El conflicto comenzó con la Casa Blanca solicitando consultas al gobierno mexicano en marzo, bajo amparo del Capítulo 9 sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (CMSF) del T-MEC, argumentando el carácter poco científico en el que supuestamente se basa el decreto contra el maíz transgénico para incentivar al gobierno mexicano a echar atrás su política.
Desde un mes antes, el gobierno modificó el decreto para evitar prohibir toda la importación de maíz transgénico, sino solo la del destinado para consumo humano, es decir, que continúa aceptando, sin una fecha límite propuesta, este maíz para alimentar al ganado. Esto, a pesar de que existen estudios que abren la posibilidad del uso de glifosato -que sirve para evitar el crecimiento de mala hierba y como control de plagas de cultivos transgénicos, pues los cultivos orgánicos no resisten el uso de este pesticida- en cultivos destinados a alimento para animales cuya carne después será de consumo humano y que podría afectar la salud al igual que el consumo directo de esta sustancia.
Sin embargo, en la retórica se conservó la idea de acabar con el uso de este maíz como objetivo final, estableciendo enero de 2025 como fecha límite para continuar importando maíz transgénico para consumo humano.
Esto no conformó al gobierno estadounidense, quien el 2 de junio amenazó con llevar el problema a un panel de discusión bajo el Capítulo 31 del T-MEC. Esto es relativamente nuevo en el marco del Tratado, pues anteriormente Estados Unidos imponía aranceles para apretar al socio comercial y obligarlo a doblegarse, pero ahora se hace a través de paneles que deciden cuál de las dos partes tiene razón y en base a ello aplica las respectivas sanciones.
El conflicto escaló, pues en esa misma semana el gobierno de Canadá declaró su apoyo a Estados Unidos. Probablemente la posición de Canadá se deba a que la canola que exporta a México es de origen transgénico, aunque el decreto menciona que sólo se refiere al maíz y específica que “la canola, la soya, el algodón y el resto de las materias primas no quedan sujetas a esta regulación”.
Su defensa se basa en que comparten la idea de que la legislación mexicana carece de fundamentos científicos y es discriminatoria contra el maíz extranjero. Con la unidad de las dos potencias americanas contra México, éste tiene más probabilidad de perder en el panel de discusión.
Por lo pronto, las tres representantes de comercio y economía de los tres países: Katherine Tai por Estados Unidos, Mary Ng por Canadá y Raquel Buenrostro por México, se reunirán el 6 y 7 de julio en Cancún, México, para participar en un encuentro en donde intercambiarán acerca de los sectores de energía, automotriz y minería, además del maíz transgénico, bajo la premisa de que México no cumple cabalmente con los lineamientos del T-MEC.
¿Y por qué la proscripción contra el maíz y los productos transgénicos?
Estudios científicos han revelado que el glifosato causa cáncer en el cuerpo e incluso Estados Unidos llevó a juicio a Monsanto, multinacional de productos transgénicos, y condenó a la empresa alemana por el uso del glifosato que causó cáncer al granjero Edwin Hardeman en 2019.
Los defensores del maíz transgénico argumentan que tiene una mayor producción y puede acabar con el hambre en el mundo, pero es cuestionable el hecho de que la división del mundo capitalista actual le deje el producto transgénico a los pobres mientras la producción orgánica se vuelva exclusiva para quienes puedan pagarla. Quienes menos tienen, son también los que padecen la falta de acceso a la salud, y se ven condenados por las grandes empresas agrícolas de transgénicos y sus gobiernos a ser los conejillos de indias que comprueben los efectos del glifosato en el cuerpo humano.
Otro argumento en defensa de las importaciones de maíz transgénico es el de que los trabajadores campesinos en Estados Unidos verán coartada su fuente de ingreso y esto los llevará a la pobreza, en lugar de brindar alternativas para que los campesinos y granjeros reciban mayor pago por producir alimentos seguros para el sector agropecuario y el consumo humano.
El presidente de México ha mostrado su enojo por la negativa de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a iniciar una investigación conjunta en torno a los daños que causan los alimentos transgénicos, lo que sin duda hace falta, pues hay estudios que comprueban un daño orgánico real en seres vivos por el uso de glifosato; sin embargo, apela a los gobiernos coludidos con las grandes empresas agrícolas y no a los trabajadores y consumidores a quienes realmente afecta.
El 30 de junio, López Obrador implementó aranceles contra alimentos transgénicos, aunque sólo aplican a los provenientes de Sudáfrica, Brasil y Argentina, pues el tratado con los vecinos del norte impide que sean aplicables a ellos.
Además, el 3 de julio la Secretaría de Salud publicó un proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) para prohibir el uso de maíz transgénico en la elaboración de tortillas.
Pero ni las normas, ni los decretos funcionarán sin la fuerza de la organización de las y los trabajadores de los tres países, unidos en la lucha por alimentos sanos y para exigir el presupuesto necesario para llevar a cabo una investigación científica seria en el uso del glifosato y el consumo de los productos transgénicos.
Las y los jornaleros son quienes pueden encabezar esta lucha, apoyados por el resto de trabajadores, quienes organizados pueden ejercer paros y huelgas que pongan en jaque a las grandes empresas de alimentos transgénicos, como Bayer-Monsanto, Cargill o Syngenta; que sólo ven por sus ganancias sin preocuparse por las consecuencias que puedan tener sus productos en el organismo de los seres vivos. | 
