El gobierno salió a celebrar la decisión y el ministro de Justicia, Luis Cordero, dio por cerrado el “capítulo jndultos”. Por su parte, Senadores de Renovación Nacioal, encabezados por el presidente del partido, Francisco Chahuán, sostuvieron que persistirán en el recurso de invalidación administrativa de los indultos.

El senador de la UDI, Iván Moreira, aseguró que "esto era previsible, porque el TC se convirtió en un órgano de una composición política determinada según quien gobierne y termina fallando a favor del Ejecutivo". A confesión de parte, relevo de prueba. Con estos dichos, no queda absolutamente ninguna duda que el Tribunal Constitucional es un órgano político o una “tercera cámara”, con jueces designados a dedo por los partidos del régimen que deliberan a favor de la casta política y los grandes empresarios.

En este caso, un fallo en contra de Gabriel Boric hubiera significado una movida destituyente, pues hubiese cuestionado la autoridad presidencial misma. Luego del rechazo de la reforma tributaria, habría dejado al gobierno en una posición imposible y de extrema debilidad.

Por este motivo, era previsible que se rechazara el requerimiento. El objetivo de quienes impulsaron esta maniobra judicial no era destituir al presidente, pero sí desgastar lo más posible al gobierno para correr la agenda hacia la derecha. Esto fue lo que hizo la derecha y los grandes empresarios frente a la reforma tributaria: la rechazaron para luego negociar una reforma muchísimo más acotada. El gobierno durante todo este primer año, ha demostrado que se presta alegremente para este juego y termina asumiendo la propia agenda de la derecha.

El indulto otorgado constituye una medida básica y elemental, pero también insuficiente. Está lejos de ser un indulto general o una amnistía a las y los presos del estallido como demandaban las familias (el proyecto de indulto general fue cajoneado en el Senado). El gobierno en vez de defender los indultos, se dedicó a dar explicaciones ya destituir a ministros y funcionarios de gobierno por la aplicación de la medida.

Es por esto, que no podemos confiar en que este fallo del Tribunal Constitucional, ni tampoco el gobierno de Boric, garantizará la libertad de las y los presos del estallido, ni mucho menos el juicio y castigo a todos los Carabineros y militares que asesinaron, mutilaron y torturaron durante la rebelión popular.