El 20 de mayo de 2019 la Policía Bonaerense persiguió a los tiros por las calles de San Miguel del Monte al auto donde viajaban Aníbal (22), Danilo (13), Camila (13), Gonzalo (14) y Rocío (14). Los cuatro primeros murieron. El Gobierno de Vidal y la massista intendenta Mayol intentaron encubrir el caso. Desde este lunes, cuatro años después de los hechos, un jurado popular juzgará a una parte de los procesados.

Este lunes en La Plata comienza el debate oral y público (con modalidad de juicio por jurados) contra cuatro efectivos de la Policía Bonaerense acusados del “homicidio agravado” de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez, así como la tentativa del mismo delito contra la sobreviviente Rocío Quagliarello. El proceso será conducido la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la capital bonaerense.

Los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez y el excapitán Rubén García son parte de los 23 procesados en una causa que, curiosamente, fue “partida” por el Poder Judicial en procesos diferentes, el primero de los cuáles es el que comienza este lunes. Estos cuatro policías bonaerenses (que llegan detenidos al juicio) son los que iban a bordo de los dos móviles que persiguieron y atacaron al Fiat 147 por las calles de San Miguel del Monte.

Sobre ellos pesa la acusación de “homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego, y violación de los deberes de funcionario público”.

La Izquierda Diario cubrió el caso desde el principio y aquí podés conocer todos sus pormenores judiciales, políticos y sociales. Entre ellos, el derrotero de la intendenta de ese momento, Sandra Mayol, cómplice de los asesinos, protegida de Sergio Massa y actual presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Precisamente Mayol es una de las beneficiadas con la partición de la causa, ya que por el momento sólo habrá juicio para quienes apretaron los aceleradores y los gatillos, pero no para quienes activaron una trama de encubrimiento para hacer pasar todo como un trágico “accidente de tránsito”, tal como lo dijo un vocero policial a los medios en las primeras horas posteriores a la masacre.

En ese relato falso y criminal, la entonces intendenta salió rápidamente a instalar la hipótesis del accidente. Hipótesis armada en común con el gobierno de María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad Cristian Ritondo. Algo que les salió muy mal ante la evidencia de la brutalidad policial. Con el correr de los días y las semanas, el Gobierno de Juntos por el Cambio buscó reacomodarse y “entregó” al grupo de policías más comprometido. Siempre es preferible sacrificar algunas piezas con tal de salvar al conjunto de la fuerza (muy repudiada en las movilizaciones por justicia para les pibes).

Desde hace cuatro años Yanina Zarzoso, mamá de Camila López, viene denunciando que Mayol “sigue su vida como si nada, sigue en su puesto con las manos bien limpias, y no justamente por ser inocente, sino por habérselas lavado muy bien”. Y se pregunta: “¿Sandra Mayol no sabía que en su pueblo la Policía trafica merca, no sabía que en su pueblo los policías amenazan, coimean, golpean a inocentes por nada, no sabía que la Policía mató a cuatro pibes, no sabía que el secretario de seguridad (Claudio Martínez) tiene responsabilidad sobre los hechos. Sandra Mayol ¿no sabe que ella también es responsable?”.

Martínez, vale aclarar, falleció el año pasado mientras cumplía prisión domiciliaria. Fue por las mordeduras que le propinó uno de sus perros rottweilers.

Las responsabilidades de Mayol, sus funcionarios y parte de los jerarcas policiales deberían ser investigadas en otras causas por “falsedad ideológica” y “encubrimiento”. Las familias de las víctimas nunca comprendieron el por qué de esa discriminación en procesos diferenciados, ya que por su propia movilización y lucha se llegó a descubrir la trama que une tanto la masacre como lo realizado por el funcionariados en las horas y días posteriores en pos de desviar la investigación y lograr la impunidad. De hecho, si hoy se llegó a este juicio oral y público es gracias a la denuncia pública que se logró hacer contra los intentos de tapar todo.

El primer juicio

Este lunes comienza el primer juicio relacionado al caso. Como se dijo, los imputados son los oficiales García, Ecilape, Monreal e Ibáñez, los cuatro que iban en los dos móviles policiales aquella noche, dos conductores y dos pistoleros.

De la parte acusadora, en representación del Ministerio Público estará el fiscal Mariano Sibuet. Las querellas serán cuatro: una en representación de Zarzoso y de Gradys Ruidíaz (madre de Danilo) a cargo de un equipo de abogades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) encabezado por Margarita Jarque. A su vez la CPM actúa en calidad de querellante institucional como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Otra querella agrupa a las familias de Gonzalo y de Aníbal. Una tercera a la sobreviviente Rocío (hoy de 17 años). Y suma su querella el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Las audiencias comienzan hoy y se extenderán probablemente hasta mediados de la semana siguiente. Arrancarán alrededor de las 10 y terminarán rondando las 18 horas. Es decir, audiencias intensivas, de “doble jornada”, que implican un desgaste físico y emocional para las familias y los testigos. Algo que generalmente a la casta judicial no le interesa y hasta lo hace a propósito.

La primera diligencia del juicio corresponderá a la selección del jurado popular que deberá dictar sentencia al finalizar el debate. Eso será este lunes por la mañana. Por la tarde tendrán el turno los alegatos de inicio del debate, donde las partes expondrán sus correspondientes teorías del caso. El martes y los días siguientes será la etapa de prueba, con testimonios de las familias, del resto de los testigos, con informes de peritos y la exposición de la Cámara Gesell realizada a Rocío, la sobreviviente.

No hay que olvidar que desde el primer momento y desde diferentes sectores del Estado se intentó quebrar la voluntad de lucha de las familias de les adolescentes. Allí cumplieron un papel central oscuros personajes de la política y la fuerza policial actuantes en San Miguel del Monte.

Esos intentos de doblegar a las familias seguramente tendrá un correlato en el juicio, donde las defensas de los policías probablemente revictimizarán a las víctimas en procura de mitigar las culpabilidades de sus defendidos. Fuentes del caso creen que incluso podría buscar culpabilizar a Aníbal, el más grande de los fallecidos, quien conducía el Fiat y no podrá defenderse ante cualquier calumnia. Otra estrategia defensiva de algunos de los imputados podría ir por el lado de que en realidad actuaron "cumpliendo órdenes" de más arriba. Habrá que ver los alcances de esas coartadas.

Serán de mucha importancia algunos de los testimonios que se escucharán en las audiencias. Entre ellos los de las propias familias (serán este martes) y los testigos directo de de los hechos. En este último caso, será importante el del conductor del camión que estaba estacionado a la vera de la ruta y contra cuyo acoplado chocó el Fiat 147. Se sabe que, al menos en su caso, lo hicieron declarar varias veces en la causa y los “investigadores” han puesto en las actas cosas que él no dijo. De lado de las pericias, la balística arrojará información central para determinar las responsabilidades y el nivel de agresión de los policías.

Si todo se desarrolla tal lo previsto, a mediados de la semana que viene terminarán los testimonios y exposición de peritos, luego vendrán los alegatos finales de cada una de las partes. Finalizados éstos, la jueza dará las instrucciones a los miembros del jurado, quienes pasarán a deliberar y dictarán sentencia.

Este martes la Multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada y Familiares y Amigxs de Andrés Núñez convocarán a una radio abierta en 8 entre 56 y 57 (frente a los Tribunales donde se desarrollará el juicio) para acompañar a las familias de los adolescentes masacrados en 2019.

La Izquierda Diario cubrirá los pormenores de este importante juicio en el que, una vez más, la Maldita Policía Bonaerense (término acuñado en los años 90 y nunca caído en desuso) queda expuesta como lo que es: una fuerza represiva al servicio de los sectores dominantes de la sociedad para controlar y sojuzgar a los sectors populares, cuyos crímenes y atrocidades son sistemáticamente amparados por todos los gobiernos.