El máximo tribunal interviene en la escena política-electoral para favorecer a la oposición patronal de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos defiende a los Gobiernos provinciales que funcionan en base a mecanismos fraudulentos. Hace falta una política y un programa independiente para enfrentar la avanzada de la casta judicial.
A días de realizarse las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan, la Corte Suprema dictó la suspensión de los comicios a pedido de Juntos por el Cambio.
La intervención de la Corte en las elecciones provinciales busca inclinar la balanza a favor de la oposición derechista, argumentando un límite a los intentos reeleccionistas de Sergio Uñac y la fórmula Jaldo-Manzur. Sin embargo, deja en pie aspectos antidemocráticos de esos regímenes políticos feudales, como las leyes de lemas y la existencia del sistema de acoples, sobre los cuales el fallo de la Corte no se pronuncia. Estos régimenes fraudulentos son los que el Frente de Todos salió a defender de inmediato, apenas conocida la resolución de la Corte.
El Poder Judicial profundiza su orientación de intervenir en cuestiones político electorales. Hay más de mensaje político que de cuestión jurídica. El sistema es antidemocrático, no solo por la perpetuidad que buscan Manzur y Uñac, sino por otros aspectos igual de escandalosos.
La Corte Suprema viene acentuando su fuerte actuación política los últimos años, en este caso, dando cada vez más motivos para cuestionarla profundamente. El fallo del 2x1 que intentó darles impunidad a los genocidas, un sistema judicial que se atribuye el derecho de arbitrar sobre cuestiones netamente políticas, a tono con lo que ocurre en la región. Un engranaje judicial que aumenta la persecución política, incluyendo determinar quién puede ser candidato o no.
Además, la Corte es la cabeza de un Poder Judicial que tiene relaciones profundas con los servicios de inteligencia y el poder económico, como mostró el escándalo de Lago Escondido, la impunidad que tienen los responsables civiles y empresarios de la dictadura militar, y también el avance de criminalizar la protesta social, con causas persecutorias a movimientos sociales y militantes de izquierda que se manifiestan contra el ajuste.
La respuesta del Frente de Todos a esta avanzada fue impulsar una comisión de juicio político a sus miembros en el Congreso, en base a algunos de estos escándalos. Pero las coaliciones mayoritarias, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, vienen llevando sus disputas políticas al terreno judicial, en una especie de “agenda judicial permanente”, que les sirve para mantener una polarización entre estas fuerzas e intentar sostener apoyo en sus propias bases electorales.
Esta situación no nació de la nada. De hecho, el peronismo es en gran parte responsable. Desde el fin de la dictadura tuvo mayoría en el Senado, dando su apoyo a la designación de los actuales miembros de la Corte y de la justicia federal.
La Corte Suprema es una institución con poderes casi monárquicos, elegida por el presidente junto al aristocrático Senado. Junto con el conjunto de los jueces, son una casta que decide sobre la vida de millones, como en temas laborales, previsionales, tarifas de servicios, pero no los vota la población democráticamente. Llegan a esos cargos gracias a acuerdos o “favores” entre los partidos mayoritarios. Viven de privilegios, con cargos vitalicios -de por vida-, sueldos millonarios y totalmente alejados de la realidad que viven las mayorías. Como jueces jubilados cobran, además, verdaderas fortunas.
Así conformado, el Poder Judicial está pensado para ejercer un poder “contramayoritario”, opuesto a que las grandes mayorías decidan. Por eso desde la izquierda, el PTS en el Frente de Izquierda, proponemos un cambio radical: la disolución de la Corte Suprema, que los jueces de tribunales inferiores sean elegidos por el voto popular, sean revocables y cobren lo mismo que un trabajador o trabajadora, y que se implemente el juicio por jurados donde la mirada popular sea parte decisiva de los procesos judiciales. No se puede enfrentar al Poder Judicial con maniobras en las alturas, sino apelando a las movilizaciones y la organización de los sectores populares, como mostró el repudio al fallo del 2x1 a los genocidas.
Repudiamos el fallo escandaloso de la Corte sin defender los sistemas antidemocráticos de acoples en Tucumán y el de la Ley de Lemas en San Juan que los cortesanos ni mencionan. Juegan para Juntos por el Cambio. Tan "independientes" como la justicia adicta al PJ en las provincias
El problema del Poder Judicial es parte de una crisis política mucho más profunda, por tener un régimen político atado al FMI que viene hundiendo a las clases populares, a la clase trabajadora, en la pobreza, transfiriendo enormes recursos desde los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital. Sumiendo al país en mayor dependencia y atraso, y rifando los recursos naturales al mejor postor. El proceso electoral del 2023, donde los pre candidatos de las fuerzas mayoritarias no generan entusiasmo alguno, con propuestas que compiten por ver quién ajusta más, con internas y debates totalmente alejadas de los problemas de las grandes mayorías, es expresión de esto.
Para poner en cuestión el Poder Judicial, así como el conjunto del régimen político y social, hace falta una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, impuesta con la movilización de la clase trabajadora y el pueblo pobre, que sea el comienzo de un proceso para frenar los ataques que viene sufriendo la clase trabajadora en sus condiciones de vida. En el camino de poner de pie un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre, nacido de la movilización revolucionaria más amplia y donde el conjunto de la población trabajadora pueda debatir y decidir democráticamente sobre los grandes problemas políticos, económicos, culturales y sociales del país.
