Este martes Alberto Fernández anunció una serie de viejas recetas para “enfrentar” las bandas criminales. De tan viejas que son es que se puede confirmar que las medidas presidenciales no pondrán en jaque a las bandas criminales y, por el contrario, el despliegue militar y de fuerzas de seguridad darán lugar a un aumento del control social y ninguna solución al reclamo del pueblo santafecino, hastiado de la crisis social, la falta de empleo y las balaceras entre bandas criminales que, las principales víctimas son el pueblo trabajador y los sectores populares.
Las cifras son muy elocuentes. Con siete desembarcos de fuerzas federales en los últimos diez años, los homicidios en Rosario oscilaron desde 2014 entre 165 y 254, y pasaron a 288, sólo en 2022.
Ante estos anuncios, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), que trabaja hace más de 25 años en programas de Reducción de Daños y Riesgos, así como en la promoción de la salud y prevención frente al consumo de drogas, emitió un comunicado en el cual advierte las consecuencias que traerán si las fuerzas de seguridad continúen “persiguiendo a usuarixs de drogas como sucedió en todas las ocasiones en que se desplegaron en los barrios populares”. Asimismo, reclaman atención en salud para los usuarios con consumo problemático y denuncian que el gobernador de Santa Fe cerró dispositivos de salud y, que en su lugar se encuentra “la proliferación de dispositivos abstencionistas que se sustentan en el discurso de “la guerra contra las drogas”.
Por último, ARDA reclama al gobierno un proyecto de ley para “terminar con la persecución de lxs usuarixs de drogas despenalizando las figuras de tenencia”. El comunicado concluye con una denuncia a la ley de drogas: “Como venimos proponiendo desde fines de los años ‘90, la Ley de drogas 23.737 es la principal responsable de la maximización de los daños que las drogas son capaces de causar, la que entretiene o da argumentos para perseguir “perejiles” y crea las condiciones para el desarrollo de un negocio ilegal fabuloso que sólo se resolverá –como ha ocurrido con el alcohol- cuando se regulen todas las sustancias por el Estado”.
Comunicado completo de ARDA
1. Cierto es, como usted plantea, que el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro, que requiere tiempo reclutar sicarios, cooptar voluntades en fuerzas de seguridad, en la justicia y en la política. Para ser justos con la verdad, debemos decir quiénes son aquellos que son los cooptadores y reclutadores para que esto sea posible y cuáles son las condiciones y responsabilidades para que este fenómeno pueda desarrollarse.
2. El gobernador de Santa Fe debe hacerse cargo de la política en materia de drogas que lleva a cabo en su provincia incluyendo el cierre de dispositivos de salud y formación como fue el SADyS (primer dispositivo desde la perspectiva de reducción de daños instaurado en nuestro país) y de la proliferación de dispositivos abstencionistas que se sustentan en el discurso de “la guerra contra las drogas” y la violación de derechos de los ciudadanos a través de instituciones provinciales conveniadas o, lo que es peor, con la derivación a comunidades terapéuticas clandestinas ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
3. Esperemos que las fuerzas de seguridad que se desplieguen cumplan con los principios consagrados por la Constitución Nacional en cuanto al ejercicio de sus tareas, y no se dediquen a perseguir a usuarixs de drogas como sucedió en todas las ocasiones en que se desplegaron en los barrios populares.
4. Esperamos que la delegación de la UIF que se instale en la ciudad sirva efectivamente para que el Estado se dé por enterado del hecho conocido por todxs de que la opulencia en las construcciones de las grandes ciudades y de los barrios privados que florecen a su alrededor, se sostienen en buena parte con dinero proveniente de ilícitos en los que se dolariza el dinero producto de la venta local de drogas ilegalizadas.
5. La instalación de cámaras de seguridad y los sistemas de identificación servirán sólo para detectar las operaciones ilícitas menores que ocurren en la vía pública. Las operaciones a escala, la de los verdaderos narcos, ocurren en lujosos lugares privados.
6. La manipulación informativa a la que hace referencia está bien descripta en documentos como la Guía de buenas prácticas para abordar los consumos problemáticos en medios de comunicación publicada por la Sedronar, que no se cumple adecuadamente. Otros de los problemas relacionados a la manipulación informativa podrían solucionarse si usted derogara el decreto que impide el pleno funcionamiento de la Ley de servicios de comunicación audiovisual.
7. Por último, le pedimos que cumpla con su promesa electoral enviando e impulsando un proyecto al Congreso Nacional para terminar con la persecución de lxs usuarixs de drogas despenalizando las figuras de tenencia, terminando con todos esos titubeos que usted y su actual ministro de seguridad esbozaron durante la gestión en relación a que sólo se referían a la marihuana y no a todas las drogas.
Como venimos proponiendo desde fines de los años ‘90, la Ley de drogas 23.737 es la principal responsable de la maximización de los daños que las drogas son capaces de causar, la que entretiene o da argumentos para perseguir “perejiles” y crea las condiciones para el desarrollo de un negocio ilegal fabuloso que sólo se resolverá –como ha ocurrido con el alcohol- cuando se regulen todas las sustancias por el Estado. | 
