La dictadura exacerbó el modelo dicotómico de género, "santa o prostituta", resignificado en la oposición del modelo mariano representado en la Virgen de Luján (entronizada en diversas instituciones públicas), contra el modelo de la mujer "guerrillera" que transgredía la supuesta esencia femenina y el verdadero rol social de la mujer como madre vigilante y esposa obediente y abnegada, garante de la integridad familiar y convertida en agente promotora de los valores nacionalistas y patriarcales impuestos por el Estado.
El caso de Alejandrina Barry, actualmente diputada porteña del PTS-Frente de Izquierda, cuyos padre y madre fueron asesinados por los militares, es un ejemplo de cómo operaba este mensaje del cual se hacían eco los medios de comunicación cómplices de la dictadura. "Hubo una acción común entre los medios de la Editorial Atlántida y los marinos de la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada]", señala. "Me mostraban como una nena abandonada y a mi mamá como una mujer que, en lugar de madre, era una ’fabricante de huérfanos’ como llegaron a publicar", dice refiriéndose a las notas de las revistas que se publicaron con sus fotos, cuando su madre y su padre, dirigentes de Montoneros, fueron asesinados.
Argentina Potencia y Procreación Responsable
Pero ese modelo no era nuevo. Los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, como el Opus Dei, se vieron beneficiados durante la dictadura de Onganía (1966 - 1970), que era uno de sus miembros. Ya en aquel momento, se pensaba el desarrollo del país ligado a la necesidad de aumentar su población y, por esta razón, se estimularon todas las posiciones políticas pro-natalistas.
Y aunque con contradicciones, el peronismo también abonaba al modelo tradicional de familia, aún cuando la ideología que se transmitía en libros escolares y discursos políticos no se correspondía precisamente con los cambios sociales y políticos que ocurrieron durante sus gobiernos. De todos modos, eso merece un análisis más pormernorizado. Aquí solo mencionaremos que, dos años antes del golpe de Estado de 1976, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, se había limitado el derecho a la anticoncepción. El peronismo también se ocupó de la cuestión demográfica, pero buscando un aumento poblacional mediante métodos coercitivos. Mientras en los países centrales se conquistaba la legalización del aborto como consecuencia de las movilizaciones y reclamos del movimiento de mujeres, aquí el ministro de Salud y Acción Social, José López Rega, promulgaba el Decreto Nº 659 que disponía controlar, mediante el expendio obligatorio de receta médica, la comercialización de anticonceptivos. Además, se impidió la prestación de servicios de planificación familiar en los hospitales públicos, con la consecuencia de que sólo los sectores de la población con acceso a la medicina privada contaron con atención especializada en materia de anticoncepción, mientras las clases trabajadoras y los sectores populares quedaron prácticamente desprotegidos.
La dictadura genocida continuó con esta prédica: en 1977, la junta militar promulga el Decreto Nº 3.938 "Objetivos y Políticas Nacionales de Población", en el que se señala que "el bajo crecimiento demográfico y la distorsionada distribución geográfica de la población constituyen obstáculos para la realización plena de la Nación, para alcanzar el objetivo de ’Argentina-Potencia’ para salvaguardar la Seguridad Nacional." También se propone otorgar incentivos para la protección de la familia y eliminar las actividades que promuevan el control de la natalidad.
Recién en 1987 se derogará el decreto de López Rega, bajo el gobierno de Ricardo Alfonsín, a pesar de que en 1985, el Estado argentino ya había reconocido los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos, ratificando la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, tuvieron que pasar ocho años más para que la Cámara de Diputados tratara la Ley de Salud Reproductiva que incluía la provisión de servicios gratuitos de anticoncepción en los hospitales públicos y que, bajo la presión de la Iglesia, se aprobó con modificaciones y con el nombre de Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, recién siete años más tarde después de varias idas y vueltas.
Mientras tanto, el Vaticano renovaba su cruzada contra el derecho al aborto, imponiendo la celebración del Día del Niño por Nacer en los calendarios oficiales de varios países. En Argentina, se incorporó oficialmente durante la presidencia de Carlos Menem. Y ninguno de los gobiernos posteriores, ni siquiera actualmente, cuando ya se ha legalizado el aborto, lo ha derogado. La Iglesia Católica y sectores fundamentalistas y antiderechos lo conmemoran cada año el 25 de marzo, nada menos que al día siguiente del aniversario del golpe de Estado.
El género de la tortura
Volviendo al modelo impuesto por la dictadura, tenemos que decir que frente a él, las mujeres militantes –es decir, que tenían una actividad en el ámbito público, pero además con la intención de subvertir el orden social- serán consideradas como elementos transgresores altamente peligrosos, no sólo por su propia actividad política contra el orden establecido, sino también en tanto encarnaban una ruptura con los roles de género tradicionales.
Esto es lo que explica por qué, el terrorismo de Estado incluyó objetivos y métodos específicos de "disciplinamiento de género" en sus prácticas de tortura, dando lugar a una violencia con características específicas contra las mujeres, que incluyó la violencia sexual como uno de sus aspectos más brutales y significativos. Mientras la violación sexual de los varones operaba, simbólicamente, como destituyente de la masculinidad del "enemigo", transformándolo en subordinado, la violación de las mujeres simbolizaba la ocupación de su "territorio", es decir, el ejercicio despótico de la soberanía de los vencedores.
Podemos decir, entonces, que las violaciones de mujeres prisioneras y detenidas-desaparecidas en los centros clandestinos fue una forma específica y generalizada de tortura que se constituyó en una "política institucional de género" de la dictadura. Un disciplinamiento atroz y extremo que acompañaba, de manera aberrante, el discurso dominante que reforzaba los roles tradicionales de género propagandizados por el Estado, el sistema educativo, la Iglesia y los medios.
Cuando comenzaron las denuncias del terrorismo de Estado, la violencia sexual quedó invisibilizada entre los diversos métodos de tortura y vejaciones sufridas por hombres y mujeres. La abogada Myriam Bregman, actualmente diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda, que fue querellante en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, señalaba que la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado, debería integrarse en la figura de genocidio. Es decir, incorporarla explícitamente como un elemento fundamental del plan sistemático de exterminio, llevado a cabo por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el auspicio y la colaboración del empresariado y la jerarquía de la Iglesia Católica, que se propuso aniquilar a la clase trabajadora y los sectores populares que constituían un obstáculo para su propósito de reestructuración económica, social, política, gremial y cultural del país.
La violencia de género como disciplinador social
Este disciplinamiento que intenta "reencausar" a las mujeres en los roles socialmente establecidos es el mismo que opera detrás de las formas de violencia de género. Sus aspectos más atroces se advierten en los casos brutales de violencia sexual y en los femicidios. "Estamos viviendo un alto grado de terror. Además de fobias, padecemos tensión y angustia. La verdad es que estamos durmiendo con el enemigo: es lo peor que nos podía pasar." Eso decía una mujer de Cipolletti en 2002, después del conocido como "segundo triple crimen" cometido contra mujeres, en menos de cinco años, en aquella localidad. ¿Por qué una mujer que no tenía relación alguna con las mujeres víctimas del triple femicidio se expresaba de esta manera? Porque en los casos de violencia contra las mujeres, las huellas de la agresión son una advertencia a las otras mujeres.
Disciplinar, silenciar, controlar es el mensaje dirigido a las otras mujeres que observan estos crímenes aterrorizadas. Mujeres que "deben aprender" la lección que el criminal deja estampada en el cuerpo de la víctima. Como las mujeres campesinas de la Edad Media, que eran sometidas a presenciar la quema de brujas, de esas otras mujeres que sabían curar, ayudaban en los partos y en la prevención de embarazos a los pobres, algo que la Iglesia y las clases dominantes no estaban dispuestos a permitir. Demostrar -por la fuerza brutal, el ensañamiento, la furia y el crimen- que las mujeres deben mantenerse recluidas en su hogar, protegidas por otros varones, sometidas a una vida opresiva para no sufrir el castigo que han pagado con sus vidas las que se atrevieron a desafiar el orden socialmente establecido para los sexos. La dictadura militar exacerbó hasta límites inauditos esta ideología y política de género, con sus correspondientes mecanismos de control y coerción, transformados en violencia sexual sistemática contra las mujeres que representaban, a su modo de ver, el emblema de la transgresión.
A diferencia de otros casos de violencia interpersonal, la violencia contra las mujeres es una violencia estructural. Mientras otros casos de violencia tienen su origen en la marginalidad (ataques a la propiedad privada y otras formas de delincuencia) y actúan desestabilizando y atacando el orden establecido, la violencia hacia las mujeres actúa, por el contrario, como un elemento que contribuye a mantener un determinado orden, en el que las mujeres permanecen subordinadas. La violencia actúa como un mecanismo coercitivo que, junto con otros mecanismos de consenso, naturaliza la norma social e invisibiliza la construcción histórica de la asignación de funciones propias e inmanentes de los géneros. Roles que son resultado, efecto, de esta naturalización de las relaciones de opresión y al mismo tiempo, un dispositivo para su perpetuación.
Este 24 de marzo, las mujeres nuevamente diremos presente
Costó muchos años a las sobrevivientes de la tortura, las prisiones y los centros clandestinos de detención, poder hablar de la violencia sexual de la que fueron objeto por parte del terrorismo de Estado. Costó muchos años más que esa violencia fuera visibilizada como un mecanismo específico y generizado de disciplinamiento.
Recién en 2010 se sancionó el primer fallo que reconoció la violencia sexual del terrorismo de Estado como un crimen diferenciado de otros. Pero además del accionar sistemático de las violencias sexuales en los centros clandestinos de detención, en las cárceles y en los operativos de secuestro y desaparición de personas ejecutados por las fuerzas armadas, también se incluyen los partos en cautiverio y el robo y apropiación de bebés, como parte de las violencias contra las mujeres.
Por eso, toda aquella persona que hoy lucha contra la violencia machista, contra los femicidios, por mayores derechos democráticos y libertades civiles para las mujeres y el colectivo lgtbiq+ tiene una cita cada 24 de marzo, cuando se conmemora el aniversario del golpe del Estado para reclamar Memoria, Verdad y Justicia. Una cita ineludible también para las feministas socialistas de Pan y Rosas, que luchamos por transformar radicalmente esta sociedad basada en la violencia de la explotación del trabajo humano y que necesita de la violencia contra las mujeres para perpetuar las divisiones entre los oprimidos.
Nota: este artículo es una reelaboración y actualización de la ponencia presentada en la Mesa de Debate "Las luchas de las mujeres: del genocidio al femicidio", organizada por la Comisión de Género y DD.HH. del Colegio de Trabajadores Sociales de La Plata, en marzo de 2011. |
