El lunes 8 de mayo se conocieron estas denuncias contra Santos Quispe. Estos hechos habrían sucedido el 31 de diciembre del año pasado. Santos t se presentó a declarar, ayer, jueves 18 de mayo a las 15:00H en la Fiscalía de El Alto.
Frente a estas denuncias de acoso sexual, laboral y violación, el gobernador, al momento de negar las mismas afirmó ser “víctima” de extorsión por parte de la joven ex funcionaria denunciante. Al hacerlo declaró esta joven, quién además habría sido su ex pareja, le habría exigido 4 ítems (es decir, puestos de trabajo en la gobernación) y 300 mil bolivianos (aproximadamente 43 mil dólares estadounidenses).
Las denuncias contra el gobernador y las contra denuncias de este, están procesándose en los diversos casos que la fiscalía lleva adelante. Más allá de cómo se desarrollen las investigaciones lo cierto es que apenas reveladas las denuncias, empezaron a conocerse múltiples detalles, ya que se difundieron videos, en los que se ven desde funcionarias agarrándose a golpes en las oficinas de Quispe hasta imágenes que muestran las farras que se realizarían en estos ambientes.
Santos ocupa parte de su gestión en fiestas con funcionarios y funcionarias en horarios y ambientes de trabajo, estableciendo relaciones informales de poder, y además haciendo uso de los recursos públicos. Todo esto mientras aplica medidas de ajuste fiscal, con reducción de contratos o de ítems, recortando derechos y precarizando cada vez más las condiciones en las que cientos de funcionarios y funcionarias tienen que trabajar.
La gestión de Santos Quispe y del indianismo de Jallalla que pretendió expresar, no se ha distinguido ni en la política ni en los métodos de las gestiones del MAS ni tampoco de las gestiones que estuvieron durante el ciclo neoliberal. Su gestión y su política de gobierno es una política reducida a la administración del Estado y a la gestión de los recursos departamentales sobre la base de favores, de métodos prebendales y de decisiones discrecionales en el manejo de los recursos públicos.
Como habíamos planteado en estas páginas, desde el vamos, el proyecto político Jallalla, se presentaba a sí mismo como una herramienta política del indianismo alrededor del Mallku lo que despertó grandes expectativas. Sin embargo, como lo advertimos, fue de la mano del mismo Mallku antes de que falleciera y cuando se encaminaba como candidato a la gobernación, que negoció para incorporar a este partido a Eva Copa. Un acuerdo que no fue cuestionado por sus seguidores pero que expuso muy bien cómo pese a que el propio Mallku habiendo resistido el golpe de Estado y habiendo sido perseguido por el MAS durante la rebelión antigolpista del 2020 que exigía fuera Áñez no tuvo problemas de negociar con Eva Copa su participación en la sigla política “olvidando” que Eva Copa, en línea con la política conciliadora de Evo Morales y Luis Arce desde el “exilio”, fue quien a la cabeza del Parlamento selló el acuerdo de “paz”, sobre la sangre derramada en las masacres, con los golpistas legitimando de esa manera lo que calificaron como “gobierno transitorio” ya que Eva Copa negó el golpe de Estado.
Ahora bien, cabe recordar lo anterior, porque de esa manera se comprende bien, la deriva de Jallalla pero también la de Santos Quispe como “representante del indianismo” en la gobernación. De esta manera vemos cómo, en última instancia, las distintas variantes de los partidos del régimen, sea que se autodenominen como “proceso de cambio” o como indianistas, etc, o sean, abiertamente liberales, solo expresan en su gestión de gobierno lo que muy bien, parafraseando a Marx, definía como “una junta que administra los negocios de la clase capitalista” donde la corrupción no es un problema aislado sino que es inherente, está en su naturaleza. Así, esta tendencia a la corrupción y al prebendalismo, es el resultado de una política y una estrategia que es la de sostener al sistema capitalista y sus inherentes tendencias al enriquecimiento y carrerismo individual.
El indianismo de JALLALLA, partido político cuyo apoderado, Leopoldo Chui, maneja como un negocio privado fue puesto en un principio, como señalamos líneas arriba, al servicio de Felipe Quispe “El Mallku”, como candidato a gobernador de La Paz, para las elecciones del 2020. Con esta medida, Chui apostaba a construir su sello electoral capitalizando un eventual triunfo de Felipe Quispe que se presentaba luego de haber enfrentado al golpe de estado del 2019 pese a que fue perseguido y hostigado por el gobierno de Evo Morales años antes. Su fallecimiento habilitó la candidatura de su hijo, Santos Quispe, un hombre que lejos de haber participado o formado parte de las luchas sociales de los últimos años, creyó tener el derecho de ocupar el sitial que dejó su padre.
Mas allá de como terminen estas denuncias concretas contra el gobernador, lo cierto es que al indianismo post Felipe Quispe, se le han agregado a las ambigüedades y contradicciones que tiene, la falta de combatividad que expresaba Felipe, transformándose en expresiones de arribismo y prebendalismo, que repite de manera ruidosa las mismas prácticas y vilezas que los “k’aras” de la derecha o los “mestizos” del MAS, como acostumbran a decir.
Es por todo esto que es necesario pelear y organizarnos, desde abajo, por otra política. Una política basada en los intereses y en las necesidades de las trabajadoras y de los trabajadores, del campo y la ciudad, de los sectores populares, del movimiento campesino, de las comunidades indígena-originarias, del movimiento de mujeres y de las disidencias y diversidades sexuales y de género.
Frente a las denuncias de acoso y violación contra Quispe sabemos bien que la “justicia” está al servicio de quién la compra, pero también es una “justicia” patriarcal. Basta recordar los sonados casos de violadores y feminicidas que incluso con sentencia fueron liberados sin mencionar los cientos de casos que quedan en la impunidad. Es por eso que desde la LOR-CI y Pan y Rosas sostenemos que solo una comisión independiente, constituida con plenos poderes para investigar, puede llevar a cabo una verdadera investigación imparcial.
Sin embargo, para terminar de raíz con estas vilezas es urgente luchar para que todos los funcionarios públicos electos, como el gobernador o lxs asambleístas, entre otros, cobren lo mismo que un maestro o maestra de escuela o de un trabajador calificado. Solo así se van a preocupar de que el salario de la gran mayoría de las y los trabajadores vaya en aumento y cubra realmente la canasta básica. Solo así la administración de un cargo dejará de ser un negocio y de estar al servicio del lucro individual para convertirse en un servicio público para la comunidad.
Pero también es urgente luchar para que todos los cargos públicos electivos tengan un carácter revocable, es decir, que cuando sus propios electores consideran que el o la representante se está apartando de lo que debería haber sido su trabajo puedan revocarlo. Lxs electores no tienen por qué esperar los tiempos de la cada vez más degradada democracia representativa burguesa. Solo así la cosa pública puede empezar a dejar de ser objeto de politiqueros en busca de enriquecerse a costa de los recursos públicos mientras la educación, la salud y el trabajo se precarizan cada vez más. |
