El pasado mes de febrero, El Instituto de Educación Secundaria Arquitecto Ventura Rodríguez ubicado en Boadilla del Monte, el municipio con más renta per cápita de la Comunidad de Madrid, aplicó el conocido como “pin parental” a una actividad organizada por COGAM para alumnxs de 2º de la ESO sobre diversidad y contra LGTBIfobia. La actividad, como explicaba el mismo centro en la carta que remitió a las familias, era obligatoria, pero el instituto la convirtió en voluntaria, siguiendo el planteamiento que pretendía implantar VOX en Murcia, pero que no llegó a aplicarse estrictamente en ninguna parte. A raíz del comunicado, la mitad de las familias de la clase decidieron que sus hijxs se saltaran la actividad.
Aunque el “pin parental” no se haya convertido en una cosa estrictamente legal, no debería sorprendernos que haya institutos o centros que decidan actuar de esta manera (y menos en uno de los municipios más históricamente conservadores de la Comunidad), especialmente cuando los partidos de la derecha, y concretamente en la gobernación de Madrid, han llevado una campaña abierta contra diferentes colectivos sociales, como es el caso de la comunidad LGTBI, acusándolos de querer “adoctrinar a lxs niñxs con ideología de género”. En esta misma línea, tampoco es casualidad que en la Comunidad de Madrid la educación pública esté infrafinanciada mientras Ayuso se gasta las ayudas en colegios concertados de la Iglesia que perpetúan este discurso.
Pero detrás de esto, ¿cuál es la realidad de la educación pública? En una sociedad machista y patriarcal donde las mujeres siguen muriendo todos los días por femicidios, donde las agresiones sexuales son frecuentes entre la juventud, las relaciones tóxicas se multiplican, y la homofobia, la transfobia y el machismo son moneda común, el sistema educativo juega un papel crucial.
Sin embargo, nos encontramos ante una realidad que desestima por completo la necesidad de abordar un plan de educación sexual integral en todos los niveles; ahora mismo esta se realiza en forma de talleres o charlas puntuales de muy poca duración, normalmente centradas en aspectos biológicos o de prevención y con una visión enfocada a la sexualidad heterosexual. Esto no solo impide abordar los temas en profundidad, sino que además parece restarle importancia al tema y dejar fuera cualquier práctica o expresión que se aleje de la cisheteronorma.
El gran peso que tiene todavía el discurso reaccionario de la Iglesia Católica, tomado también por la derecha, se materializa en el ámbito escolar a través del bullying. No es casual que uno de los colectivos que es más sujeto de ataques y acoso en la escuela sea el LGTBI, y más ahora cuando este tipo de discursos ha ganado legitimidad en el ámbito político.
Esta especie de “guerra cultural” comenzada por la derecha “en defensa de los niños” hace ya un tiempo (recordemos, a parte de la campaña activa del “pin parental”, la potente campaña de la asociación ultracatólica Hazte Oír), le viene muy bien al PSOE, Podemos, y los partidos de la izquierda institucional. Al gobierno le ha permitido reubicarse como defensor de los “valores democráticos” y la diversidad. Sin embargo, con su programa moderado no va a revertir la crisis de la educación pública, ni romper el concordato con la Iglesia católica. Estas cuestiones son prioritarias y también deberían ser parte del debate.
Frente al ataque la derecha y extrema derecha a la educación pública, no nos podemos conformar con una defensa acrítica del sistema educativo tal cual es hoy, como si fuera la panacea de la diversidad, porque no lo es. Hace falta cuestionar la degradación de la educación pública en favor de la concertada y la privada, la falta de presupuestos, las malas condiciones laborales profesores y personal educativo, así como poner en discusión los contenidos curriculares.
Plantear el debate sobre la separación de la Iglesia del Estado y terminar con la financiación a la concertada, bastión de la educación religiosa, para volcar todos esos recursos en la educación pública. |
