"Pronto tendremos que seguir discutiendo y trabajando juntos". El 18 de marzo, dos días después de que el presidente Emmanuel Macron imponía la reforma jubilatoria por decreto, el ministro de Trabajo Olivier Dussopt ya intentaba proyectarse sobre la continuación de la reforma de las pensiones. Dos semanas y media después, mientras el Gobierno sigue intentando cerrar el debate sobre la reforma, esta perspectiva sigue chocando con la movilización en curso y la debilidad de un Ejecutivo aislado y muy impopular.
En este contexto, el objetivo de la reunión organizada para este miércoles 5 de abril con las centrales sindicales es claro por parte del gobierno. Frente a la cólera que se mantiene y a los fenómenos de radicalización entre los trabajadores desde la imposición por decreto de la reforma, se trata de escenificar un intento de reanudar el "diálogo social" y de tratar de avanzar, en particular con la CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo), para empezar a preparar una futura ley de reforma laboral. En resumen, encontrar una salida a la crisis actual.
En cuanto a la posibilidad de retirar la reforma jubilatoria, el Ejecutivo sigue siendo muy claro: no está en debate. Al contrario, como recuerda Olivier Véran, que ocupó el ministerio de Salud, es incluso la "aplicación operativa" del texto, lo que "requiere muchos debates e intercambios", la que podría figurar en el orden del día de las discusiones. Sin embargo estás declaraciones no bastan para desalentar la participación de toda la Intersindical.
Laurent Berger (dirigente de la CFDT) pretende "aprovechar la ocasión" para reiterar sus llamamientos a la "pausa" y a la "mediación", mientras que la CGT (Confederación General del Trabajo), Sud y Force Ouvrière quieren reafirmar su exigencia de "retirada" de la reforma. Ante la presión de las bases y la continua voluntad de hacer retroceder al gobierno, Sophie Binet, la nueva jefa de la CGT, amenazó con que la conversación "podría ser corta" si no se retiraba la ley de reforma junilatoria. Las diferencias de eslóganes y posturas no ocultan la esencia del problema.
Más allá de la ruptura con el principio expresado hasta ahora por las direcciones de las centrales sindicales agrupados en la Intersindical, es decir, que la retirada de la reforma jubilatoria constituía un requisito previo para cualquier discusión, al acudir a Matignon (residencia del Primer Ministro francés) las direcciones sindicales siembran de hecho, digan lo que digan, ilusiones en cuanto a la posibilidad de encontrar una vía de compromiso con el presidente Macron. Una posición tanto más escandalosa teniendo en cuenta que el gobierno ha dado un nuevo paso en la represión a las manifestaciones y piquetes.
El ministerio del Interior francés impuso la disolución de organizaciones como los Soulèvements de la Terre y del Défense Collective Rennaise, la asimilación de la denuncia de la violencia policial al "terrorismo intelectual", la prohibiciones de manifestaciones a mansalva, el anuncio este martes de la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre las recientes "manifestaciones ilegales y violentas" de los diputados de la derecha relacionados con el gobierno, muestran que con la represión desatada por la policía desde el uso del decreto para imponer la reforma jubilatoria, el Gobierno busca, más que nunca, criminalizar la protesta social y preparar el terreno para una nueva ofensiva autoritaria. Un salto que viene acompañado de nuevos ataques contra el derecho de huelga entre los sectores que las han mantenidos, buscando romper el actual movimiento. Este mismo lunes, el Estado anunció nuevas requisiciones de huelguistas, buscando forzar a los trabajadores a volver a sus labores, en la refinería Total de Normandía para evitar la escasez de combustibles antes de las vacaciones de Pascua.
En este contexto se hace evidente que no hay nada que "discutir" con los que quieren destruir las conquistas sociales, hay aún menos que discutir con los que mutilan a los manifestantes y rompen las huelgas para conseguirlo. Frente al gobierno de Macron, la urgencia debe ser preparar la respuesta, formando un bloque ahora mismo contra la represión, las medidas contra las huelgas, y construir una relación de fuerzas para hacer ceder al Ejecutivo generalizando la huelga por tiempo indeterminado. Esta es una opción que las direcciones de las centrales sindicales agrupadas en la Intersindical sigue negándose a tomar, al tiempo que permite al gobierno una "salida". El riesgo no es sólo perder el movimiento, sino también abrir la vía a una contraofensiva violenta contra los que luchan desde hace dos meses.
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