El comunicado público de las asociaciones denuncia una serie de irregularidades y atrocidades relativas al manejo de los recursos y la gestión de la crisis también heredada del gobierno municipal de la UDI Nora Cuevas, a quien se le acusa de malversación de fondos por más de 9 mil millones de pesos, cuestión que no avanzó más allá de una estéril querellapor parte del actual edil, militante del Partido Socialista, Christopher White.

Sin embargo, y como denunciaron y se manifestaron todas las unidades de salud de San Bernardo el pasado septiembre del 2022 - donde se logró un aporte extraordinario para paliar la situación-, la continuidad de esta crisis ha llevado a la constante falta de fármacos que, por la Ley AUGE, no debiesen faltar (antidiabéticos, antihipertensivos, antidepresivos, entre otros), lo mismo sigue sucediendo con insumos clínicos para procedimientos y curaciones; o reactivos de laboratorio, vitales para el diagnóstico, control y seguimiento de las y los pacientes.

En el comunicado antes mencionado, los firmantes denuncian que “en muchos casos somos los propios funcionarios quienes incurrimos en gasto de nuestro bolsillo, para mantener la continuidad del servicio”. Al tiempo que se evidencian las incesantes e irracionales rotativas en cargos directivos de la Corporación que conlleva a indemnizaciones millonarias al retiro de estas y la re contratación de nuevos equipos, desencadenando una crisis de gestión y mal uso de recursos públicos en desmedro de la población, pero en favor de las relaciones político-burocráticas del Partido Socialista (recordemos que la dirección de la Corporación es el mismo Alcalde, en este caso, Christopher White).

Como si fuera poco y en directa afectación de las y los funcionarios se acusa del no pago de descuentos variables (subsidios de salud, FONASA, ISAPRE, Caja de Compensación, colegiaturas profesionales, AVP, etc.). Tampoco hay resolución respecto al ajuste de remuneraciones en la carrera funcionaria comprometido en negociaciones previas.

¿Quiénes pueden parar este descontrol?

Desde 1980, con las leyes de la Dictadura se estableció la posibilidad de la gestión mediante corporaciones privadas de millonarios presupuestos destinados a áreas como Salud y Educación, pero tal como se desprende de los análisis de la Fundación ObservatorioFiscalninguno de los mecanismos de control -llámense Unidad de Control municipal, Ministerio Público o Contraloría- ha sido efectivo a la hora de detener la malversación de fondos de esta y otras Corporaciones a lo largo del país. Resultando en decenas, si no cientos de miles de millones de pesos malversados en distintas comunas, redirigiendo recursos a otros intereses y mediados por el compadrazgo político de turno.

Siendo este el caso que por décadas afecta a la salud y educación municipal, son las y los usuarios del sistema y sus trabajadores los que finalmente resultan afectados año tras año sin una solución de fondo a la crisis, lo que ha llevado a un hoyo financiero y deuda pública de enormes proporciones.

Es por esto que las y los funcionarios de la salud de San Bernardo se cansaron y nuevamente se movilizan y convocan a la mayor unidad, junto a las y los pacientes de los CESFAMs, para hacerle frente a una crisis que deben pagar quienes la provocaron. También es preciso y necesario que a diferencia de las movilizaciones de hace seis meses, esta vez la nueva Directiva Nacional de la CONFUSAM (cuya presidenta es la filo-democratacristiana Gabriela Flores) no se hagan los ciegos y sordos como sucedió previamente, y solidaricen concretamente en esta valiente lucha de funcionarios y la comunidad en San Bernardo.

Desde la Agrupación de trabajadores de salud Abran Paso creemos que esto no da para más y urgen instancias de deliberación entre toda la comunidad afectada, que se promuevan las mesas de trabajo o asambleas abiertas entre trabajadores y usuarios que incluyan a dirigentes, CDLs, COSOCs, Juntas de Vecinos, comunidad educativa, etc. para que juntos se coordinen las acciones y un programa que apunte a terminar con el negocio de quienes dirigen las Corporaciones y se establezca un control y supervisión, por parte de la comunidad, de la gestión de los recursos que solo han sido malversados por parte de los partidos tradicionales de las últimas tres décadas.