El primero de marzo, 20 millones de usuarios fueron afectados por un corte de luz masivo en Argentina. Seguido de eso, algunos barrios quedaron varios días sin luz y, como consecuencia de ello, sin agua. Las protestas se hicieron oír, como en Villa Lugano, pero fueron reprimidas por el gobierno de la Ciudad de Larreta.
No es el primer apagón masivo. En 2019, el apagón afectó a 50 millones de usuarios, también de Uruguay y Paraguay. Otro corte similar ocurrió en 1999. Pero además, cientos de miles quedan sin luz y sin agua durante los veranos que cada vez vienen siendo más calurosos.
Esta problemática volvió a poner sobre la mesa el problema de las empresas privatizadas que supuestamente deberían ser servicios públicos pero están lejos de serlo. En el siguiente artículo hacemos un poco de historia para recordar cómo fue el proceso de privatización y analizamos los principales elementos luego de más de 20 años en manos privadas. ¿Alcanza con mayor control y regulación o es necesario tomar medidas de fondo para lograr otorgar un servicio?
A la “luz” de la historia
Los primeros esbozos de cableado eléctrico fueron realizados a finales del siglo XIX. Como parte de la lógica estatal de dejar la modernización de las ciudades que primó en ese entonces, se instalaron empresas europeas como la Compañía de Electricidad de Buenos Aires, la compañía primitiva de Gas y Electricidad y la River Plate Electric Light and Traction. Finalmente, dos empresas europeas se dividen el mercado bajo la promesa de que Argentina no se dedicará a instalar centrales eléctricas estatales: CAATE y CHADE. El poder monopólico de ambas quedará marcado con lo que se conoce como el “Escándalo de la CHADE”, referido a actos de corrupción, delitos e influencia sobre gobiernos para defender sus intereses económicos, y quedó registrado en el informe “Rodríguez Conde”. A pesar de las pruebas ofrecidas, ninguna presidencia ni la justicia le quitaron la concesión ni avanzaron sobre este asunto. Con el desarrollo de la urbanización, la clase obrera comenzó a exigir la nacionalización en los servicios no solo por la corrupción que había, sino porque el aumento de la población en las ciudades no se vio acompañado de un desarrollo de los servicios públicos. Recién en 1958, será Frondizi quien a través de la ley 14.772 crea la empresa SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), una sociedad anónima mixta con el 51% del paquete accionario en manos del Estado. El resto de las acciones quedarían en manos de las empresas privadas CHADE y de CEP (Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires) hasta 1961, donde es estatizada en su totalidad.
En 1991 se aprueba la ley 24.065, estableciendo el Marco Regulatorio Eléctrico, que implicaba la privatización de SEGBA y la desintegración del mismo en tres segmentos productivos: uno de generación de electricidad, uno de transmisión y otro de distribución. De este modo, las privatizaciones – que se concretaron en julio de 1992 – crearon siete unidades de negocio. Cuatro empresas encargadas de la generación eléctrica y tres distribuidoras (Edesur, Edenor y Edelap), con concesiones ridículas: hasta 2087.
Las empresas privatizadas durante el Neoliberalismo jugaron un rol fundamental en aglutinar los intereses de diversos sectores empresariales en pugna. Para poder ingresar dentro de las concesiones empresariales, se conformaron consorcios que debían incorporar a acreedores de deuda, empresas internacionales y los grandes grupos nacionales argentinos (Aspiazu, 2000). Por ejemplo, el 51% de las acciones de Edesur fueron adquiridas por el Consorcio Distrilec Inversora S.A. ("DISTRILEC"), integrado por Perez Companc, Chilectra, Enersis, Endesa de Chile, PSI y TAICO. En el caso de Edenor, EDF International S.A. (una subsidiaria totalmente controlada de Electricité de France S.A.), presentó una oferta de compra de dicho paquete accionario a través de EASA, una empresa argentina que resultó ser la adjudicataria.
Las condiciones de la venta estuvieron ampliamente orientadas a garantizar grandes ganancias a estos sectores. Los tomadores de bonos podían intercambiar sus bonos de deuda como parte de pago a un valor nominal, es decir, si habían comprado bonos de deuda a 1 dólar y ahora éstos valían 0.50 centavos de dólar, el Estado tomaba el valor al cual había sido comprado anteriormente:
“(...) los bonos de la deuda externa argentina utilizados en el proceso privatizador fueron tomados a valor nominal (cuando, en ese momento, su cotización de mercado no superaba el 15% de su valor), lo cual supuso una considerable revalorización de los mismos.” [1]
Los pasivos negativos de SEGBA quedaron en manos estatales y solo fueron transferidos los activos (algo que, cuando ocurre a la inversa y una empresa privada es estatizada, no pasa).
“La empresa que vendió el Estado no era la misma que operaba: hacia 1992 segba contaba con mayor productividad por empleado, menos pasivos financieros, menor cantidad de empleados (por jubilaciones y negociaciones con el sindicato Luz y Fuerza) y menores índices de pérdida de energía.” [2]
El espectro de la privatización
Algunos discursos parecerían volver, cada tanto, a repetirse. Fue el caso de Javier Milei, que en una entrevistareciente en Crónica, defendió a los grandes monopolios de la electricidad y apeló a “(...) volver a poner el funcionamiento del sistema energético como en los años ‘90”. Para Milei, el problema es que hay demasiada regulación estatal y eso desincentiva las inversiones. Por supuesto, si hay algo que no puede ni siquiera negar (como hace siempre), es que las empresas de la electricidad no invierten en Argentina. ¿Pero qué tan exitoso fue el modelo de los ‘90 efectivamente?
El discurso dominante que logró imponerse durante el Neoliberalismo estaba vinculado a que las empresas de gestión estatal eran ineficientes y que, con la mayor competencia de los actores privados y la lógica mercantil, se podía avanzar en una mayor eficiencia, traducida en menores costos y mayores inversiones.
El ingreso de capitales supuestamente implicaría una mejora en el servicio eléctrico ya que, bajo la lógica mercantil y de obtención de ganancias, se modernizarían las estructuras con mayores inversiones. Sin embargo, como sostiene Aspiazu, no fue la tendencia predominante. Hubo una primera ola de inversiones pero, en general, la tendencia se desplazó hacia el otro lado:
“Se trata de la remisión de utilidades y dividendos al exterior por parte de los consorcios que resultaron adjudicatarios de las empresas privatizadas; flujo de divisas que involucra también, como se analiza posteriormente, a los socios nacionales de tales consorcios.” [3]
En el caso particular de las empresas eléctricas, hubo inversiones privadas pero solo vinculadas a la producción de energía eléctrica y que tenían vinculación con las grandes empresas de gas: los consorcios que se habían apropiado de las empresas productoras de Gas comenzaron a ocupar acciones de las empresas de producción eléctrica, lo cual les permitía abaratar los costos. Por otro lado, la capacidad de producción eléctrica se vio ampliamente incrementada por la puesta en producción de las represas en Piedra del Águila y Yacyretá, ambas con altos niveles de inversión estatal. Esto implicó una disminución del costo mayorista de la producción de electricidad. Siguiendo una lógica racional, esto implica que deberían haber disminuido los costos para los usuarios a la hora de haber constituido la estructura de precios… ¿Verdad?
El proceso de constitución de factores de precios estuvo dividido. Con la descentralización del mercado, se impusieron dos costos distintos en la tarifa: un cargo fijo regulado por el Estado (debido a la monopolización del sector de distribución) y un cargo variable por la producción de energía.Lo que primó de la estructura de precios fijado fue una segmentación donde los usuarios de mayores ingresos y consumo, como también los sectores industriales tuvieron una disminución de los costos en relación con el sector residencial:
“En los casos de gas natural y energía eléctrica dichas reestructuraciones derivaron en el incremento de los precios pagados por los usuarios “residenciales” en relación con los correspondientes a usuarios “industriales” (...) En el servicio eléctrico, las transformaciones más intensas se manifestaron al interior de los consumos residenciales, donde los usuarios de mayores consumos se beneficiaron con reducciones tarifarias que no alcanzaron a los usuarios de menores consumos. (Pág 10)” [4]
Esto mismo se puede apreciar en la variación de precios y tarifas seleccionados, desagregados por sector. Como puede observarse, el sector residencial de bajo consumo tiene un índice de precios mayor al residencial de alto consumo, sin contar con que en relación a 1991, el precio no varió sustancialmente respecto a la empresa en manos del Estado.
Hay dos procesos además necesarios a tener en consideración. El primero tiene que ver con que antes de la privatización, SEGBA realizó un reajuste tarifario signado por el traspaso de las tarifas a dólares americanos para garantizar las ganancias de estas empresas. De acuerdo a la normativa vigente luego de la privatización, las tarifas se ajustaron a los índices de precios estadounidenses: El USA Consumer Price Index (33%) y el USA Producer Price Index (67%). A su vez, contrario a lo signado por la ley, se llevaron adelante incrementos tarifarios autorizados a partir de 1994 que no estaban previstos en la normativa original.
Por otro lado, anteriormente, los sectores jubilados y pensionados adquirían subsidios que, con la privatización, alcanzó a cada vez menos sectores: En 1991 el subsidio alcanzaba al 65%, en 1994 se había reducido al 26% para seguir disminuyendo a 17% en 1997.
Otro elemento que demuestra cómo afectó desigualmente es el gasto en electricidad como porcentaje del gasto total del hogar:
“Un segundo hecho de particular importancia que surge de los datos presentados es la diferencial distribución de este aumento del gasto entre deciles de ingreso. Son los estratos de ingreso bajos y medios quienes incrementaron su volumen de gasto en mucha mayor medida que el resto de los hogares.” [5]
La autora sostiene que esto tiene influencia con el consumo eléctrico pero también con los ingresos familiares, que en ese entonces se vieron disminuidos. Se observa una gran diferenciación de cómo impacta en el bolsillo en el decil más bajo (el sector más pobre), significando un aumento de casi el 100% del valor anterior a la privatización respecto del último decil.
Podríamos tomar otros aspectos para demostrar la falta de inversión, como lo fueron importantes apagones que se sucedieron en 1999 y en 2017 y que afectaron a varios millones de usuarios al mismo tiempo. Además de ello, hace ya varios años que se suceden cortes de luz, afectando terriblemente a los usuarios que, en medio de olas de calor o de frío, no pueden satisfacer necesidades básicas como bañarse, subir por el ascensor, acceder a una comida y que se pudra todo lo que hay en la heladera, generando grandes problemas en la vida cotidiana. Un servicio que es tan troncal en la vida actual de las personas no puede estar regido bajo la lógica empresarial.
Como el funcionamiento del servicio es innegablemente malo (y se vio más crudamente con los cortes de calles de vecinos con días y días sin luz), hay quienes como Milei no han podido negar el problema y sostienen que es culpa del "exceso" de regulación estatal que ha mantenido los precios congelados. Algo similar sostenía Mauricio Macri cuando hizo los aumentos de las tarifas durante su gobierno. Página 12 sacó un interesante artículoque sostiene que el costo de los subsidios actuales pasó de 1.7 puntos porcentuales a 2.3 del Producto Bruto Interno, entre 2020 y la actualidad. Mientras, SEGBA representaba el 0.3% del PBI entre 1970 y 1988. Esta comparación es expresada en términos reales, tomando en consideración el aumento del PBI y el aumento del consumo de la energía per cápita.
Por otra parte, se tomó la resolución de parte del gobierno del Frente de Todos de hacer una intervención de la empresa Edesur, recién ahora, cuando comienza el otoño, y no en medio de la ola de calor. Massa, es su discurso de intervención anuncia que: "Hemos instruido al ENRE (organismo regulador del servicio eléctrico en el AMBA) para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur, a los efectos de fiscalizar el cumplimiento de las obras y, por sobre todo, el cumplimiento de la mejora en el servicio.” ¿No debería ser la función del ENRE desde siempre? ¿Para qué está entonces este organismo? Es una prueba más de que el rol del Estado ha sido sostener las ganancias empresariales con millonarios subsidios. En todo el año 2021, según el Instituto Argentino de la Energía (IAE).
De una forma u otra, lo que no se cuestiona de fondo es que las ganancias empresariales vienen antes que las inversiones y el acceso a un derecho básico y fundamental como la luz. En 2018, los balancesde Edesur dieron un aumento de ganancias de 200% por $3027 millones, mientras que Edenor registró $3250 millones, aumentando sus ganancias un 240% respecto al año anterior.
El otro problema es que se sigue sosteniendo un modelo donde, cuando hay negocios rentables como fue en los años ‘90, las ganancias nunca van hacia el Estado. Pero cuando empiezan a dar pérdidas, el Estado nuevamente tiene que hacerse cargo con subsidios en vez de dejar que paguen las empresas que hicieron efectivamente el negocio. Un ejemplode esto es la enorme deuda que condonó el Estado de Edenor y Edesur con Camesa en 2019, por 7000 millones de pesos. Es por esto que una intervención a fondo de las empresas implica abrir los balances contables para que el conjunto de la población conozca este enorme negociado, analizando las inversiones, costos y ganancias, congelando los activos y pasivos de la empresa. Quedará así al descubierto la necesidad de cambiar la lógica mercantil y para ello, expropiar sin pago a las empresas de electricidad, mostrando que sus ganancias ya fueron suficiente expoliación, para nacionalizar el conjunto del sistema eléctrico, como propone el Frente de Izquierda.
¿Quiénes tienen que organizar los servicios públicos?
¿Es suficiente solo con la estatización para romper la lógica mercantil? Después de todo, fue el Estado el que privatizó las empresas a través de un acuerdo entre las fuerzas que siguen dominando el arco político. Dejar las empresas a manos del Estado también implica que su suerte está atada al gobierno de turno y su signo político. Cuando Menem asumió, su campaña no era privatizar y desmembrar el aparato productivo argentino, sino todo lo contrario.
Por otra parte, el Estado en sí tiene lógicas capitalistas, como se demostró con la compra de las acciones de YPF. El Estado argentino tiene por objetivo equilibrar la balanza de pagos, más que dar un buen servicio, y por eso ningún gobierno siquiera fiscalizó el negociado de las privatizadas y mantiene subsidios millonarios para garantizar el negocio privatizado.
Es por eso que los trabajadores tienen que organizar el servicio junto con los usuarios. Han habido casos recientes donde se mostró la potencialidad de la clase obrera para dirigir los servicios eléctricos.
Durante el año 2004 en Francia, se desarrolló un importante proceso de movilización contra las privatizaciones de la empresa Electricité de France (EDF), llevada adelante por sus trabajadores. Tomaron medidas como el corte de los servicios a las grandes empresas, principalmente a las que despedían y relocalizaban, como también a los diputados y ministros a favor de la privatización. Llevaron adelante la ocupación de represas hidroeléctricas, plantas térmicas, centrales nucleares y centros de almacenamiento de gas. A la par reconectaron el servicio a las familias que no habían podido pagar sus boletas, a los barrios populares y a los hospitales públicos. Esto ocurría en un contexto donde el fin de los sectores dominantes era avanzar con los planes neoliberales, terminando con la estructura previa de los “Estados de Bienestar”, para poder competir con los otros bloques imperialistas. Pese a las protestas, las privatizaciones se llevaron adelante, principalmente por el rol que jugaron las burocracias sindicales, de pasividad y conciliación, como también por la falta de un espacio político que pelease por la coordinación de los sectores más radicales con otros sectores de la lucha y usuarios.
Es una muestra de cómo la clase obrera, desconectando empresas y conectando a los barrios populares, cumple un rol de organizadora político social, pudiendo frenar la economía y dejando en claro su potencia para organizar otro tipo de servicios por fuera de la lógica de la ganancia empresarial, para organizar una nueva sociedad según las necesidades populares y no bajo los intereses capitalistas, como ocurre hoy.
Francia muestra un enorme potencial en tres aspectos. Los trabajadores, en su lucha por mantener el servicio estatizado, mostraron que potencialmente pueden mejorar el servicio de la población, reconectando a los que verdaderamente lo necesitan e invirtiendo las prioridades de la lógica empresarial. Por otra parte, los trabajadores de la electricidad ocupan una posición estratégica central. Esto lo estamos viendo con la enorme lucha de los trabajadores de Francia contra la reforma previsional de Macron, donde trabajadores del sector eléctrico volvieron a tomar la electricidad en sus manos y reconectaron a los sectores más necesitados, cortando la luz de los políticos y empresarios que están a favor de subir la edad jubilatoria. Esto se vuelve fundamental para ganar el apoyo de toda la sociedad en la lucha. Esto cobra aún más importancia en países imperialistas: si los trabajadores franceses toman en su poder los servicios de luz, implicaría mejores condiciones para todos los trabajadores cuyas centrales eléctricas están en manos de las empresas francesas, como lo estuvieron una buena cantidad de años Edesur.
Ariel trabajador de Secco, una empresa subsidiaria eléctrica, reflexiona con sus compañeros: “Los trabajadores sabemos muy bien cómo y dónde se debe mejorar el servicio, el transporte de la energía de usuarios urbanos, los sectores que son productivos y los improductivos. Creemos que junto con los usuarios tenemos que pensar un aspecto de planificación de los servicios y deben ser prioridades para atender necesidades sociales. Porque somos los que vivimos - junto a nuestras familias, amigos y vecinos- todos los días, los malos servicios y la contaminación. Somos los que tenemos el verdadero interés de constituir un sistema de servicios nacional y eficiente para el conjunto de la sociedad y en armonía con la naturaleza y el ambiente. |
