Un aval explícito a las políticas que en casi cuatro años dejaron un tendal de víctimas a manos de la Policía Bonaerense, desde las familias sin techo de Guernica a casos como los de Facundo Castro, Daiana Abregú, Lolo Regueiro y tantos más. Si el kirchnerismo vuelve a ganar en la provincia, ¿Berni seguirá siendo el ministro de “Seguridad”? ¿Lo sucederá otro cultor y ejecutor de la mano dura?

Si algo queda claro es que Axel Kicillof no necesitaba llegar hasta las 23:59 de este sábado para confirmar que, junto a Verónica Magario, irá por la reelección a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Tan es así que en el mediodía del domingo, a pocas horas del cierre de listas, ya difundió su primer spot de campaña, con una duración de cuatro minutos veinticuatro segundos y un trabajo de edición que llevó varios días. Todo estaba arreglado.

En la pieza audiovisual titulada “Los invito a seguir avanzando derecho al futuro”, el mandatario sintetiza su “balance” de gestión. Allí utiliza el término “derecho” para llamar a las y los votantes a reelegirlo, ya que con él supuestamente se garantizarán derechos que (se deduce de su propio mensaje) aún no están garantizados, como el derecho a la “dignidad”, a la “educación” o al “desarrollo”.

Hay un pasaje del spot que merece una mención especial. Es cuando dice: “Elegimos el camino del compromiso, del trabajo, de la dedicación para que podamos aspirar a una provincia más segura, más ordenada y una fuerza policial más preparada y también más humana”.

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Si de algo sabe el kirchnerismo es de construir relatos semiológicamente pensados. No es nada casual que en su primera comunicación de campaña el Gobernador ponga a la llamada “seguridad” como uno de sus primeros ítems de gestión, antes incluso que la educación, la salud y el trabajo. Ir a la pesca de un sector del electorado, preponderantemente de “clase media”, que con regularidad ve en las balas la solución a los problemas de violencia social, parece ser objetivo primordial.

Kicillof afirma que aspira a una provincia más “segura” y “ordenada”. Y que para eso trabaja con dedicación en pos de tener una Policía “más preparada y también más humana”. Mientras dice todo eso, se ven imágenes de patrulleros de la Bonaerense en acción y a él saludando a comisarios y caminando sonriente (aunque con barbijos) junto a Sergio Berni.

Premio a la obediencia

Vale recordar que hace apenas dos semanas Berni había manifestado su intención de acompañar en su precandidatura presidencial a Daniel Scioli, uno de los adversarios más altisonantes del kirchnerismo durante la etapa previa al anuncio de la fórmula de “unidad” de Sergio Massa y Agustín Rossi. Es que, alejado desde hace tiempo del núcleo duro kirchnerista (del que fue parte durante casi treinta años), el confeso derechista venía registrando el descenso de la performance electoral del oficialismo. Y a su vez, en los últimos tiempos su futuro dentro del gobierno de Kicillof no estaba del todo asegurado.

Pero todo puede cambiar. De hecho, lejos de pegar un portazo ante el cierre de las listas de Unión por la Patria y la consiguiente bajada de Scioli y su boleta, Berni terminó quedándose con el primer puesto en la lista de precandidatos a diputados bonaerenses por la Segunda Sección electoral de la provincia. Se trata del conjunto de distritos de la zona norte del Gran Buenos Aires que integra, entre otros, el partido de Zárate, donde su esposa Agustina Propato apuesta a quedarse con la intendencia.

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“Gobernabilidad”

La reivindicación pública y apologética de Kicillof para con Berni, más aún en su primer spot de campaña, no hace más que confirmar lo que desde este diario y desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad se sostiene desde el mismo momento en que el ministro de Seguridad asumió en su cargo: que Berni es garante de la llamada “gobernabilidad” de la temeraria Policía Bonaerense.

¿Pero qué implica esa gobernabilidad? Ni más ni menos que un pacto no escrito pero conscientemente asumido por ambas partes. De un lado, una de las fuerzas represivas más descompuestas y asesinas del país se compromete a mantenerse “tranquila” y a las órdenes del Gobierno. Por otro, los funcionarios políticos brindan cobertura e impunidad ante cada hecho criminal protagonizado por los uniformados, desde el cotidiano manejo del gran delito (narcotráfico, contrabando, trata de personas, juego clandestino, desarmaderos, etc.) hasta el gatillo fácil, las torturas y muertes en comisarías y no pocas desapariciones forzadas.

Como se recordará, la Bonaerense incumplió su parte del “acuerdo de gobernabilidad” en septiembre de 2020, cuando sus efectivos se sublevaron en reclamo de mejores ingresos. Por culpa de la cuarentena estricta, llevaban meses sin gozar de millonarias recaudaciones ilegales. Por eso, blandiendo sus Bersa 9 milímetros, durante días rodearon la Casa de Gobierno de La Plata y hasta la Quinta de Olivos. Finalmente Alberto Fernández metió mano en la Coparticipación Federal y le dio más de $ 35 mil millones a Kicillof para que tranquilizara a la tropa (lo que llevó a Horacio Rodríguez Larreta a romper su “amistad” con Alberto y denunciarlo ante la Corte Suprema por sacarle parte de la partida coparticipable a la CABA).

Pero quienes sí cumplieron a rajatabla con su compromiso fueron Kicillof y su ministro. Para comprobarlo alcanza con poner en el buscador de La Izquierda Diario palabras clave como “Sergio Berni” o “Policía Bonaerense”. Es un hecho incontrastable. En estos años la lista de hechos que demuestran la criminalidad de la Policía y su impunidad brindada por la gestión del Frente de Todos es diversa e inabarcable para los fines de esta nota. Lo que sigue son algunos botones de muestra.

Guernica. La represión a cientos de familias sin techo que, en medio de la crisis provocada por la pandemia, ocupaban un predio abandonado en el partido de Presidente Perón, fue brutal. Niñas y niños corriendo entre las balas de goma y los gases policiales, casas precarias incendiadas o destrozadas por topadoras, escenas que recorrieron el país y mostraron a Berni en la primera línea del desalojo violento. Mientras, el gobernador Kicillof mandó a otro ministro, Andrés “Cuervo” Larroque, a hacerle la segunda al represor intentando quebrar la lucha de miles de familias por una vivienda. Muchas de esas familias siguen luchando por sus viviendas y no dejan de denunciar el ataque estatal del que fueron víctimas.

Desapariciones y muertes. Durante la cuarentena decretada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner a raíz de la pandemia de Covid-19, la Policía Bonaerense (al igual que el resto de las policías del país) conquistó un empoderamiento pocas veces visto en las últimas décadas. Dueña de las calles y las rutas, la fuerza también se creyó dueña de la vida de las y los habitantes de la provincia. Y así torturó y mató. Y lo siguió haciendo, claro, una vez levantado el llamado “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En casi cuatro años, los casos más emblemáticos de esa avanzada son las desapariciones forzadas seguidas de muerte de Facundo Astudillo Castro (Villarino), Francisco Cruz y Carlos Ibáñez (ambos en Florencio Varela); las balaceras contra Brandon Romero (Mar del Plata), Lucas Verón (La Matanza), Jonathan Morales (Garín), Alan Maidana (Berazategui), Fernando Leguizamón (Quilmes), Luciano Olivera (Miramar); las muertes por torturas en comisarías de Franco Cardoso (Tigre), Alejandro Martínez (San Clemente), Germán López García (San Pedro), Daiana Abregú (Laprida); los falsos “accidentes” de Lito Costilla (La Plata), Esteban Vella Bosarelli (Chivilcoy), Agustín Méndez (General Rodríguez).

Todos esos casos y muchos más que no llegaron a ser “noticia” se inscriben en la llamada “violencia institucional”. Pero en rigor no son más que los crueles extremos de la violencia estatal a través de sus brazos armados. Una violencia cotidiana garantizada, al menos en esta etapa, por el accionar del Gobierno del Frente de Todos . En esos y tantos otros casos la gestión de Kicillof tuvo un activo rol con el fin de tolerar, ocultar, encubrir y proteger a los criminales; lo que incluye “negociar” culpabilidades con los asesinos más expuestos, poner abogados pagos por la Gobernación a defenderlos y realizar mil maniobras para desviar investigaciones judiciales.

Puerta 8. A principios de febrero de 2022 al menos 24 personas murieron en el barrio Puerta 8 del partido de Tres de Febrero. Habían consumido cocaína adulterada con un opiáceo que derivó en una toxicidad letal. Muchas personas más resultaron hospitalizadas con graves consecuencias. El caso conmovió a todo el país y tuvo trascendencia internacional. Más allá de las peroratas autojustificatorias del ministro Berni, los testimonios y acusaciones del vecindario apuntaron sin dudar a la relación estrecha entre narcotraficantes, Policía, empresarios, punteros políticos y Poder Judicial. Tras la tragedia, encima, la propia Bonaerense detuvo a algunos laburantes del barrio y les armó causas para vincularlos al hecho.

Represión en Gimnasia. La muerte de César “Lolo” Regueiro la noche del jueves 6 de octubre del año pasado fue provocada por una brutal represión de la Bonaerense contra miles de hinchas del club platense que habían concurrido a ver un partido de fútbol. Muchas personas resultaron heridas (Rodrigo Arballo perdió un ojo) y hubo detenciones arbitrarias de gente que, incluso, no había ido a la cancha. Se dijo de todo sobre el caso. Y pese a que quedó en evidencia un manejo irregular con las entradas de parte de Gabriel Pellegrino (quien dirigía en ese momento el club), la furia represiva fue tal que hasta un camarógrafo de TyC Sports fue baleado a quemarropa. ¿Qué hicieron Berni y Kicillof en el caso? Así lo definió recientemente la propia familia de Regueiro ante La Izquierda Diario: “Nos mintieron y encubren a los culpables”.

Otra vez contra los sin techo. Poco antes de la medianoche del pasado jueves 8 de junio efectivos de la Bonaerense arremetieron contra vecinos y vecinas del barrio El Peligro de La Plata (225 y 424). Durante más de una hora la Policía atacó un proceso de toma de tierras deshabitadas, disparando balas de goma contra familias con niñas y niños y se llevó a varios detenidos. Al día siguiente, la escena se repitió a 150 kilómetros de la capital provincial. Fue en Zárate, donde hace meses decenas de familias reclaman una vivienda digna ocupando un predio en desuso. Además de la brutalidad policial, el dato es que ese operativo estuvo encabezado nada menos que por el propio ministro de “Seguridad”. Claro, es el territorio que pretende gobernar su esposa.

Estos pocos ejemplos pueden complementarse con un hecho incontrastable. En casi cuatro años de gestión el Frente de Todos le dio más poder a la Policía y encubrió sistemáticamente sus “excesos” criminales. Mientras tanto, pese a la duplicación de efectivos de la fuerza (de 45 a 90 mil) promovida por los últimos tres gobiernos (Scioli, Vidal y Kicillof) la violencia en las calles bonaerenses nunca baja.

Más allá de las campañas oportunistas de la derecha reaccionaria y sus escribas, que quieren solucionar todo con más balas y cárceles, es real que los crímenes del narcotráfico y las consecuencias que sufre la clase trabajadora por robos violentos siguen siendo parte del paisaje marcado por la degradación que provocan las políticas sostenidas durante años que aumentan la pobreza, el hambre y el saqueo de las riquezas sociales.

Aún resuena en la memoria la trágica muerte del chofer de la Línea 620 Daniel Barrientos, la madrugada del 2 de abril, mientras manejaba su colectivo en Virrey del Pino, La Matanza. Una de las postales del caso fue la trompada que se comió Berni en la Avenida General Paz de parte de un grupo de compañeros de Barrientos. Buscando descomprimir la bronca, la Bonaerense detuvo a dos hombres de la zona y Berni los acusó directamente de haber sido parte del robo letal. Al mes fueron liberados ya que no sólo no había pruebas en su contra sino que las propias familias de los acusados demostraron que estaban muy lejos de la escena del crimen. El caso sigue impune.

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A este Sergio Berni reivindica en su primer spot de campaña Axel Kicillof. A este derechista cultor de la mano dura le acaban de dar un privilegiado lugar en las listas de Unión por la Patria . Contra este represor vienen luchando cada vez más sobrevivientes, familiares de víctimas y organizaciones sociales y de derechos humanos no cooptadas por el kirchnerismo.

El próximo viernes 30 a las 11 de la mañana habrá en la Legislatura Bonaerense una Audiencia Pública para denunciar muchos de los casos arriba señalados. Con el título “Contra el gatillo fácil, la impunidad estatal y la represión a la juventud”, desde las bancas del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad convocan a la reunión junto a la seccional Tigre de Suteba y la familia del joven Gabriel Duarte, asesinado en abril por una banda narco protegida por la Policía y el poder político local. Allí estará La Izquierda Diario para contarte lo que se denuncia y qué se propone. Allí, lógicamente, no estarán ni Kicillof, ni Berni ni otros funcionarios cómplices.