El sábado 3 de junio el secretario de Seguridad de Lanús Diego Kravetz, precandidato a intendente por Juntos,inició una persecución contra un joven en moto, mientras hacía una recorrida por los barrios Acuba y Villa Giardino. El funcionario portaba un arma de fuego durante la persecución, que tuvo como todo fundamento la creencia de que el joven podría corresponder con la descripción de un supuesto ladrón que merodeaba la zona, según los dichos de una vecina.
Tanto Kravetz como el intendente Néstor Grindetti juegan en la interna de Juntos con el ala de Patricia Bullrich, y no son una novedad sus declaraciones a favor de la mano dura. Con un discurso centrado en la “inseguridad”, la única respuesta que propone para esa problemática es meter más policía, más represión y mayor libertad para el accionar de esta fuerza que está plagada de denuncias por abuso de autoridad, de gatillo fácil y ser parte del delito organizado liberando zonas.
Mientras Grindetti estaba de licencia en su cargo para asumir la presidencia del club Independiente, Kravetz lo reemplazó al mando del municipio, y sin ser votado por nadie para ese cargo comenzó las tratativas de un convenio con la fabricante de armas Bersa para equipar a la policía local con armas no letales; cada una de esas armas está cotizada en $250mil. Parece increíble que, en medio de una pobreza creciente y una inflación que no da respiro, se destine ese dinero a la compra de armas; y como dijo Myriam Bregman “una taser en manos de la Policía de gatillo fácil es un arma peligrosa”.
Se trata de una política aún más repudiable si se tiene en cuenta la profunda crisis económica y social que se vive en los barrios y en particular en la juventud: el 60% de las infancias y adolescencias del conurbano son pobres y el 55% vive en condiciones de déficit habitacional, según el informe sobre la situación de las infancias y adolescencia que publicó la UCA. En los barrios de Lanús se vive y padece el desfinanciamiento de años en políticas de vivienda, urbanas y el empeoramiento en las condiciones habitacionales. Hace solo unas semanas se encontraban barrios enteros bajo agua por las inundaciones, pero Juntos elige gastar grandes sumas de dinero en armas. En el mismo barrio Acuba que visitó Kravetz hace años vecinos y vecinas construyeron casas sobre un basural, en condiciones de extrema precariedad y sin tener los servicios elementales como agua potable.
Cuando los gobiernos peronistas, la derecha y los liberfachos de Milei toman en su discurso el problema de la inseguridad, de fondo, lo que terminan legitimando es el fortalecimiento de las fuerzas represivas. Porque aceptar el ajuste que impone el FMI provoca un empeoramiento enorme de las condiciones de vida de los sectores más pobres y de les trabajadores, y esto implica que si tarde o temprano la resistencia al ajuste gana las calles y lugares de trabajo se preparan para imponer medidas peores aun con represión.
Carla Lacorte, reconocida luchadora contra el gatillo fácil y víctima ella misma de la maldita Bonaerense, lo explica claramente en otra nota de este diario: “esto empieza por los barrios, porque la represión de la protesta está limitada por años de lucha, pero el objetivo final es golpear sobre la lucha de clases”. Ella criticó duramente la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri con la llamadaDoctrina Chocobar, que se convirtió en doctrina de Estado para el gatillo fácil y por el accionar nefasto en el caso de Santiago Maldonado.
La repudiable actuación de Diego Kravetz al realizar una persecución de esas características recuerda lo ocurrido en San Miguel del Monte en 2019, cuando también por “sospechas” infundadas varios policías persiguieron un auto disparando contra cinco jóvenes, terminando con la vida de cuatro de ellos. Las palabras posteriores del favorito de Grindetti diciendo que no alienta el armamento de civiles ni que otros funcionarios lo imiten, no alcanzan para contrarrestar la demostración que hizo en los hechos: más claro, imposible.
Según se informó en las últimas horas, por la persecución armada del joven que iba en moto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a Diego Kravetz ante el Fiscal General del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Guillermo Castro. Lo acusan de haber tenido una “participación abusiva” en una situación “donde se vulneraron derechos fundamentales de un adolescente”. El hecho, afirmaron desde la CPM, es “de enorme gravedad institucional, el funcionario asumió funciones policiales e incluso judiciales que no le están legalmente atribuidas por su cargo público”. |
