerto: el derrame de 20 mil litros de ácido, ante el vuelco de un camión que se dirigía al establecimiento minero Fénix, y el acuerdo realizado con Y-TEC para abastecer de carbonato de litio a la planta piloto de producción de baterías en Berisso. No es casualidad que de la primera se hable mucho menos que de la segunda.
La multinacional yankee Livent y su proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto - Antofagasta de la Sierra, se vende por su compromiso de “sostenibilidad y producción de manera responsable”. De hecho, el año pasado, la principal productora de carbonato de litio en la Argentina presentó un informe de sostenibilidad a fines del 2022.
La planta de extracción de litio en Catamarca fue visitada por funcionarios nacionales como el ministro Kulfas, y el mismo presidente, Alberto Fernández, se reunió con el CEO, Paul Graves, en marzo del 2022. Según páginas oficiales del gobierno nacional, Livent opera en el país hace más de 25 años y cuenta con un “sistema propio de alta tecnología para la deriva de carbonato y cloruro de litio” que sería “amigable” con el ambiente.
Por su parte, en la página oficial de Livent, se presume que fue galardonada por tercer año consecutivo con la categoría Oro de EcoVadis por su desempeño en materia de sostenibilidad. En su plan de sostenibilidad, plantea metas como: “neutralidad de carbono para 2040, camino hacia un 100% de energías renovables y enfoque continuo en el uso sostenible del agua”, y “compromiso de mejorar la vida de las comunidades y promover el desarrollo social y los derechos humanos en todas nuestras operaciones y en la cadena de suministro”.
Por su política “verde”, la multinacional cerró acuerdos para la provisión de carbonato de litio a la producción de baterías para la industria automotriz, con la firma alemana BMW en marzo del 2021; y recientemente con Y-TEC, la empresa especializada en litio conformada por YPF y el Conicet, para la planta piloto ubicada en la localidad de Berisso, Buenos Aires.
Pero, más allá o más acá de todo esto, Livent y la empresa Minera del Altiplano SA que opera en Proyecto Fénix, resonó en estas últimas semanas ante el vuelco de un camión con 20 mil litros de contenido tóxico, según tuvieron que reconocer desde el mismo Ministerio de Minería de la Provincia de Catamarca. No se encuentra ninguna información al respecto en la página oficial de Livent.
El gobierno de Catamarca, dio cuenta del hecho once días después, cuando publicó un comunicado de lo ocurrido el 4 de febrero. En este comunidad, anuncian que se “inició investigación por accidente de camión de minera” como indica el “protocolo y reglamentación vigente” a cargo del departamento de Policía Minera a cargo de la Dirección Provincial de Minería.
El gobierno informa que el accidentes se produjo “con un camión transportista que se dirigía al proyecto”, que se dio por “las condiciones del camino y las intensas lluvias” y que la empresa “inmediatamente informada del suceso, activó el plan de acción de Respuesta de Emergencia de Fénix, por parte del personal de operaciones”. Además, habría asistido al conductor del camión y actuado “el equipo de brigada de emergencias de la empresa, que realizó las remediaciones inmediatas no afectando el suelo”.
El comunicado no dice de qué sustancia química se trataba. Fue el Ministro de Minería de Catamarca Marcelo Murúa, quién confirmó a un medio nacional, en el marco de la apertura de la Asamblea Provincial de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades del litio Catamarca, que la sustancia derramada fue ácido: “De acuerdo al registro fotográfico, el vuelco del vehículo y el derrame de sustancia peligrosa está confirmado, traía ácido y se está investigando para conocer cómo se actuó en el momento”. También agregó que desde el gobierno se viene “actuando correctamente”. Sin embargo, hasta el día de la fecha no hay ningún informe con más detalles del desastre ecológico sucedido.
Durante estas semanas, el grupo ambientalista de Agua Pucara y diversos referentes contra el extractivismo en el país, dieron cuenta del grave hecho por las redes sociales. Además, difundieron videos que se filtraron desde la planta del Proyecto Fénix, donde se observa la emisión de sustancias químicas gaseosas y la deposición a cielo abierto de lo que podría ser sales de carbonato de litio. Por si fuera poco, también se observaron vicuñas y otros animales nativos de la zona consumiendo aguas contaminadas.
La multinacional Livent reconoce que, con la nueva técnica de extracción, utilizan 900 litros de agua por kilo de litio, lo cual no es para nada sostenible en un ecosistema frágil y con déficit hídrico donde se encuentran los salares y humedales altoandinos. Sumado a eso, el uso de diversos químicos que son contaminantes, utilizados en el proceso de producción de carbonato de litio, y los residuos vertidos a cielo abierto, son aspectos que merecen mucha atención.
Los gobiernos de las provincias y el gobierno nacional permiten que los estudios ambientales lo hagan las mismas empresas y le garantizan la aprobación de los proyectos de exploración y producción para profundizar el saqueo. Las condiciones de extracción de litio en la Argentina, que lo hacen muy rentable, y el aumento del precio internacional por la demanda asociada a la transición energética y el “negocio verde”, redundan en inmensas fortunas para las transnacionales que operan en el país, destruyendo todo a su paso.
Luego de 25 años de extractivismo de litio con el Proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, los efectos en el ambiente son innegables: ríos y vegas que se secan como el Trapiche en Antofagasta de la Sierra, ganado y aves que mueren, impactos en los modos de vida de las comunidades indígenas, como el desplazamiento de la producción agropastoril y salitrera artesanal. Sumado a esto, los trabajadores mineros tienen condiciones laborales muy adversas, donde rigen también las leyes de flexibilización laboral.
A pesar de los reclamos de organizaciones socioambientales, especialistas e incluso la comunidad diaguita Atacameños del Altiplano, cuyas autoridades e integrantes han denunciado en estos años detenciones, persecuciones, amenazas y criminalización de parte de la empresa y el Estado por defender sus derechos territoriales, el gobierno provincial de Jalil (FdeT) y el nacional siguen priorizando el saqueo y destrucción de humedales altoandinos, para que la multinacional deje algunas migajas y se lleve millones.
Hay que recordar que Livent fue denunciada durante el 2022 por fraude al fisco por sobrefacturación, y que el mismo año hubo una fuerte oposición al proceso antidemocrático de consulta pública para extender el proyecto Fénix, (acuerdo de Livent y Galaxy), que implicaría profundizar el extractivismo con la creación de un acueducto y el uso indiscriminado de agua del río Los Patos.
Volviendo al derrame de 20 mil litros de ácido en territorio indígena, a pesar de anuncios de investigación y sumario a Livent, nadie explica nada sobre el mismo como sostienen desde la comunidad que vive desde tiempos ancestrales en el lugar. Ellos desconocen el tipo de derrame producido, la superficie afectada y las posibles consecuencias para el medioambiente, la fauna y flora de la zona, y para las familias.
El anuncio reciente del acuerdo de Y TEC (YPF y el Conicet) con Livent da cuenta de que la prioridades y lealtades son otras, y que las empresas son premiadas aunque cometan desastres ecológicos. Fue el mismo Gobernador Jalliil y su ministro de minería Murúa quienes propusieron a la gigante yankee para realizar el acuerdo, que se difunde con bombos y platillos con impronta desarrollista que abordaremos en una próxima nota.
Queda claro que el freno al saqueo contra la política extractivista por parte del Estado y los Gobiernos como la protección de humedales y la salud de las poblaciones merecen medidas y control de otra clase.