Se trata de un grupo de personas que se alojaba en pleno centro de la Ciudad de San Luis (calle Bolívar entre calles Mitre y Caseros).
Debido a su precaria situación económica y la ausencia del Estado y el Gobierno provincial, las distintas familias se vieron obligadas a tomar el lugar donde residían. Llegada la fecha de cobro, fueron desalojadas sin escrúpulos.
Daniel Matkovic, de 54 años, comentó a los medios locales que solo cobra una pensión de $45.000 y que no podía afrontar el gasto mensual: "¿Sabés la cantidad de veces que hemos ido a Terrazas del Portezuelo? Fui con el muchacho que me cuida. Nada de nada. Desde hoy, estoy en la calle. No tengo adónde ir, no me dejaron ir al Juzgado para ver qué solución puede darse. No me dejaron pasar".
Debido a las complicaciones económicas que conlleva pagar un alquiler en la capital puntana, sumado a las dificultades burocráticas de los alquileres, Daniel se vio obligado a vivir bajo el mismo techo con Ana Ladino, de 39 años de edad, mamá de un joven con discapacidad: "Perdí la cuenta de las veces que fui a reclamar. Me dijeron ’no, tenés que traer papeles, cargarte en el sistema, te falta tal otra cosa, y demás. Mi hijo tiene retraso madurativo, mi otra nena tiene problemas en la columna. Quedamos ahora en la calle".
Ana, al igual que Daniel, subsiste gracias a la pensión por discapacidad de su hijo y se ve forzada a realizar changas para tener un ingreso extra. Manifestó, además, que no cuenta con una mutual y tiene problemas económicos para pagarle los estudios a su hijo. Al igual que su compañero de cuarto, tampoco es beneficiaria del Plan de Inclusión.
Ambas familias se encuentran inscriptas al Plan de Viviendas del Gobierno provincial, pero nunca fueron seleccionadas. "Nos cansamos de esperar. ¿Sabés la cantidad de veces que presentamos notas? ¿Las veces que fuimos y nos dijeron ’sí, tienen que esperar, los vamos a llamar’?, miles de veces", agregaron con indignación.
Al día de hoy, estás familias (y muchas más) se encuentran en situación de calle y sin una solución por parte del Estado. Todo ello en medio de una campaña electoral en la que se promete viviendas, entre otras cosas, pero finalmente no se llega a cubrir las necesidades de una provincia con un 45,2 % de personas en situación de pobreza.
La realidad de Daniel y Ana es la realidad de muchas familias trabajadoras puntanas. Mientras que la mayor parte de las zonas aledañas a la Ciudad de San Luis, principalmente grandes superficies, donde además convive gran parte de la flora y fauna provincial se "incendian accidentalmente" para llevar a cabo obras de barrios privados inaccesibles para la clase trabajadora, mujeres, jóvenes y jubilados se encuentran con problemas habitacionales o viviendo en condiciones inhumanas y de hacinamiento.
Por eso es necesario reivindicar el derecho a la vivienda digna y luchar por un Plan de Viviendas Integral que dé solución a las mayorías populares, construyendo hogares dignos para la clase trabajadora. | 
