El proyecto ya se comenta entre trabajadores portuarios. Algunos repitiendo la política de páginas como “PortalPortuario” dicen: “Entonces con esto habrá más pega, habrá más barcos”. Pero ¿Es así? ¿A quién beneficia realmente este proyecto? ¿Cómo surge?

El origen. Boric una vez más toma el programa de la Derecha.

El proyecto tiene sus orígenes en el primer gobierno de Piñera el 2011, pero Boric termina de implementarlo en base a los informes generados por el ex ministro de Hacienda del segundo gobierno de Piñera, Ignacio Briones, como excusa para buscar vías alternativas de transporte frente a los problemas de abastecimiento generados por los paros de camioneros.

Es decir Boric, frente al problema de abastecimiento y congestión de rutas que trajo el paro de camioneros, hizo creer a todo Chile un supuesto relato de conectar el país a través de los trenes, y las supuestas críticas al modelo neoliberal, buscando alternativas estatales frente al gran modelo de camionaje privado que funciona en Chile, para tener alternativas de conectividad de cargas y transporte.

¿Y qué sucedió? Tomamos nota de una gran venta de humo, para terminar una vez más arrodillándose a los ingenieros del neoliberalismo, apostando por una medida que busca hipotecar más la soberanía nacional, en este caso de las rutas maritimas, a los capitales imperialistas, marcando un hito histórico, de entrada para que las grandes firmas trasnacionales puedan operar en el cabotaje nacional.

¿En qué consiste el proyecto? ¿Qué muestra la prensa y que no?

El proyecto que sigue en tramitación parlamentaria buscaría generar un reglamento que a base de diversas indicaciones a la “Ley de fomento de la marina mercante nacional” permita la liberalización del espacio marítimo protegido de la ruta nacional. Aunque aún el alcance de la medida sea “parcial”, o bien existan ciertas condiciones, el proyecto en sí es una clara puerta de entrada para la flexibilización total de este sector.

Tal como inició la entrega de la soberanía del espacio aéreo en plena dictadura (1979), con la suscripción del neoliberal tratado de “Cielos Abiertos” permitiendo a capitales extranjeros y transnacionales instalar sus empresas como “operadores locales”. En 2012 en el primer gobierno de Piñera, se da un paso más allá con “Cielos Abiertos” liberalizando más el mercado, permitiendo a trasnacionales hacer “cabotaje” por la ruta aérea de Chile. Con esto empresas como Jetsmart de origen norteamericano vienen hacer negocios a costa de bajos salarios, condiciones ultra precarias y empleo superflexible.

El mercado marítimo es un sector mucho más sensible para el funcionamiento de las cadenas de valor mundial y del capitalismo en sí, por el alto volumen de mercancías que transporta. Aún desconocemos los alcances de la medida y como se termina de cocinar en el congreso.

Pero dentro de las indicaciones hay algunas cláusulas que la “prensa muestra más” y se han hecho más públicas, tratando de sugerir que estas medidas tendrían un carácter más bien limitado, como las que justifican el cabotaje para naves de bandera extranjera sólo en casos de “ruta de salida”, o bien la que genera una exención (waiver) anual de un año para trasnacionales en caso de no existan servicios regulares de cabotaje.

Por otro lado también existen otras indicaciones menos visibles, a modo de letra chica, que directamente permitirían una especie de “concesión” (privatización en cubierto) para las navieras transnacionales; “Cuando se trate de volúmenes de carga superiores a 3.000 toneladas, previa licitación pública efectuada por el usuario y convocada con la debida anticipación”.

Otras cláusulas, inclusive llegarían a permitir a naves trasnacionales figurar como naves de bandera Chilena para operar la ruta, incluyendo su tripulación; “Se imputarán como chilenas para los efectos de la reserva de carga, las naves cuya antigüedad de construcción no sea mayor de cinco años que sean arrendadas a casco desnudo con promesa u opción de compra, por empresas navieras chilenas que se hayan constituido legalmente dentro de los últimos 12 meses”.

Pero ¿Y las actuales leyes proteccionistas a quienes protegen realmente?

En ese sentido no es menos cierto que las leyes proteccionistas que aún regulan la industria marítima mercante hoy están muy lejos de reportar algún beneficio para el País.

Por el contrario, el cabotaje nacional hoy está privatizado y concentrado en las grandes navieras de 3 familias dueñas de Chile como lo es Ultranav del Holding VonAppen, CMC del grupo GEN de la familia Urenda, o CSAV del clan Luksic, solo entre estas 3 navieras y la empresa con bandera Chilena, -pero hoy también controlada por capitales norteamericanos- EMPREMAR (ex estatal de origen ferroviario y privatizada en dictadura) se concentran el negocio del cabotaje.

Así el modelo de mercado le permitió a estas familias que poseen grandes monopolios portuarios y logísticos, ser dueñas de las rutas de cabotaje nacional imponiendo sus propias tarifas, invirtiendo solo donde les es más rentable.

Entonces ¿O se protege el negocio de las 10 familias o es entregarles el mercado a las trasnacionales?

Claramente ninguna de ambas alternativas es una opción para el pueblo trabajador.
El gobierno de Boric que se autodefine como progresista, con ministros del PC y el Frente Amplio no ha hecho otra cosa que legislar con el programa de la Derecha, haciendo leyes para los grandes empresarios y el gran capital.

Dentro de la industria de las operaciones logísticas, marítimas y de transporte no solo está en curso la ley de Cabotaje, si no la venta y operación de Puertos Chilenos a trasnacionales alemanas como Hapag Lloyd, o despidos masivos en los aeropuertos, donde empresas como SKY del grupo Paulmann siguen el modelo LATAM y anuncian más de 700 despidos director para subcontratar los servicios estratégicos de la rampa y servicios al pasajero.

Así Boric que salvó a Piñera en el estallido social, y pactó con la derecha y la concertación el nuevo fraude constitucional, da pasos claros en una agenda económica que profundiza el saqueo de la nacional e hipoteca la soberanía nacional frente a capitales imperialistas, donde a la aprobación del TPP11 se suma esta neoliberal ley de cabotaje hecha a la medida de las trasnacionales.

Basta de chantaje del progresismo empresarial. Los trabajadores necesitamos nuestra alternativa.

Si el paro de camioneros dejó planteado el problema de la conectividad nacional y el desabastecimiento debido al “poder de mercado” que ejerce el Oligopolio de la industria de camionaje en un país con una geografía tan particular como Chile, la salida del gobierno de Boric, lejos de tender a políticas que cuestionen la privatización de las rutas (vía modelo de concesiones de carreteras), o bien el desfinanciamiento de la empresa estatal de ferrocarriles, o la privatización de hecho de las rutas marítimas en manos de 3 familias, la receta de Boric fue abiertamente neoliberal. Profundizando más la dependencia del país a los capitales trasnacionales.

Boric sigue gobernando en los marcos del consenso neoliberal que trazó la dictadura y los gobiernos Concertacionistas. A pesar de que muchos votaron por él, por su supuesto izquierdismo y discursos de transformación social, este tipo de recetas dictadas por la Derecha solo beneficiaran al mercado, donde es rentable invertir, el resto “no importa”. Nos hablan de “reducción de tarifas” para la población, pero es un insulto en la cara mientras la inflación se dispara, el costo de la vida sube y los sueldos se estancan, mientras las grandes empresas saquean todos los recursos.

Para el pueblo trabajador no hay alternativa en un modelo así. Para pensar el problema de conectividad del país se hace urgente invertir las prioridades, los trabajadores necesitamos pensar nuestra propia política, sin someternos al chantaje del “malmenor”; con la planificación estatal de la industria de los transportes estratégicos, que exigiría necesariamente la estatización de empresas claves como las navieras, las compañías de camionaje y el financiamiento de la industria ferroviaria, apostando a un modelo de logística estatal integrada, que sea pensado y gestionado por los propios trabajadores, sus organizaciones sindicales, de la mano de académicos y profesionales, que junto a la comunidad puedan dar respuesta a los problemas conectividad y transporte y así terminar con el saqueo empresarial de los Luksic, Von Appen, Urenda o de las trasnacionales, utilizando la enorme renta que entregan estas industrias estratégicas por las que circula toda la energía, el cobre y el litio para poder resolver todas las demandas urgente de la población, como lo es Salud, Vivienda y Educación.