Yolanda Díaz, líder de Sumar, ha anunciado una nueva propuesta electoral de Sumar: la herencia universal de 20.000 euros para jóvenes que cumplan 18 años. La propuesta, si fuera implementada, implicaría que de los 18 a los 23 años, las y los jóvenes serán asesorados y finalmente a los 23 recibirían esos 20.000 euros para “inserción laboral, formación o emprendimiento”, independientemente de sus recursos o clase social. La medida, dicen desde Sumar, se financiaría con un impuesto a las grandes fortunas, por lo que argumentan que se trata de una forma de redistribuir la riqueza. La clave, como lo expresó Iñigo Errejón, es “promover el emprendimiento” otorgando 20.000 euros a cualquier joven para que pueda labrarse un futuro.

Meritocracia y demagogia interclasista

La medida de Sumar es una propuesta que busca apelar a las y los jóvenes de la clase trabajadora y de los sectores populares a partir de la lógica de que un “pequeño empujón” les permitirá “emprender” y tener un futuro. Pero los problemas de la juventud no tienen que ver con que no pueda “emprender”, sino con que según el INE el paro juvenil ronda el 30%, las tasas universitarias son impagables, miles de estudiantes se quedan fuera de la FP por falta de plazas, los únicos trabajos disponibles para la mayoría de la juventud son trabajos basura y el sistema capitalista, con sus crisis, sus guerras y su crisis ecológica, lo único que promete a la juventud es un futuro catastrófico.

Pero, además, Sumar quiere convencernos de una medida demagógica e interclasista como si fuera un derecho universal legítimo, ignorando que recibir ese dinero no es lo mismo según la posición social de quien lo percibe. ¿O acaso es lo mismo recibirlo siendo el hijo de un empresario o de profesionales acomodados, que siendo hijo de una familia obrera que a duras penas llega a fin de mes? Díaz quiere hacernos creer que ambos podrán aprovechar igual el dinero y así “mejorará la igualdad de oportunidades”. Pero es obvio que la situación no es la misma para un joven al que sus padres le pueden pagar la universidad, incluso enviarlo a una privada, que para quien no puede pagarse la universidad o que tiene que mantener uno o dos trabajos precarios al mismo tiempo que se esfuerza por estudiar.

La medida recuerda a los cheques escolares de Esperanza Aguirre o de Isabel Díaz Ayuso. Esta última aumentó el límite de renta familiar necesaria para optar a becas escolares de 30.000 euros en bachillerato y 60.000 euros para FP a 107.739 euros de forma general. Ayuso apelaba en aquel momento a la libertad de elección de centro y su consejero de Educación a inyectar dinero en las clases medias. Argumentos similares a los de Sumar que apelan a la imaginación y libertad de los jóvenes para elegir sabiamente donde formarse o invertir para tener la vida resuelta. Es decir, es una medida que acrecienta la privatización de los servicios públicos, en este caso de la enseñanza superior. Ya que en vez de que el Estado garantice que la Educación (o por caso la Sanidad) sea un servicio público gratuito, de calidad, y accesible para todos, se trata a los jóvenes como “clientes” e incluso se propone orientarlos para invertir mejor sus recursos.

Ante las primeras críticas recibidas, los defensores de Sumar argumentan que la medida no se entiende por “falta de costumbre” o que “es lo mismo a que un rico vaya a un hospital público”. Sin embargo, no es así. La sanidad pública es un derecho adquirido, parte del salario indirecto que recibe la clase trabajadora, fruto de su lucha y organización histórica, que además se ve permanentemente amenazada por los capitalistas y los gobiernos, incluido el “progresista”. La “herencia universal” es una dádiva demagógica sacada de la galera para las elecciones.

La lógica de Sumar tiene más que ver con el ideario liberal del “emprendedor” -es decir, de quien quiere progresar viviendo de un negocio en el que explote a otros-, que con la redistribución de la riqueza. Una idea profundamente reaccionaria que va de la mano de toda la cantinela meritocrática de que el que fracasa es porque no se esforzó lo suficiente o no tuvo la “astucia” para superar los obstáculos. Por ello la medida se acerca peligrosamente al nuevo culto a la competitividad capitalista y a la “mentalidad de tiburón” que tanto promueven los influencers de extrema derecha en la juventud.

En caso de aplicarse una medida así, los hijos de la burguesía y las clases medias tendrán un regalo para darse algún capricho o invertir en una start-up, pero la mayoría de la juventud trabajadora no tendrá más remedio que usar esos 20.000 euros para intentar cubrir unos alquileres cada vez más altos, que su familia llegue a final de mes o en tratar de acceder a una educación cada vez más elitizada y prohibitiva para la clase trabajadora.

La desigualdad de oportunidades de la que se parte no se resuelve con una dádiva de 20.000 euros otorgada por igual al rico y al pobre, sino con medidas de fondo que ataquen los privilegios de los capitalistas. Pero esto es justamente lo que Yolanda Díaz no se propone hacer (ni se propuso hacer en cuatro años de Gobierno con el PSOE).

Lo que el Gobierno progresista no ha hecho por la juventud

Con esta medida Díaz espera ganarse el voto joven, como si pudiera ocultar todo lo que el Gobierno de coalición no ha hecho para cambiar la penosa situación que vive la juventud trabajadora. O, dicho de otro modo, lo que si ha hecho para que nada cambie. Como la reforma laboral de Díaz, festejada por igual por las burocracias sindicales, la CEOE y el PP, que mantuvo lo peor de las contrarreformas anteriores como el despido barato, mientras ha logrado aumentar los despidos en contratos indefinidos y ha aumentado el pluriempleo, los contratos de un día y las jornadas parciales, siendo la juventud la más afectada por esta situación.

O el funesto Estatuto del Becario, aprobado desde el ministerio presidido por Díaz, que supone que sigan sin pagarse las prácticas, que las empresas puedan seguir usando a los becarios como mano de obra gratuita, que apenas coticen y que no se les reconozca como trabajadores. Un Estatuto al servicio de las empresas y en contra de una juventud sigue haciendo prácticas no remuneradas mientras la pobreza crece. Una juventud que no puede independizarse de sus padres por los altos alquileres, salarios de miseria y precariedad.

Pero la crisis de la vivienda no le interesa a Sumar, quienes apoyaron una ley de vivienda que no ha resuelto ni una pizca esta situación. Y si Díaz quiere hablar de formación, se referirá a la universidad privada a la que su Gobierno ha seguido alimentando mientras recortaba financiación y libertades en la universidad pública->https://www.izquierdadiario.es/Se-aprueba-la-LOSU-una-ley-universitaria-a-la-medida-de-las-empresas-y-la-casta-universitaria].

¿Impuestos a las grandes fortunas? Cuéntate otro

Sumar dice que los recursos para que se implemente esta medida provendrán de un impuesto a las grandes fortunas. Pero ¿acaso esta genialidad de que los ricos paguen no se les ocurrió estos últimos cuatro años? ¿Por qué tendríamos que creer que quienes destinaron muchísimo más dinero a la guerra y el militarismo que a la defensa de los servicios públicos ahora van a ponerse firmes con el IBEX35? Pues no deberíamos. A pesar del exceso de retórica con medidas como el impuesto a las energéticas y los bancos, el Gobierno del PSOE y UP no hizo más que operaciones cosméticas que no han atacado en lo más mínimo los intereses de los ricos y grandes empresarios.

Por eso, la propuesta de Sumar es una nueva impostura. Esta definición no es fruto del fanatismo, sino de la experiencia reciente. Porque eso es lo que sucedió con tantas otras promesas de campaña en años anteriores: la derogación efectiva de las reformas laborales del PSOE y el PP, la derogación de la Ley Mordaza, de las reaccionarias leyes de extranjería, un salario mínimo acorde a la inflación y no por debajo de ella, la prohibición de los desahucios, la reforma del poder judicial, y un largo etcétera de “medidas estrella” que se estrellaron. ¿Por qué? Porque incluso siendo tibias medidas reformistas, los capitalistas y sus personeros políticos se oponen con uñas y dientes a ellas, y sus supuestos defensores no están dispuestos a luchar por conquistarlas.

Esto es así porque, como dice Josefina Martínez a propósito de un debate sobre la reducción de la jornada laboral, este es el resultado inevitable de “una política que considera a las y los trabajadores como base de maniobra electoral, pero estratégicamente busca la armonización de clases con la patronal y no el enfrentamiento”.

Luchar por un futuro para la juventud

Para que la juventud trabajadora y de los sectores populares tengan un futuro, para que puedan disfrutar de una vida que valga la pena ser vivida, tener acceso al trabajo, al arte, a la cultura, a poder viajar y conocer, y también a divertirse sin que la repriman y criminalicen, no necesitamos promesas de migajas que ni siquiera es seguro que cumplan, sino un programa de lucha: por una educación pública, totalmente laica y gratuita en todos sus niveles, con becas y ayudas para las rentas bajas, suficientemente financiada mediante impuestos a las grandes fortunas y empresas; por terminar con la precariedad laboral y por repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, para que trabajemos menos y trabajemos todas, sin bajar los salarios; por la actualización automática de los salarios de acuerdo con el IPC y un sueldo mínimo de 1500 euros; por terminar con los desahucios, expropiar los pisos vacíos en manos de la banca y los fondos buitre y que haya vivienda para todos con alquileres accesibles; por servicios públicos de calidad para todes, entre otras medidas urgentes.

Como plantean nuestros compañeros de Contracorriente y Pan y Rosas, un programa para luchar por un futuro para la juventud, para terminar con los privilegios de los capitalistas y construir una sociedad libre de explotación y opresión.