Falta un mes para que comience el invierno y las guardias pediátricas de varios hospitales de la Ciudad y provincia de Buenos Aires están colapsadas: camillas con niñas y niños en los pasillos, madres haciendo horas de cola para tener un turno (incluso durante la madrugada), suspención de cirugías, problemas edilicios, personal de salud teniendo que llevar pacientes en brazos porque no anda el ascensor. La lista podría seguir.
"Cobramos $1.100 la hora de trabajo", le cuenta Sandra Verta, pediatra del Hospital San Justo a La Izquierda Diario. "Hace más de cinco años que estamos denunciando el vaciamiento que se vive en el hospital fruto de la precarizacion laboral y los sueldos de miserias que estamos cobrando".
Sin dudas, la precarización de la que habla Sandra es una de las razones del colapso del sistema, responsablidad absoluta de los gobiernosmunicipales, provinciales (en este caso en manos de Larreta y Kicillof) y nacional, que no tienen ningún tipo de problema en ajustar en los prespuestos de salud (recordemos que Massa hasta se animó a recortar el presupuesto en discapacidad), con tal de cumplir las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Acá en La Matanza, el ajuste es brutal porque plata hay pero la subejecutan en lugar de invertirla en salud. Es una clara decisión política de ajustar, como ya lo hicieron en el Hospital Teresa Germani de Laferrere que desde hace más de dos años que tienen cerrada la guardia pediátrica”, le explica otro trabajador, Miguel Miranda, también a este medio en esta nota. Por si fuera poco, los trabajadores denuncian que Fernando Esponoza, intendente de La Matanza, ni siquiera los recibe.
Pero, como insisitimos desde este medio, cuando se trata de ajuste no hay grieta. De hecho tanto El Frente de Todos como Juntos por el Cambio votaron el último presupuesto de salud donde hubo un ajuste del 35% en lo que va del 2021 a 2023.
Hay otra razón de este colapso, que está emparentada profundamente a la crisis social que estamos viviendo: la cantidad de niñas, niños y adolescentes que no tienen ni obra social ni prepaga que recurren a la salud pública. Según un documento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, "el 58 % de la población de NNyA (niñas, niños y adolescentes) carece de una cobertura de obra social, mutual o prepaga". Este porcentaje se ha "incrementado de modo sostenido entre 2010 y 2022", llegando a su pico (60%) durante la pandemia del Covid 19.
Este dato fue publicado en el mismo informe en el que se indicaba que más de 4 millones de niñas y niños pasan hambre. En ese momento, ese dato sanitario tuvo poca relevancia, porque lo que impactó fue la cantidad de menores de edad con hambre en un país donde solo tres grandes alimenticias (Arcor, Molinos Río de la Plata y Ledesma) embolsaron, en apenas unos meses, más de $ 20.000 millones.
Detrás de ese 58 % hay madres sin trabajo, jefas de hogar que llevan adelante la tarea del cuidado de sus hijos solas y padres con changas o trabajos informales, sin derecho a tener una obra social y sin posibilidades de pagar una prepaga. Familias enteras obligadas a elegir entre comer, y ni siquiera con la calidad y cantidad necesaria, o pagar la cuota de una cobertura de salud.
No va más, nuestras niñas y niños no pueden vivir en estas condiciones. Seguir el rumbo marcadao por el FMI, como lo está haciendo el Gobierno nacional, no hizo más que aumentar el deterioro en las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras y populares.
Desde la izquierda advertimos desde un inicio que era incompatible seguir las órdenes del Fondo y satisfacer las necesidades de los trabajadores y el pueblo. Hoy vemos las consencuencias. Es necesario pelear por medidas urgentes, como el aumento de emergencia de salarios, jubilaciones e ingresos por planes sociales, pero también de debatir cómo reorganizar el país en favor de las grandes mayorías.
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