El Tribunal Oral Federal de Rosario tuvo que revocar su autorización a una genocida a salir del país, lo que había movilizado a la sociedad civil y a los organismos de DDHH en Villa Constitución, donde se organizó una asamblea de emergencia. El juez Germán Sutter Schneider había permitido a Carmen Amanda Grossolin, ex policía federal y una de las imputadas en la Causa Villazo, salir del país para vacacionar en México. Esta medida fue considerada como una provocación hacia sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, así como hacia organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas que han estado luchando por décadas en busca de justicia. El doctor Federico Pagliero, de la APDH Rosario, declaró sobre la situación: "La presión de la sociedad llevó a que se hiciera lugar a la querella de la APDH y los sobrevivientes y familiares del Villazo, y el propio tribunal se vio obligado a rectificar su decisión reciente".
Pagliero agregó que "la decisión del juez había provocado un repudio generalizado en todo el territorio argentino". Sin embargo, la lucha no termina acá. La sociedad civil, los organismos de DDHH, organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, y hasta instituciones como la Cámara de Casación Penal y los Concejos Deliberantes de Villa Constitución, Rosario y Villa Gobernador Gálvez exigieron el inicio del juicio a más de 48 años del Operativo Serpiente Roja del Paraná y a más de 10 años del inicio de la causa judicial.
"La demora es una burla al proceso de memoria, que estemos esperando tanto tiempo para el inicio del juicio", continuó el abogado de la APDH. Por eso el pueblo de Villa Constitución redobla los esfuerzos y se moviliza este viernes 21 de abril para manifestarse ante el Tribunal en Rosario y solicitar de inmediato que se fije fecha para el juicio y que defina que se realice en Villa. El propio Concejo Deliberante de Villa Constitución apoya al proceso y ofrece su sede para que oficie de casa del juicio.
El pueblo, los organismos de DDHH, las instituciones y las organizaciones se unen para exigir que se haga justicia y se respete la memoria de las víctimas y sobrevivientes del Operativo Serpiente Roja del Paraná. Es crucial que se lleve a cabo el juicio oral de manera inmediata. Han pasado 48 años desde el inicio de la represión en 1975, y es difícil comprender cuánto más tiempo debe pasar antes de que se haga justicia. La impunidad no puede continuar indefinidamente. |
