Este jueves por la madrugada personas anónimas balearon el frente de un supermercado propiedad del padre de Antonella Roccuzzo y dejaron un cartel nombrando al capitán de la selección: “Messi, te estamos esperando, Javkin es narco, no te va a cuidar”, agravando la crisis por el accionar de bandas narcocriminales, que se cobraron las vidas de personas inocentes, particularmente en los barrios populares. El caso más resonante y reciente fue el asesinato del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano, ultimado a balazos para dejarse un mensaje entre bandas de la barra brava de Newell´s. En momentos en los que en la provincia de Santa Fe se elige al próximo fiscal general, los destinatarios del mensaje parecen ser funcionarios políticos y judiciales.
No fue la única balacera que se dio en los últimos días, ya que el hogar de una docente fue baleado por error, al punto que la trabajadora de la educación puso un cartel aclaratorio pegado en su puerta. Mientas el crimen organizado cuenta con amparo del Estado, las víctimas son sectores populares y trabajadores.
En el medio de una crisis que se agrava y que ubicó a Rosario en la portada de los medios nacionales, distintos oficialismos (el provincial de Perotti y el municipal de Javkin) y oposición usan la situación como parte de la agenda de la campaña electoral, esgrimiendo a su vez, el argumento de que la única salida es mayor presencia de las fuerzas represivas.
En cadena nacional y desde Salta, Alberto Fernández dijo que “algo más habrá que hacer” y anunció que se comunicó con el intendente Pablo Javkin. El Ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que la presencia de las fuerzas federales en Rosario “es muy fuerte” y que “los narcos han ganado, hace 20 años que están haciendo lo que hacen, pero nosotros estamos dispuestos a revertirlo”, pese a que la provincia está gobernada por Omar Perotti del Frente de Todos, cuyo lema de campaña fue “paz y orden”.
Los cruces internos dentro del peronismo fueron sobre todo entre el alfil de Perotti, el diputado Mirabella, y Aníbal Fernández, que se critican mutuamente. La cercanía de las elecciones agrava la rosca electoral en un asunto en los que a otros se les va la vida. De todos modos, al momento de empoderar a la Policía involucrada en el crimen organizado, todos coinciden.
Pablo Javkin, intendente de la ciudad y alistado en una alianza electoral junto al Partido Socialista y a Juntos por el Cambio, deslizó que la zona fue liberada: “En la ciudad tenemos Policía provincial, Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería. ¿Cuántas persecuciones cubrieron ustedes? Porque no las hay”. Días atrás había dicho a los policías: “Usen las armas que tienen para cuidar a Rosario”. El intendente Javkin que acostumbró a los rosarinos a sus sobre actuaciones, en modo electoral redobla su histrionismo y hoy se apersonó en el supermercado baleado. Humo sobre el humo.
Patricia Bullrich también, para variar, salió con declaraciones y pidió la renuncia del ministro de Seguridad e insistió con militarizar la ciudad: “Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas”. No importa cuándo leas esto. Lo que no dice Bullrich ni nadie, es que el narcotráfico tiene una fuerte, muy fuerte pata empresaria, como lo confirma el procesamiento judicial del empresario Gustavo Shanahan, encumbrado empresario, ex titular de Terminal Puerto Rosario, firma de la empresa Vicentin, amigos y financistas del PRO de Patricia Bullrich, por lavar dinero de Los Monos. En ese puerto, no casualmente, se encontró más de una tonelada de cocaína. Mejor no hablar de ciertas cosas.
Desembarco del Ejército y una agenda de derecha
La ciudad de Rosario cerró el 2022 con 288 asesinados, fundamentalmente por la violencia narco, y ya son 56 en los primeros dos meses del año. Lejos de la idea de que “se matan entre ellos”, el método de las balaceras busca sembrar el terror asesinando a familias al azar en los barrios de la ciudad. Así fue con el brutal caso de Lorenzo “Jimi” Altamirano levantado en la calle al azar, asesinado y arrojado en el ingreso de la cancha de Newells un mes atrás, con el único objetivo de pasar un mensaje. Además de otras, como la que se cobró la vida de las hermanas Milagros y Belén Rodríguez del Polo Obrero. Con total impunidad, las bandas narcos dispararon contra canales de televisión, sindicatos, comisarías y centros de justicia, ostentando la protección que gozan desde lugares del poder político, judicial y policial, en una provincia donde jueces, fiscales, senadores, comisarios y funcionarios de todo tipo se probó o se sospecha su involucramiento con el narco.
Desde el peronismo, el oficialismo rosarino y el macrismo buscan imponer una agenda de derecha. Repiten las mismas recetas desde hace años: mayor presencia policial y el desembarco del ejército. Pero en Rosario actúan mas de 3.500 miembros de las fuerzas represivas nacionales, entre Gendarmería y la Federal. Mientras tanto, dejan crecer la pobreza y la desigualdad que afecta fundamentalmente a los jóvenes y ahí es donde apunta el reclutamiento de las bandas criminales.
Ninguna política de endurecimiento policial o presencia de más tropas policiales o de fuerzas federales ha sido ni será eficiente frente a esta crisis, sencillamente por una razón: porque no funciona, ni en Rosario ni en ningún lugar del mundo, el mundo narcocriminal sin protección policial, sin la ilegalidad de las drogas, sin la desigualdad que garantiza el capitalismo y sin lazos con la política y la Justicia.
En cada investigación judicial sobre las organizaciones del narcotráfico aparecen complicidades policiales, judiciales y del poder político. El desembarco de mayores fuerzas represivas buscará disciplinar en los barrios a las familias obreras y a la juventud, frente a la creciente crisis social. Esta es la agenda que discuten peronistas y opositores para la campaña electoral.
Desde la izquierda decimos que hay que atacar el problema de fondo: “El hecho de que los puertos sean privados o controlados por empresas es una de las ventajas en las que se apoyan esas bandas para crecer. Por eso se hace urgente la nacionalización de los puertos y la estatización de las grandes cerealeras que los controlan, para que produzcan bajo control de los trabajadores del puerto, organizaciones de vecinos, ambientalistas, etc”.
Para combatir el narcotráfico hay que derrumbar los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales de los empresarios y políticos asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.
La conformación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores, acompañada por la nacionalización del comercio exterior y de todos los puertos aduaneros privatizados, limitaría el crimen organizado.
Frente a un negocio que crece y crece por la ilegalidad que garantiza una tasa de ganancia superior al promedio y una impunidad acorde, se hace necesario despenalizar y legalizar las drogas, como forma de atacar esta realidad, que es de donde parte la criminalidad siempre con paraguas estatal. |