El caso de Iara Rueda marcó un antes y un después. A pesar de que desapareció cuando regían las restricciones de movilidad impuestas por los gobiernos en pandemia, la familia, las vecinas, los amigos salieron de sus casas a buscarla, realizaron rastrillajes y cortaron la ruta. El día en que encontraron su cuerpo sin vida, miles de personas se movilizaron hasta en el último rincón de la provincia. No hubo cuarentena que pudiera frenar la bronca en las calles.
La respuesta del gobierno de Gerardo Morales fue reprimir la movilización que se realizó en Palpalá para pedir Justicia. Con esa voluntad de lucha y sin abandonar las calles, se consiguió que recién en abril de este año se iniciara el juicio por este crimen.
La familia de Iara no es la única que ha sido castigada por el gobierno jujeño con el código contravencional por manifestarse. Toda manifestación popular contraria al régimen político, que denote la política pública y la inacción deliberada del Estado en los brutales casos de violencia de género, son motivo suficiente para intimar con una causa contravencional a las familias y organizaciones feministas que exigen Justicia. Lo mismo ha sufrido la familia de Dafne Soto, la joven de 18 años asesinada en Humahuaca.
Si nos movilizamos, nos reprimen, criminalizan o castigan con multas. Pero si no lo hacemos, reina la impunidad. Cada vez que se encuentra el cuerpo inerte de una joven que estaba desaparecida, cada vez que la Justicia avanza un pequeño paso contra la impunidad de los responsables es por la movilización.
Eso sucedió con Evelin, de 16 años, cuando encontraron su cuerpo sin vida luego de una intensa jornada de movilización y cortes de ruta intermitentes, en la que el pueblo de Chalicán denunció a las autoridades que no hacían nada por buscarla y las organizaciones de mujeres convocaron a una movilización en Libertador Gral. San Martín y otras localidades cercanas, por la tarde.
La respuesta del gobierno provincial no se hizo esperar: envió a su policía a amedrentar a mujeres, trabajadores y jóvenes con amenazas de causas contravencionales y citando al padre de Evelin a una comisaría. Pero la movilización fue más fuerte que las intimidaciones.
Podríamos citar muchos casos más en la provincia que gobierna Gerardo Morales a su antojo. La brutalidad es tal, que hasta el mismo Día Internacional de las Mujeres de este año, la masiva movilización que puso en primer plano decenas de femicidios ocurridos en los años recientes, fue recibida por el despliegue de un enorme operativo policial. Una verdadera provocación de este "republicano" con aires de "dictadorcito".
Por eso denunciamos la reforma constitucional de Morales. Su principal objetivo es avanzar, aún más, sobre el derecho a la protesta, fortaleciendo todo el arsenal persecutorio del Código Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación, a los cuales les buscan dar rango constitucional, para tener a raya a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a las fuerzas políticas opositoras.
Pero a pesar de su amañada Constituyente y sus amenazas represivas, el pueblo jujeño está expresando su rechazo en las calles. En el marco del paro contundente y las movilizaciones masivas de docentes, que tuvieron que soportar operativos policiales y requisas en los colectivos y los autos en los que viajaban, el rechazo a la reforma constitucional amplifica su voz que hoy también incluye a organismos de DD.HH. de todo el país, víctimas de la dictadura genocida, organizaciones antirrepresivas y hasta el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Las mujeres jujeñas saben más que ninguna, que nuestros reclamos solo serán escuchados si nos organizamos y nos movilizamos. Por eso, en estos días de movilizaciones, paros de docentes y repudios de distintos sectores sociales contra la reforma de Morales, también se pronunciaron contra esta Constituyente que quiere liquidar su derecho a luchar: "Sin protesta, no hay ni una menos." | 
