Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy y Keila Sequeiros, referentes y precandidatos del FIT, presentaron una propuesta de estatización bajo control de trabajadores y comunidades para terminar con el saqueo extractivista y administrarlo de forma sostenible.
De repente, el llamado “oro blanco” empezó a ganar cada vez más espacio en los grandes medios de comunicación. Palabras como “oportunidad histórica”, “desarrollo”, “transición energética” circulan en los discursos de los políticos de los partidos tradicionales que lo presentan como un oasis de dólares al que prometen llevar al país. Mientras se hacen cada vez más frecuentes visitas de altos mandos militares y civiles del gobierno norteamericano que afirman una y otra vez su “interés estratégico” por el “triángulo del litio”, sus ansias de “cooperación” y los “intereses comunes” para explotar este “recurso natural”. Los gobiernos de la región no se quedan atrás. con el argentino anunciando la militarización de las zonas litíferas como gesto para atraer inversiones y el de Boric en Chile, una ampliación exponencial de las explotaciones en asociación con el capital privado.
El lado B de esta sinfonía extractivista no tiene el mismo espacio en los grandes medios, pero incluye ya desastres ambientales como el ya generado por la multinacional Livent en Catamarca recientemente, saqueo económico y la destrucción de un bien común central para los territorios y las comunidades como es el agua.
En este marco, el Frente de Izquierda acaba de presentar un planteo de estatización del litio que da vuelta las prioridades, cuestionando el tanto el esquema de saqueo económico como los métodos extractivistas que amenazan el agua, un elemento clave para los ecosistemas de humedales en los cuales se encuentra este bien común natural y las comunidades que los habitan.
Estatización bajo control de trabajadores y comunidades
“Bueno estamos recorriendo acá la zona de Susque y Olaroz para hablar con las comunidades y trabajadores y poner a disposición y elaborar junto a ellos un proyecto de ley de estatización del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades parar con el saqueo y frenar lo que es la contaminación”. Así comienza el planteo Alejandro Vilca, precandidato a gobernador de Jujuy por el Frente de Izquierda FIT, presentando la iniciativa en un video desde las puertas mismas de las instalaciones del “proyecto Olaroz-Cauchari”. Junto a él están Natalia Morales, Gastón Remy y Keila Zequeiros, y detrás de ellos un cartel que señala la asociación entre la gigante minera autraliana Allkem (ex Orocobre, principal accionista con el 66,5%), la multinacional Toyota (25%) y Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), como socia estatal minoritaria (8,5) por parte del gobierno de Jujuy en la empresa “Sales de jujuy” que exporta carbonato de litio desde 2015.
Contra la gestión capitalista basada en la generación de ganancias que proponen los gobiernos, el proyecto del FIT pone el derecho de las comunidades que habitan los territorios y los trabajadores a decidir democráticamente sobre la gestión del litio en tanto bien común natural.
Gastón Remy, docente universitario y candidato a Intendente de San Salvador de Jujuy, da algunos números que ilustran la magnitud de las ganancias que se embolsan las empresas y el consiguiente saque económico en curso: “para que se den una idea son -alrededor de- 523 millones los que ganó además en dólares el año pasado. Con eso se podrían construir 14 mil viviendas solamente en un año bueno, en cuatro años se podría terminar con el déficit habitacional que tiene la provincia”. Pero “esta minera es propiedad de alguien que es el quinto grupo más grande del mundo en materia minera y tiene de socio la Toyota, que es esta gran empresa Automotriz y en un porcentaje muy pequeño aparece la provincia que es JEMSE”. ¿Cuánto le ingresa a esta sociedad? “No se sabe”.
La subfacturación es solo una de las estrategias para evadir impuestos, pero los montos mínimos sobre un esquema legal ideado para el saqueo: el Artículo 124 de la Constitución Nacional permite que particulares le da los “recursos mineros” a las provincias; el Código de Minería permite que inversores particulares exploren, descubran y comercialicen, más allá del –supuesto– dominio público; y la Ley de Inversiones Mineras (1993), otorga unos beneficios fiscales (deducciones, exenciones y subsidios, por ejemplo) inauditas, por lo que pagan un tope de 3% de regalías por el “valor en boca de mina” que declaran las empresas. Como señalan los investigadores Ariel Slipak y Melisa Argento, “en este ‘andamiaje jurídico’ radican varias de las limitaciones que padece la Argentina y se expresan tanto en el plano científico-tecnológico como en la participación en el comercio internacional, e incluso frente a las capacidades estatales de regulación socio-ambiental”. La extracción apunta a llevarse la materia prima lo menos tratada posible, para tributar menos y generar los puestos de trabajo en los países matrices.
“Todo esto es la reserva de Olaroz-Cauchari, que está protegida. Pero además, estos salares son considerados humedales, son importantes reservorios de agua”, señala Natalia Morales. “Actualmente, la técnica que utiliza Sales de Jujuy extrae millones de litros de salmuera y también agua dulce –continúa–. Sales de Jujuy consume cinco veces más de lo que consume todo el departamento de Susque, o sea, más de 800 viviendas.”
Es que la técnica “evaporítica” que utilizan actualmente las empresas consume cantidades colosales de agua para un ecosistema en el cual el agua es escasa y vital (son humedales). El argumento de que el agua de salmuera no es de consumo humano y por eso no afecta al ecosistema es falso: las reservas subterráneas son un sistema conectado se afectan mutuamente.
En Atacama, la única explotación de este tipo en funcionamiento desde tiempo suficiente como para ver sus impactos, estos son fulminantes: lagunas vaciadas, especies autóctonas (flamencos) en peligro de extinción y una desertificación galopante.
“El anteproyecto que estamos presentando también porque hace a la defensa del agua”, concluye Natalia Morales.
Hay otros métodos en estudio, incluso uno de extracción directa en desarrollo por trabajadorxs del Conicet en Jujuy, pero requieren recursos y, sobre todo, no destruir los ecosistemas antes de que pueden aplicarse. A los capitalistas les va a interesar el método que deje más ganancias, a las y los trabajadores y las comunidades, al contrario, el que garantice verdadera sostenibilidad.
La vida, la salud y la educación antes que sus ganancias
“Bueno, es totalmente indignante no llegar al medio de la puna este están nuestros salares acá y hay un cartel enorme en inglés que dice Toyota que dice Allkem cuando a media hora hay una escuela donde los nenes no tienen calefacción, donde cocinan a leña, donde los techos se caen a pedazos”, dice Keila Zequeiros. “La estatización del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades es parte de un conjunto de medidas que planteamos desde el frente de izquierda para terminar con una provincia rica con trabajadores pobres”, concluye.
Es que, por más que se lo presente bajo la promesa del “desarrollo”, la explotación del litio que venden los gobiernos es parte de una matriz extractivista conocida, como el agronegocio, la megaminería o el fracking: externalización de los “pasivos” ambientales hacia países atrasados y dependientes (en este caso destruyendo centralmente el agua) que quedan como “zonas de sacrificio”, ganancias colosales para el capital concentrado (en Allkem participan, por ejemplo, JP Morgan y el HSBC Group), y empleos en los países imperialistas (el tratamiento del carbonato de litio y la fabricación de baterías, por ejemplo). No hay desarrollo, sino profundización del saqueo y decadencia nacional.
Por último, la “transición energética”, el argumento principal del “capitalismo verde”, con el que pintan de verde esta entrega, es falso: frente a la crisis climática se necesita, antes que nada, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dejar de deforestar y de cambiar los usos del suelo, todo lo cual no hace más que aumentar (impulsados en el país por los gobiernos nacionales y provinciales). Claro que el litio es importante para almacenar energía no fósil, pero no para los autos eléctricos de Toyota o Tesla, sino para sistemas de transporte público gratuitos en todo el mundo. Lejos del greenwashing, según la Agencia Internacional de Energía, la cantidad de autos eléctricos va a pasar de los 2 millones actuales a 280 millones en 2040, pero la estimación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es solo de... ¡1 %!
El planteo de estatización del litio del Frente de Izquierda, parte de un programa más general, da vuelta las prioridades a favor de una verdadera transición energética “justa” y sostenible, a partir de cuestionar los intereses capitalistas imperialistas detrás de esta “fiebre del litio”.
La pelea por la defensa del agua sigue abierta y, lejos del intento del Gobernador Morales (UCR) de presentar un consenso general inexistente, las comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc marcharon nuevamente en defensa del agua contra el intento de instalar allí una nueva explotación litífera.
"El agua no se vende, el agua se defiende" "Fuera mineras de América Latina"
Marcha de comunidades indígenas de Salinas Grandes y Guayatayoc contra el saqueo del litio en sus territorios. La Jujuy que no ve. Presente dando nuestro apoyo. pic.twitter.com/ye7S2CaPQW
