La norma fue pactada en el seno del Gobierno y aprobada en Consejo de Ministros hace ya un año y medio, es ahora que el Ejecutivo de coalición ha finalizado las negociaciones con sus socios en el Congreso, ERC y EH Bildu para garantiza el respaldo parlamentario.

Han sido de hecho ambas formaciones las que han hecho público este viernes el acuerdo en una rueda de prensa conjunta donde han dado los últimos detalles e incorporaciones a la ley de vivienda tras las negociaciones desarrolladas en las últimas semanas. Como han explicado, “el acuerdo alcanzado incluye algunas novedades importantes respecto al texto que ya salió del Consejo de Ministros.”

Con estas novedades se refieren a la limitación estructural de las revisiones de contratos de alquiler que será del 3% durante 2024 y, en adelante, quedará fijado por un nuevo índice todavía por definir; la regulación de los alquileres que se encuentren en zonas tensionadas, de lo cual no se conoce el detalle; la regulación de los requisitos necesarios para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas en sus territorios (aquellas donde los alquileres son más altos respecto a la renta media); y además, el hecho de que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias, rebajar la condición de “gran tenedor” a 5 inmuebles.

A parte de la inconcreción de todas estas medidas, el acuerdo no incorpora ninguna de las principales cuestiones por la que vienen peleando y movilizándose colectivos de inquilinos y antidesahucios. El acuerdo anunciado no pone freno al aumento de precio de alquileres y no protege ni termina con los desahucios de los colectivos más vulnerables. Tampoco incorpora medidas para desarrollar planes de vivienda pública o alquiler social.

Por su parte, Podemos también hace bandera de esta ley y la define como una norma en la que “inclinamos la balanza a favor de la gente frente a los abusos de la especulación”. En esta ocasión estas formaciones han tenido que ejercitar bastante su imaginación a la hora de desplegar un discurso progresista en torno a la ley que presenta muy pocos, por no decir ninguno, puntos de apoyo para ello.

Poco después de conocerse el anuncio algunos grupos y sindicatos en defensa del derecho a la vivienda ya han publicado comunicados muy críticos sobre la ley mostrando el verdadero carácter de la norma que, lejos de proteger el derecho a la vivienda y blindar los precios de alquileres, parece tratarse más de maquillaje electoral, como ya ha ocurrido con otras de las medidas aprobadas por el Gobierno “progresista”.

El sindicato de inquilinas de Madrid en un comunicado explica refiriéndose a la ley que “en líneas generales propone una regulación de los alquileres que es una farsa.” y denuncia que con la nueva norma “El derecho a la vivienda sigue sin estar blindado en todo el territorio y se usa como baza en plena campaña electoral.” También el sindicat de llogateres ha publicado un comunicado en el que define la ley como “una regulación de alquileres diseñada para que los precios sigan subiendo.” La PAH de Barcelona en su comunicado ha indicado que “el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional”.


El límite del 3% en las revisiones de contrato: una medida totalmente insuficiente que permite que los precios sigan subiendo

Esta ley regula el mercado del alquiler pero permite sin ningún tipo de límite que los precios sigan aumentando.

Esto es así en primer lugar porque el único límite que establece la ley es respecto a la actualización de contratos. Esto quiere decir que no estamos hablando de un tope al precio de los alquileres, que seguirán estando sujetos a las leyes del mercado inmobiliario dentro de la economía capitalista que, por cierto, nada tienen que ver con la dignidad de la vida de las personas. Es decir, los propietarios podrán poner el precio de alquiler que deseen, cuando hagan un contrato (al precio que sea) solo se les exigirá que cuando este se renueve no aumente más de un 3%, y esto solo durante 2024. Algo que además podría incentivar que los contratos iniciales tiendan a ser más elevados.

Por otro lado, la medida parte ya de contemplar una subida en la renovación de alquileres algo que, teniendo en cuenta el punto en el que estamos, más que un tope sería necesaria una bajada generalizada de los alquileres que acumulan años de subidas galopantes.

Además, a pesar de que la ley habla de una regulación estructural, el límite solo estará vigente en 2024, a partir de ahí no se especifica cuál será el índice que medirá el mismo, ni que vaya a estar garantizado, ya que quedará sujeto a la voluntad de los fututos gobiernos. Qué decir que presentan un 3% como medida excepcional en tiempos de crisis social, ¿qué porcentaje establecerán en otros momentos?

Esta medida, también incluye tiene un peligro como advierten los sindicatos de inquilinas. Al tratarse de un límite en la renovación de contratos, se puede crear un “incentivo peligroso: expulsar al inquilino actual para poder subir el precio sin límite a un nuevo inquilino”.

A parte de lo limitado de la medida que solo afecta a las renovaciones, los sindicatos de inquilinas también advierten que existen muchos mecanismos dentro de la propia ley que permiten y facilitan esquivar esta medida. Por un lado, no se regula la figura del “alquiler de temporada”, que queda excluida de cualquier tipo de límite o regulación, por lo que se podrían hacer subidas sin ningún tipo de límite recurriendo a esta figura. Y, por otro lado, el acuerdo contempla que si se alegan reformas o cambios en la vivienda se puede aumentar el precio de alquiler hasta un 10%. Por lo que las opciones para rodear el límite del 3% son muy variadas.

Carta blanca para los desahucios: bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización

Entre las medidas anunciadas a bombo y platillo tampoco hay ninguna que ponga fin a los desahucios, ni tan si quiera a los de los colectivos más vulnerables.

Ahora, con esta ley sí se prohíbe los desahucios sin fecha y hora predeterminadas, como sí sucede actualmente, e incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, pero más allá de eso no pone ningún coto a los desahucios que siguen estando a la orden del día. Incluso sin querer llegar tan lejos, tampoco se han incorporado medidas como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad. Sí se han preocupado de incluir medidas cosméticas que no llevan a ningún lado como la obligatoriedad de que los propietarios se sometan a una mediación, que no garantiza nada ya que la resolución de la misma no se tiene por qué respetar.

Es decir, como denuncia la PAH de Barcelona, los “grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.”

A parte de no limitar alquileres ni precio de la vivienda, la nueva ley que se dice “del derecho a la vivienda” tampoco incluye ninguna medida para desarrollar un mercado de vivienda pública y alquiler social, ni toca ni uno de los miles de pisos vacíos en manos de bancos y fondos buitre. Tampoco habla del problema hipotecario agravado por el aumento del Euribor en los últimos meses.

Durante estos años el problema de la vivienda no ha hecho más que agravarse. Un drama social difícil de soportar para la miles de familias que viven al límite a causa de la subida generalizada de precios. Un drama social ante el cual el que el maquillaje progresista no tiene ninguna respuesta que dar.

El problema de la vivienda es un problema estructural en el capitalismo español que se agudiza ahora con la escalada inflacionista y la situación de crisis social que desencadena. En todo este tiempo el Gobierno “progresista” no ha paliado ni en lo más mínimo las consecuencias más dramáticas de esta problemática. Conocedor del drama de la falta de vivienda para muchos, el Gobierno de PSOE-UP ha hecho algunas intentonas de maquillaje progresista como el decreto “anti desahucios” que no han tenido ningún impacto real y a las que ahora presenta su corolario final con esta ley.

La problemática de la vivienda está condicionada por la precariedad laboral a lo que se suma la voracidad de la lógica capitalista muy especialmente en mercados como el de la vivienda. Esto nos sitúa en un grave problema estructural. Ahí que el problema de la vivienda necesite de soluciones de fondo, radicales, que toquen los intereses de los grandes tenedores de vivienda como la congelación de todos los alquileres, la intervención del mercado del alquiler bajo el control de los inquilinos, la expropiación de las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social, así como otras no exclusivas al ámbito de la vivienda como la incorporación inmediata de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática o la nacionalización sin indemnización y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte entre otras.

Medidas urgentes para evitar que esta crisis se descargue sobre las familias trabajadoras.