Este miércoles 21 de junio se dio a conocer este nuevo movimiento en el caso. Vuelven a estar vigentes 17 órdenes de aprehensión contra 16 militares -8 de los cuales ya están a disposición de la FGR- y el ex juez Ulises Bernabé, quien buscó refugio en Estados Unidos.

El anuncio de la FGR está plagado de hermetismo: no aclaró quienes ya están a disposición y quienes no, aunque una fuente cercana a El País sostiene que los primeros son elementos que siguen en activo y otra que ya están en la prisión militar de Campo 1, en Ciudad de México. Tampoco aclaró las causas por las que se libraron las órdenes de detención.

En agosto de 2022 la misma FGR había solicitado estas detenciones, pero luego las canceló. De acuerdo con La Jornada, esto se debió a conflictos entre el titular de la FGR Gertz Manero y la Unidad de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), liderada en ese tiempo por el fiscal Omar Gómez Trejo. Éste, en septiembre pasado, renunció y el gobierno impulsó para ese cargo a Rosendo Gómez Piedra, cercano al presidente López Obrador.

Mientras la defensa de los militares afirma que el caso es muy débil, Santiago Aguirre, el abogado que lidera la causa de los familiares de los normalistas desaparecidos, en entrevista a The New York Times afirmó que el gobierno de López Obrador posee pruebas sólidas contra los militares y que las órdenes originales de captura se cancelaron por la presión política de los militares.

“El presidente le informó directamente a las familias, es que en la acusación de un número tan alto de militares había generado molestia en el ejército. Eso había generado que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ordenara a su gente suspender algunas de estas órdenes”, sostuvo Aguirre al narrar una reunión de septiembre entre las familias de los estudiantes y el presidente.

Sin embargo, con el freno de las órdenes de detención parecía que el Ejército no se tocaba. La investigación de la comisión creada durante el gobierno de la 4T llegó hasta la entrada de los cuarteles pero no pasó más allá de la puerta.

La postura del gobierno resultaba doblemente problemática: por la trascendencia del caso, que había generado un amplio movimiento democrático a nivel nacional por la aparición con vida de los normalistas y que responsabilizaba al Estado y al PRI-PAN-PRD de la masacre en Iguala, y también porque fue una de las promesas de López Obrador al asumir en 2018, hace ya cinco años, y lo cierto es que el caso aún no se resolvió.

Quiénes son los buscados

Se sabe poco, pero al menos 12 de los 16 militares sobre quienes pesan las órdenes de detención son integrantes de la Fuerza de Reacción del otro cuartel de Iguala, el 27 Batallón de Infantería y dos uniformados estaban asignados al C-4, la central de comunicaciones y videovigilancia local.
Entre los 8 militares de los que no se dijo oficialmente dónde están se cuentan el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante de una de las dos guarniciones de Iguala, el 41 Batallón de Infantería, quien en agosto pasado era buscado por delincuencia organizada.

Otros 15 elementos del Ejército tenían orden de captura por desaparición forzada y delincuencia organizada. Pero ahora solo se les acusa de desaparición forzada, igual que al ex juez Ulises Bernabé.

El caso Ayotzinapa sin resolver, un pendiente de AMLO

La reactivación del caso se da justo en el inicio no oficial de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2024, con el lanzamiento de las campañas de las corcholatas del Morena para conseguir la candidatura a contender por el poder ejecutivo.

López Obrador se debate en la contradicción que él mismo creó: prometió la vuelta de los militares a los cuarteles y justicia para las familias de los normalistas de Ayotzinapa y no cumplió ninguna de las dos, mientras otorgó al Ejército y la Marina cada vez más poder, con el mantenimiento de tareas de seguridad pública, el control de las aduanas, del nuevo aeropuerto, del Tren Maya, por nombrar solo algunas de las nuevas tareas que controlan las fuerzas armadas.

Pero, aunque se juzgue y se condene a un puñado de militares por el caso de Ayotzinapa -cosa que se ve difícil- los responsables políticos, civiles y militares, siguen impunes y libres, como Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional y Enrique Peña Nieto, el último presidente del PRI.

El problema son las fuerzas armadas como institución, cuya función principal es garantizar la “paz social” para el florecimiento de los negocios capitalistas, sea abiertamente con el garrote como pasó en Iguala o en Tlatelolco, o sea con la zanahoria, como responsables de la distribución de vacunas durante la pandemia por covid-19.

Por eso, la justicia para Ayotzinapa no se logrará en los tribunales o con reuniones con el gobierno.

La única manera de imponer juicio y castigo para los responsables de la masacre y de la desaparición forzada de los normalistas es poner en pie un nuevo movimiento democrático contra la militarización, independiente del gobierno y de todos los partidos del congreso, encabezado por los familiares y organismos de derechos humanos, pero del que participen organizaciones sindicales, de trabajadoras y trabajadores, organizaciones sociales y políticas, que con la lucha y la movilización imponga el regreso de los militares a los cuarteles.