En los últimos 15 años el desarrollo urbano del departamento de Maipú se ha visto abrupta y profundamente transformado; pasando de ser de una comunidad productiva, de barrios obreros y familias trabajadoras de distintos sectores, a una ciudad segregada y signada por la desigualdad social.
Al calor de la especulación inmobiliaria y con la abierta connivencia del gobierno municipal del Frente de Todos, las zonas productivas, los espacios verdes y las tierras fiscales del departamento han sido progresiva y velozmente arrasadas para dar lugar a la construcción de barrios privados y de lujo para la clase alta mendocina.
Actualmente en Maipú hay más de 30 barrios privados, en su mayoría construidos en los últimos 12 años, ocupan más de 800 hectáreas (8 millones de metros cuadrados) del territorio departamental y sin considerar aquellos que se encuentran en etapa de urbanización. Estos emprendimientos inmobiliarios se concentran principalmente en los distritos de Luzuriaga, Gutiérrez, Ciudad de Maipú, Russell y Lunlunta. Esta distribución no es azarosa, puesto que la zona oeste del departamento es la que cuenta con mayor urbanización y servicios públicos, como vías de acceso a la Ciudad de Mendoza, transporte, alumbrado, asfalto, espacios verdes, centros educativos y de atención médica.
Esta zona tradicionalmente productiva se ha visto transformada en un gran centro urbano con barrios cerrados y centros comerciales lujosos. En los últimos diez años se han eliminado grandes extensiones de cultivos vitivinícolas y olivícolas para destinar tierras productivas a la especulación inmobiliaria y la restructuración urbana para los sectores más ricos. Un proceso de “privatización de los espacios públicos”.
Las consecuencias de esta urbanización descontrolada no solo tienen un enorme impacto ambiental con la eliminación de grandes zonas verdes, sino que implica un cambio en la matriz productiva del departamento con la consecuente pérdida de puestos de trabajo en los sectores afectados.
Otra consecuencia directa de la especulación inmobiliaria es el notorio incremento de los precios de las propiedades y de los alquileres, tornándose impagables para la clase trabajadora que se ve forzada a desplazarse hacia la periferia departamental. Que a su vez, es una zona abandonada durante décadas por el gobierno municipal: calles de tierra, espacios públicos abandonados y falta de condiciones mínimas de vida como red de cloacas, gas, alumbrado y agua potable caracterizan. Además del deterioro en las condiciones de vida de los vecinos, este desplazamiento implica una restricción de derechos ligados a la localización de la vivienda como el acceso a la salud, a la educación, al transporte público de calidad y a las fuentes de trabajo que se concentran mayormente en las concentraciones urbanas. Paralelamente se ha desplegado una política de desalojos violentos de asentamientos.
Las otras urbanizaciones mal servidas e informales son introducidas en el mercado inmobiliario a altos precios y, cuando finalmente se muestran viables o exitosas, el estado debe hacerse cargo del desarrollo de la infraestructura y los servicios. La instalación de barrios privados demanda servicios que son afrontados con las tasas que pagan el conjunto de los maipucinos, incluso quienes no viven en barrios privados. Produciendo además la saturación de la infraestructura urbana, que además está afectada por la antigüedad y por la falta de inversión. También hay problemas de saturación en la recolección de residuos.
Por último, la falta de control del municipio para garantizar el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Territorial por parte de los desarrolladores inmobiliarios otorga en manos privadas un plan de restructuración urbana, privatizando no solo sectores productivos sino también espacios urbanos públicos.
De esta manera, el gobierno municipal es responsable de una urbanización neoliberal, caracterizada por la insuficiente política de planes de vivienda para sectores populares, pésimos servicios públicos para la mayoría de la población, el abandono y pérdida de espacios verdes, lagunas y humedales.
Estas políticas son fuertes promotoras de una segregación residencial y fragmentación social. El gobierno del Frente de Todos lejos de ofrecer una solución a la crisis habitacional de los trabajadores favorece y fomenta la expansión de barrios privados mediante la venta de tierras fiscales y la concentración del presupuesto de obra pública del departamento en las zonas aledañas a estos emprendimientos, y por último en pérdida de la calidad de vida del resto de los maipucinos y maipucinas. Todo en una convivencia con Juntos por el Cambio, que impulsa la misma política en la provincia. En el Concejo Deliberante que comparten por mitades es la escribanía de los negocios privados, de la especulación inmobiliaria, de las excepciones a las reglamentaciones, de exenciones impositivas para sectores empresariales. Un cogobierno a favor de los empresarios, los especuladores y los ricos.
Desde el PTS - Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Lista Renovar y Fortalecer, proponemos que Maipú se haga un plan de créditos y de construcción de viviendas familiares para la clase trabajadora; y un plan de urbanización que respete el medio ambiente y que llegue a todos los barrios del departamento mejorando la calidad de vida de todos los maipucinos.
