Como parte del nuevo “soporte” a Carabineros, este fin de semana las patrullas comenzaron a reutilizar la subametralladora UZI en los operativos y patrullajes de rutina. Esta decisión se llevó adelante en el marco del fortalecimiento de la capacidad operativa de Carabineros y el aumento del poder de fuego de estos para el “combate a la delincuencia”.
Pero los hechos del día sábado, en la comuna de San Antonio, dan cuenta del alto poder de fuego y letalidad que representa el uso de esta arma, ya que, en el marco de un control vehicular, un conductor se intentó dar a la fuga, atropellando a uno de los policías, fue abatido por el acompañante. Esta situación se viralizó rápidamente por redes sociales y los canales de televisión dieron amplia cobertura al hecho.
Con la aprobación de la ley Naim-Retamal, como señaló la ministra Toha, deberá ser la justicia quien determine la responsabilidad del policia y si actuo o no conforme a proporcionalidad, aunque desde ya el fiscal de la causa, determinó que "el medio utilizado es razonable", por lo que "se dispuso la libertad del funcionario policial, quedando apercibido por el Artículo 26 del Código Procesal Penal".
De conjunto el gobierno, junto al parlamento y el poder judicial, vienen blindando a las policías con un futuro manto de impunidad que comienza a tomar forma. Todo esto con el supuesto fin de poner coto a la crisis de seguridad que han buscado instalar.
Pero de fondo lo que hacen es fortalecer el aparato represivo del Estado, inyectando miles de millones de pesos a una institución que no solo no resuelve el problema de la criminalidad, sino que también mantiene en la impunidad a decenas sino centenares de agentes que violaron los derechos humanos durante el estallido social, que luego de años de deslegitimación producto de los robos, fraudes y su propia complicidad con redes de narcotráfico, tráfico de armas y el propio crimen organizado, ahora intentan otorgarle un velo de agentes de combate a un problema del que son cómplices. |
