En declaraciones a la prensa, la presidenta Dina Boluarte, quien llego al poder aupada en un golpe parlamentario contra Pedro Castillo ocurrido el pasado 7 de diciembre del 2022, dijo hace poco que “el tema del adelanto de las elecciones ya estaría cerrado” y que, por tanto, ella, “en el marco del respeto a la Constitución de 1993 y al estado de derecho”, “seguirá trabajando hasta julio del 2026”.
Una vez más, Boluarte incumple sus compromisos políticos, ya que, como se recuerda, a raíz del masivo levantamiento popular que se inició días después de que Pedro Castillo fuera depuesto por el golpe parlamentario del 7 de diciembre del 2022, la actual presidenta se comprometió públicamente ante el pueblo peruano a promover un adelanto de elecciones para, a partir de ello, canalizar el gran descontento que genero su llegada al gobierno tras traicionar a Castillo quien la tenía como su vicepresidenta y como Ministra de estado.
Dina Boluarte y su premier Otárola, como bien lo han puesto en evidencia investigaciones periodísticas y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humano CIDH, son responsables políticos de la muerte de más de 70 civiles, quienes fueron víctimas de la brutal represión policial-militar ordenada desde el ejecutivo para acallar el último levantamiento popular que buscaba, precisamente, deponer a la actual presidenta golpista y acabar con la actual Constitución de 1993 a través de una Asamblea Constituyente.
Boluarte, proviene de las entrañas de Perú Libre (partido que llevo a la presidencia a Pedro Castillo) y contó en su momento con toda la confianza de Vladimir Cerrón, por eso se desempeñó como la tesorera de esta agrupación política de orientación reformista. Dina Boluarte también tuvo la plena confianza del exmandatario Pedro Castillo, por eso ostento el cargo de vicepresidenta de la República y luego se desempeñó, durante la corta gestión del docente cajamarquino, como Ministra de estado. Sin embargo, y como lo viene poniendo también en evidencia las investigaciones periodísticas, la actual presidenta desde buen tiempo atrás habría sido parte del plan golpista construido por la derecha parlamentaria, los grandes medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación y el empresariado.
Es por esa razón que la principal “misión” de Dina Boluarte, ante el potente levantamiento popular que se inició después de la deposición de Castillo vía golpe parlamentario, era acallar, cueste lo que cueste, la fuerza de las movilizaciones que en su mejor momento llegaron hasta la ciudad de Lima en lo que se llamó “las tomas de Lima”. Para lograr este objetivo, Boluarte, quien a la fecha no cuenta con un partido político propio ni goza del respaldo popular (sino todo lo contrario), tuvo el respaldo pleno de la cúpula de las fuerzas armadas y policiales y, por tanto, del gran empresariado nacional y extranjero y de los partidos de derecha que controlan el Parlamento, poder del estado que, por cierto, también “goza” de una altísima impopularidad.
Hoy Boluarte habla con mucha seguridad de quedarse hasta el 2026 porque, más allá de las críticas de algunos sectores periodísticos hacia su pésima gestión, ella mantiene todavía el respaldo de los grandes empresarios, de las fuerzas represivas y de la derecha parlamentaria, quienes, por la profunda crisis orgánica que se vive en Perú, hasta ahora no han podido encontrar otra mediación política capaz de reemplazar en un eventual adelanto de elecciones a la actual presidenta nacida del golpe parlamentario.
La bronca social contra Boluarte y contra el Congreso no puede esperar hasta el 2026. Es fundamental retomar la lucha por echar a la presidenta golpista y asesina y porque esta, junto al resto del ejecutivo y los miembros de las fuerzas represivas, sean sancionados ejemplarmente por las muertes de los más de 70 civiles acaecidas durante el último levantamiento popular. Es fundamental retomar la lucha por imponer desde la movilización, y a partir de la auto organización obrera, campesina y popular, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que acabe con el odiado régimen del 93 de herencia fujimorista, y nos habrá las puertas hacia un gobierno de las y los trabajadores.
Para lograr ese objetivo es necesario impulsar la realización cuanto antes de un gran encuentro nacional obrero, campesino y popular, compuesto por delegados de estos sectores elegidos democráticamente en sus respectivas bases y no impuestos por las burocracias que controlan algunos sindicatos o supuestas instancias de representación social regional. En este gran encuentro nacional obrero, campesino y popular se deberá discutir y aprobar de la manera más democrática posible un plan de acción para retomar la lucha contra Boluarte y por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. |
