Algunos antecedentes

Chile Vamos y Demócratas (compuesto por antiguos miembros de la Democracia Cristiana que cada vez parecen derechistas puros y duros) presentaron el 16 de enero de este año un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar el indulto que les había sido otorgado a 6 presos políticos de la revuelta y a Jorge Mateluna, ex militante del FPMR.

Ese Indulto había sido otorgado a finales del año 2022 por el gobierno de Boric, y fue producto exclusivamente de la movilización incansable de las familias de los presos políticos, de organizaciones de apoyo y de su lucha por libertad y justicia. Dicha medida administrativa del gobierno era otorgada a 13 presos políticos, y la derecha presentó el requerimiento contra 7 de ellos. Los afectados por el requerimiento interpuesto por la derecha son Jorge Mateluna, Luis Castillo, Jordano Santander, Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas.

No debemos olvidar que apenas fueron otorgados los Indultos la prensa tradicional/empresarial inició una campaña mediática contra los presos políticos que recibieron dicha medida, en una acción criminalizadora a nivel nacional acompañada por declaraciones de la derecha y de sectores de la ex Concertación contra dicha medida, pero particularmente contra los presos políticos en general.

Ante ese escenario el gobierno de Boric no sólo realizó una menos que tímida defensa del Indulto, sino que terminó cediendo claramente a la campaña criminalizadora, al punto de sacar a la entonces Ministra de Justicia Marcela Ríos, y reemplazarla por el académico y abogado Luis Cordero Vega, ligado a la ex Concertación e instituciones del régimen.

Lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional

En ese marco, el día de ayer se presentaron en el pleno del TC los argumentos de Chile Vamos y Demócratas, representados por la abogada ultra derechista Constanza Hube (conocida por ser Convencional amiga de Teresa Marinovic), y los puntos a favor del Indulto, presentados tibiamente por el abogado Raúl Letelier, del CDE y en representación del gobierno.

La derecha acusó falta de fundamentación de los indultos y que el Ejecutivo actuó “arbitrariamente”, por lo que estaría quebrantando la supuesta “igualdad ante la ley”, concepto manoseado y jamás respetado por la derecha y los políticos tradicionales en general.

Los argumentos de Hube evidenciaban, primero, la debilidad de los mismos considerando que la práctica de indultos por vía administrativa es ampliamente utilizada por anteriores mandatos, y por otro lado y considerando aquello, demuestra que lo único que quiere la derecha es seguir criminalizando la prisión política y castigar a quienes se movilizan.

Más burdo fue el Senador Matías Walker (Demócratas, ex DC, históricamente ligado a la oligarquía) quien señaló que el gobierno realizó una medida inconstitucional con el Indulto al liberar a personas con “prontuario en materia delictual”, cuando precisamente de eso se trata un Indulto. Más burdo aún cuando consideramos que en el caso de la prisión política en general muchos casos son producto de montajes policiales, especial ensañamiento de la justicia y policías contra luchadores o directamente de mentiras de fiscalía.

A pesar de la debilidad en la argumentación de la derecha y su representante, el Tribunal Constitucional nuevamente brilló como lo que es: un organismo absolutamente antidemocrático, compuesto por 10 ministros designados, que nadie eligió, y que se ha dedicado históricamente a proteger los intereses de los poderosos y dueños del país. Una institución hecha para mantener firmemente el “statu quo” si es que la cámara de Diputados o del Senado no lo logra.

Mencionamos esto porque, aunque la derecha presentó argumentos que se caían por sí mismos, el TC no fue capaz de fallar sobre el fondo de la causa y cerrarla definitivamente, sino que pidió nuevos antecedentes, extendiendo más todavía el plazo para la entrega de dicha nueva información, y por lo tanto manteniendo la angustia de las familias y haciéndose parte, cómo no, de la campaña criminalizadora.

En concreto los nuevos antecedentes que pidió son: 1) “eventuales solicitudes de indultos particulares presentadas con anterioridad al día 29 de diciembre de 2022, de personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del denominado estallido social.” y a su vez 2) "Informar en torno a eventuales solicitudes de indultos particulares ingresadas a dicho Ministerio con posterioridad a la señalada fecha y que se originen, también, en condenas por delitos ocurridos en dicho contexto”

No confiemos ni en este gobierno ni en esta justicia: sólo la unidad y la movilización dará la libertad

En ese escenario es claro que no podemos esperar de brazos cruzados que el requerimiento se caiga por su propio peso, debido a la falta de argumentos de la derecha y la inoperancia de sus representantes, porque seguirán insistiendo, porque la institucionalidad les favorece, el TC ha fallado históricamente contra los intereses populares y porque este gobierno ha defendido débilmente los indultos y en general ha cedido e incluso se ha hecho parte de la campaña de criminalización que ha instalado la derecha.

Los indultos se ganaron en la calle. Y hay que mantener la alerta, la unidad y la coordinación para defenderlos. Es necesario mantenerse al tanto de esta discusión, y buscar activamente la coordinación de familiares de presos políticos, organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda, junto a centros de estudiantes, sindicatos y federaciones, para que ante cualquier señal de alerta, podamos poner en movimiento fuerzas reales en las calles exigiendo el respeto al Indulto y más en general la libertad a todos los presos políticos, de la revuelta y mapuche, demanda que es un punto de lanza para luchar contra la represión, la militarización del territorio mapuche y la criminalización a la protesta. El llamado es a mantenernos alerta.