La acusación constitucional anunciada el martes 30 de mayo en el Congreso. La iniciativa de la acusación fue en un principio por parte del Partido Social Cristiano, pero rápidamente se plegó toda la oposición. Para que la acusación sea aprobada en la Cámara de Diputados se requieren 78 votos, por lo que el resultado dependerá también del comportamiento de otros grupos no alineados, como algunos diputados de la DC, el PDG y del CDU y otros legisladores independientes.

La acusación constitucional surge a raíz de una guía de ejercicios elaborada por el Ministerio de Educación para abordar la ESI en el nivel primario. La guía contiene actividades para trabajar con los estudiantes temas como el cuidado del cuerpo, la identidad de género, la diversidad sexual, la prevención de la violencia y el abuso, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género. La derecha considera que la guía contiene contenidos inapropiados para la edad de los niños y niñas, que atentan contra sus valores morales y religiosos. Por eso, acusa al ministro Ávila de vulnerar la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

La ESI es un enfoque pedagógico que busca brindar información científica, veraz y oportuna sobre la sexualidad humana, el cuidado del cuerpo, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, el respeto a la diversidad sexual y de género, la prevención y denuncia de la violencia machista y el abuso sexual, entre otros temas. La ESI se basa en los derechos humanos y busca promover una cultura de igualdad, autonomía y convivencia democrática desde los establecimientos de educación.

Sin embargo, para la derecha conservadora y reaccionaria, la ESI es una amenaza a sus valores morales y religiosos, que pretenden imponer al conjunto de la sociedad. Por eso, han lanzado una campaña de desinformación y miedo, acusando al ministro Ávila de querer “adoctrinar” a los niños y niñas con una “ideología de género” que atenta contra la familia tradicional y la vida.

Esta acusación constitucional es más que un intento de golpear al gobierno por medio del ministro de educación. Es también, y sobre todo, un ataque a los derechos sexuales y reproductivos de millones de personas, especialmente de las mujeres y las disidencias sexuales, que históricamente han sido oprimidas y discriminadas por el patriarcado y el capitalismo.

La derecha, por medio de ésta acusación constitucional, pretende, como decíamos anteriormente, no solo golpear al gobierno, sino que de salir victoriosos, marcar un precedente contra la política de Educación Sexual Integral. El usar la libertad de enseñanza para atacar los derechos sexuales y reproductivos desde la derecha no es más que hipocresía.

El gobierno, probablemente, echará mano de recursos institucionales para enfrascarse en esa discusión. Sin embargo, la única forma de conquistar hasta el final una educación realmente transformadora y que aborde una educación sexual integral será con la organización y la movilización. Sin ello, la derecha y el gobierno que se postra de rodillas ante esta ante cada reclamo, nos harán retroceder una y otra vez.