La instancia tuvo la presencia de la ministra del interior Carolina Tohá (PS), la ministra de secretaría general de gobierno, Camilla Vallejo (PC), la ministra del trabajo Jeannette Jara (PC) y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS) junto con los ministros de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS) y de Hacienda, Mario Marcel (PS).

Se trata de un balance conjunto de los partidos de gobierno tras la derrota electoral que tuvo el oficialismo en las pasadas elecciones de consejeros constitucionales, al obtener sólo 16 representantes, lejos del poder de veto y sin la posibilidad de alcanzar los 3/5 necesarios para viabilizar las normas en la constituyente.

Según informa La Tercera, la reunión tuvo espacio para que cada partido presentara su propio análisis. Sin embargo, no hubo autocrítica de los sectores ante el avance del Partido Republicano, tras no mencionar que el presente "Acuerdo por Chile" sólo beneficia electoralmente a la derecha quien hoy tiene el 60% del consejo constitucional.

Otro punto que instaló la reflexión del cónclave, es la línea de negociación del gobierno con el gran empresariado: “El gobierno no debe inhibirse de gobernar también por sus propios medios, el Presidente habló de, por ejemplo, dialogar con sectores lúcidos del empresariado entendiendo que el Congreso se ha vuelto un lugar difícil para arribar a respuestas”, señaló uno de los asistentes a La Tercera.

Se trata de mantener y ceder lo necesario, que para el gobierno se traduce en "asegurar las mayorías en el Congreso". El oficialismo abre sus posibilidades de alianzas con la Democracia Cristiana, sumándola al gobierno.

Una gran moderación del gobierno: línea de acuerdos con la UDI, RN y Evópoli.

Como conclusión del gobierno, la línea para enfrentar a la extrema derecha del Partido Republicano será la idea de insistir con acuerdos de la RN, UDI y Evópoli a quien llamó "derecha democrática". Pero, ¿es posible enfrentar a la extrema derecha gobernando con la derecha?

A la derecha no se le puede ceder en ningún milímetro, hay que enfrentarla consecuentemente sin renunciar a las demandas populares y de los trabajadores.

Para esto hay que reafirmar, fortalecer y ampliar la campaña y la denuncia al fraude constitucional en curso, por su carácter antidemocrático y anti popular, una campaña que sea una herramienta para fortalecer la coordinación y organización de los sectores que buscan enfrentar a la derecha, para volver a las calles y a desplegar los métodos de lucha de la clase trabajadora como la huelga en contra de la resignación de las burocracias sindicales, sin confiar en este gobierno para conquistar las demandas obreras y populares que hoy no están en el tablero ni en la discusión política nacional, como un salario mínimo desde los 750 mil pesos, el problema de la cesantía, la carestía de la vida, la crisis de la educación y la salud y el saqueo de los recursos naturales.