A raíz de la vuelta de la lucha de clases en Jujuy (paros, cortes de rutas y manifestaciones) se viene escribiendo (y hablando) mucho sobre los negocios que hay detrás de la Reforma de la Constitución de Morales y el PJ. En particular sobre el nuevo “oro blanco”, el litio.
Aunque no todo lo que mueve a la Reforma es litio, y tampoco la Reforma por sí misma explica el profundo malestar que ha colmado calles y rutas de Jujuy, sí se puede decir que el caso del litio esgrime un símbolo del futuro en disputa: si continúa o se de vuelta el esquema de “una provincia (y país) rica con trabajadores pobres”.
El 12 de mayo el grupo australiano Allkem se fusionó con la norteamericana Livent creando el quinto consorcio minero más grande del mundo. Esta es la cabeza visible de la compañía Sales de Jujuy, donde participa como socio la Toyota y en forma minoritaria la estatal Jemse.
En la red de proveedores encontramos a grupos de constructoras locales ligadas a la obra pública como Jumi SRL, Villanueva e Hijos, Corralón Mercado. Tame (transportadora, propiedad del presidente del PJ, Rubén Rivarola), Trans Gol, Aconcagua o Ferretería Industrial Ferigutti. Empresas de colectivos, Jama Bus, Balut Hnos o Evelia. Y el que no podía faltar, el grupo Ledesma, que en 2021 firmó un acuerdo con Livent y se ubica como el principal proveedor de soda cáustica y ácido clorhídrico en la industria nacional del litio.
Hay otros grandes jugadores fichando para jugar en la primera del litio. No quieren quedarse afuera del partido. Techint (Rocca), la familia Bulgheroni (quien recibiría miles de hectáreas de cateo) o el grupo de Villa-Manzano, Integra, que ya desembarcó en Minera Aguilar y ya cuenta con 243.000 hectáreas de salares en Jujuy y Catamarca.
Este último caso, es propio de una novela de bandoleros en la Puna del escritor, Héctor Tizón. Integra se hizo de la minera que decidió liquidar otro pulpo mundial, Glencore (socio de Vicentin). Fue un fraude al pueblo y a los mineros que como se corroboró, sostenían que la mina aún poseía mineral para continuar en operaciones. Gobierno provincial, nacional y AOMA hicieron el trabajo sucio y permitieron 700 despidos a principio de 2020. Sin embargo, todo vuelve. Con la reactivación los mineros reactivaron sus protestas por la falta de materiales de protección de trabajo (RPP), están en conciliación obligatoria, y AOMA tuvo que movilizar hacia los cortes de ruta junto a las comunidades originarias y marchas de antorchas en San Salvador, exigiendo la caída de la Reforma, “si esta Reforma sigue, nosotros no vamos a poder volver a protestar”, afirman los trabajadores. Esto es otro indicio de que la clase obrera no va a aceptar mansamente el consenso de los que pretenden hacer del país un nuevo Potosí. Los cateos mineros y solicitud de mina en la provincia se duplicaron en los últimos tres años (2023-2021) respecto a 2020-2018.
Son estos mismos actores económicos los que han salido en público a defender la Reforma de la Constitución. Y acto seguido, han puesto el grito en el cielo condenado las manifestaciones del pueblo trabajador. Está claro que para ellos, la “paz social”, es silencio y sumisión ante el saqueo. Bajo la promesa que de esta (única) forma el “mercado proveerá la prosperidad”.
Sus interlocutores políticos, son los mismos que impulsaron la Reforma. Gerardo Morales, un lobista incansable de las mineras, el PJ en su versión jujeña y nacional, con Rivarola, Eduardo Wado de Pedro y Sergio Massa, estos dos últimos, encabezando delegaciones a Estados Unidos o negociaciones con China, las dos potencias que disputan el litio en la región.
Para todos ellos, el pueblo trabajador tiene que aceptar que la única opción es elegir a las y los partidos del centro y un poco más, y así ayudarlos a lograr un 90% de los votos. Juntxs y todas las alas del Frente de Todos (Unión Patriótica) comparten este objetivo. La excepción es el Frente de Izquierda de Myriam Bregman, Nicolás Del Caño y en Jujuy donde junto a mis compañeros convencionales constituyentes, Alejandro Vilca, Natalia Morales y Keila Zequeiros rechazamos la Reforma y presentamos un anteproyecto para terminar con el saqueo del litio.
Con ese consenso ellos dicen que podrán otorgar lo que pide el gran capital, “seguridad jurídica” y "paz social", y así echar a andar sus negocios, a la espera del “derrame” para los de abajo.
Pero si hay algo que cambió ante tanto jolgorio de dólares y promesas de inversión es que el pueblo trabajador y las comunidades originarias dijeron basta. Y con sus acciones de protesta pusieron en jaque la sociedad de la UCR y el PJ que en las elecciones del 7 de mayo alcanzó un consenso del 70%. A ellos ya no les será tan fácil a las mineras y a sus partidos seguir como antes. Aunque intentarán, como es su costumbre, ofrecer “espejitos de colores” a las comunidades, un operativo que arrancó Alberto Fernández recibiendo al Tercer Malón de la Paz en la Casa Rosada. Y así dividir a las comunidades entre sí y mediante las burocracias sindicales respecto de los mineros, docentes, etc. El desenlace de esta crisis aún está abierto. Hay fuerzas para derrotar la Reforma y todo lo que ella implica. Por eso, está en juego la reorganización de la clase trabajadora y de las comunidades originarias bajo una estrategia para vencer. Recuperar el litio bajo su propio control y planificar democráticamente su producción en respeto de la naturaleza. Como dice el refrán, “No te rías nunca de un coya”.
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