Día a día se aportan nuevos datos que dan cuenta de la grave situación que atraviesa Uruguay en relación al agua potable. A pesar de las lluvias que han tenido lugar en estos últimos días, la situación en la represa de Paso Severino, ene l departamento de Florida, sigue en un punto crítico según informó Obras Sanitarias del Estado (OSE), mientras que en la ciudad de Minas solo habría reservas de agua para el mes de junio.
Pero no solamente son preocupantes los datos sobre las reservas de agua potable existentes. Desde diferentes organismos advierten sobre los riesgos para la salud de las sustancias encontradas en distintas muestras extraídas y también se ha difundido información sobre la falta de inversiones en OSE y el uso del agua por parte de las grandes empresas en Uruguay.
Tomando todos los datos en su conjunto, no es dificil concluir que la crisis hídrica es mucho más que la consecuencia de la falta de lluvias, sino más bien el producto de un modelo productivo y la consecuencia de decisiones políticas donde se priorizan los recortes y ajuste en áreas del funcionamiento estatal que impactan directamente en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
¿Agua apta para consumo?
Este viernes OSE dio a conocer en su página web datos promedio de la cantidad de cloruros y sodio del agua que actualmente está suministrando a la población de la zona metropolitana. Los valores encontrados, de las extracciones realizadas en las distintas líneas de bombeo, superan los valores máximos permitidos en el decreto 375/11 que regula la cantidad de agua (sodio 200mg/l y cloruro 250 mg/l), aunque no sobrepasan los nuevos valores autorizados que propuso el directorio de OSE en conjunto con el MSP algunas semanas atrás. Cabe aclarar que divulgaron datos “promedio” y no hay cifras concretas de cada extracción.
Según divulgó OSE en la línea de bombeo 4, el promedio diario de cloruros fue de 670 mg/l y de sodio 412 mg/l mientras que en la línea de bombeo 5, el promedio diario de cloruros alcanzó 669 mg/l y de sodio 411 mg/l. y en la línea de bombeo 6, el promedio diario de cloruros fue de 688 mg/l y de sodio 422 mg/l.
Sin embargo datos de La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgados a comienzos de semana dan cuenta que en muestras extraídas el 10 de mayo los resultados no solo dieron por encima de lo que permite el decreto 375/11 sino que una muestra sobrepasó la nueva medida dispuesta por OSE (440 mg/l de sodio y 750 mg/l de cloruros) alcanzando los 518 mg/l. de la primer sustancia y 874 mg/l de la segunda. Estos datos están en la misma línea que los que divulgó la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre el valor de sodio en las muestras extraídas en las policlínicas municipales hace algunas semanas, donde también se encontraron valores por encima de lo permitido en varias de las muestras.
Pero además, y también según el informe de la Ursea se ha constado la presencia de Trihalometanos en una muestra de febrero extraída del “Sistema Atlántida”, en el departamento de Canelones. Danilo Ríos, docente del curso Potabilización de Aguas de la Facultad de Ingeniería de la Udelar indicó que se trata de una sustancia nociva para la salud cuando se consume en grandes cantidades o se manera continua y prolongada (al menos entre 15 y 20 años) y que acarrea riesgo de contraer algunos tipos de cáncer; agregando además que es altamente probable la presencia de esta sustancia en el agua que se consume en zona metropolitana.
Cabe recordar que un tiempo atrás desde la Facultad de Ciencias, el docente e investigador Luís Aubriot informó que “El Santa Lucía sigue teniendo los niveles de fósforo y nitrógeno muy por encima de la normativa. En promedio, son unos 400 microgramos por litro, fluctuando entre 300 y 600 de acuerdo a las condiciones hídricas, y la normativa plantea que deberían ser 25 microgramos”.
El uso del agua por parte de las grandes empresas
Una investigación del Semanario Brecha [1] difundida en estos días dio a conocer datos sobre el uso del agua por parte de las grandes empresas. Para acceder a la explotación de aguas superficiales o subterráneas las empresas necesitan contar con un permiso o una concesión de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) así como también describir el uso que se le dará al agua y que tipo de obra se realizará. De esa manera se pueden a acceder a datos relativamente veraces sobre estos aspectos.
Mientras que el consumo total de agua de toda la población del país se ubica entre los 231 y 274 millones de m3, el consumo habilitado para uso privado se encuentra en el entorno de los 2.586 millones de m3 por año (dejando por fuera de esta cifra lo que corresponde a extracciones de agua de empresas públicas), es decir casi 10 veces más. Por el uso de esta impresionante cantidad de agua las empresas no pagan nada, aunque al usarse para los procesos productivos son un insumo cuyo uso redunda en las grandes ganancias que obtienen los empresarios.
Según los datos difundido por Brecha con base en los metadatos públicos de la Dinagua, actualmente existen 5.091 habilitaciones vigentes para uso de agua con fines productivos repartidas en todo el país y de ellas, la mitad se concentran en las cuencas del río Santa Lucía (1.203 habilitaciones) y del Río de la Plata (1.378). Casi la mitad de estas habilitaciones son para riego y una de cada cuatro para otras actividades agropecuarias.
En el total de habilitaciones, 19 empresas utilizan más agua que todos los habitantes del país (296 millones de metros cúbicos anuales para el desarrollo de sus actividades) y solo UPM dispone de más de 129 millones de m3 para su funcionamiento; es decir que esta empresa de la industria forestal se lleva el equivalente a la mitad del agua consumida por los uruguayos. Mientras tanto las empresas productoras de arroz utilizan unos 1.437 millones de m3 (5 veces el consumo de agua potable de toda la población).
¿Qué sucede en OSE?
El sindicato de Ffose viene denunciando desde hace tiempo la caída en las inversiones en OSE que ha definido el gobierno. Según datos elaborados por el docente e investigador Martín Sanguinetti [2] el presupuesto para inversiones en relación con el PBI se ubicó en 0,10 por ciento durante 2021 y 2022. Se trata de una disminución que es parte de una tendencia más general que excede al gobierno multicolor y se arrastra de anteriores administraciones: de 1990 a 2000 representó el 0,23 por ciento del PBI, de 2000 a 2010, el 0,18 por ciento y de 2010 a 2020, el 0,16 por ciento.
No se trata por supuesto de un tema menor, la falta de prepuesto impacta directamente en la capacidad operativa de OSE. Se calcula, que en este contexto de crisis hídrica, un 50% del agua se pierde en cañerías y materiales rotos o no es facturada.
Por otra parte como consecuencia de la mala calidad del agua extraída, el costo de potabilización ha subido de manera importante: el aumento en el uso de carbón activado, utilizado para eliminar impureza y contaminantes pasó de representar el 0.27 de los costos operativos en 2008 a significar un 1.65 en 2019.
A su vez, en estos últimos años hay alrededor de 1000 funcionarios menos en el ente y según denuncia Ffose el gobierno mantiene vigente (en plena crisis hídrica) el decreto 442 del Presupuesto Nacional que establece expresamente el objetivo de reducción de personal en la OSE
Una respuesta obrera a la crisis del agua
El costo de comprar agua embotellada para la población, ante la mala calidad del agua de OSE que la hace de riesgo para el consumo humano, incide de manera desigual en las distintas clases sociales. Quizás en los sectores de alto poder adquisitivo no sea un costo relevante, pero en el bolsillo del pueblo trabajador se convierte en muchas ocasiones en un bien prácticamente inaccesible.
La situación que se ha dado con el aumento de sodios y cloruros en el agua definidos hace pocas semanas es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Hay un modelo productivo que afecta la disponibilidad de agua y hay una política deliberada del gobierno de recortar y ajustar a OSE y avanzar en la privatización del agua (como por ejemplo con el proyecto Neptuno [3]) para transformarla en un negocio para los empresarios.
El agua de calidad para el consumo es un bien básico para toda la población, no puede quedar librado al poder adquisitivo de de la gente, sino que hay que garantizar su acceso y uso como un bien de acceso universal.
La crisis actual está siendo utilizada por las empresas de agua embotellada para aumentar sus ganancias, subiendo los precios del producto de manera inescrupulosa.
Las y los trabajadores tenemos que luchar por una salida obrera y de una solución estructural al problema del agua. Esto incluye terminar con este modelo productivo extractivista y del agrobusiness, en manos de un puñado de empresas que saquean los recursos del país.
La lucha por el acceso a agua de calidad, es parte de la lucha contra la contaminación ambiental que impone el capitalismo, un sistema irracional que está llevando al propio planeta a la catástrofe, solo por garantizar el enriquecimiento de una minoría privilegiada.
A corto plazo y de manera inmediata hay que terminar con la especulación de los dueños de las empresas embotelladoras del agua, avanzando en su expropiación sin pago para que pueda ser distribuida según las necesidades populares y que esté disponible de manera accesible para toda la población. Hay que asegurar a su vez que baje el precio de la tarifa de OSE llevándolo a un costo mínimo para toda la población, mientras se gravan con impuestos a los grandes consumidores de agua, aquellos que la usan en sus procesos productivos para obtener gigantescas ganancias.
Es necesario dotar a OSE de todos los recursos necesarios, terminando con la falta de personal y carencia de inversiones y hay que acabar también con las tercerizaciones que son formas encubiertas de privatización; y poner a OSE bajo control de trabajadores y usuarios, los que podrán disponer de las prioridades en función de las necesidades y demandas del pueblo trabajador. A partir de esto se podrá avanzar en un plan de obras de infraestructura como la represa de Casupá y otras que sean necesarias, protegiendo a su vez la cuenca del Santa Lucia con un control estricto de los contaminantes y desechos industriales.
Son las y los trabadores organizados y movilizados, confiando en sus propias fuerzas y con un programa de cambios profundos y reformas estructurales de la economía del país, los que pueden asegurar una salida progresiva a la crisis hídrica que atraviesa el país.
Movilización en defensa del agua
Este próximo miercóles 31 de mayo el PIT-CNT convoca a movilizarse desde 18 y Ejido hasta Torre Ejecutiva en defensa del agua.
Desde el comienzo de la crísis hídrica se vienen realizando movilizaciones autoconvocadas por este tema. Con una participación mayoritariamente juvenil y junto a distintas organizaciones fueron el puntapie inicial de estas actividades, a las que finalmente el PIT-CNT definió sumarse y convocar.
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