Por la tarde del jueves escribí en mis redes sociales una reflexión surgida de una jornada particularmente ardua. “Gran parte del trabajo de une psicólogue consiste, en estos días, en ayudar a desarmar el sentimiento de frustración producto del mandato empresarial de la competencia, el éxito y el mérito. Una sociedad que avasalla de tal forma a las personas merece (sí, merece) ser transformada revolucionariamente.”
Pero la realidad avanza más rápido que las reflexiones.
Un par de horas más tarde ese mismo jueves una compañera me reenvió un video viralizado: en él se ve que es de noche y un hombre está desnudo en la calle; está desnudo, quieto, de pie y con las manos cruzadas delante; lo rodea un grupo de 11 policías, lo tiran al suelo, lo golpean una y otra vez, le dan patadas en la espalda, le ponen la cabeza contra el asfalto.
Al parecer fue en Merlo, durante la madrugada. Los vecinos llamaron al 911 al ver la situación de este hombre deambulando desnudo. El resto se ve en el video. Busqué información, pero no encontré datos de qué fue de esa persona luego de ser torturada de esa manera.
Tortura. No hay necesidad de llamar las cosas por otro nombre que el que tienen. Tortura.
Analizando a las patotas represivas
Primero deberíamos tener en cuenta que lo que se difunde como un hombre en situación de padecimiento mental es algo que hay que tomar entre pinzas. Un hombre puede estar desnudo en la calle por muchos motivos diferentes. ¿Cómo sabemos si ese hombre desnudo tiene un episodio maníaco, si está en una situación de brote, si sufrió un abuso, si está en situación de intoxicación por alguna sustancia? Requiere cierto trabajo: se establece contacto humano, se contiene, se pregunta, se habla, se evalúa. Cualquiera puede hablar y contener a una persona que, en principio, está vulnerable y así ganar tiempo hasta que se presente un trabajador de salud mental. Pero la evaluación de si se trata de una persona que necesita asistencia en salud mental sí corresponde a una trabajadora o trabajador de salud mental. Es, otra vez, sencillo: socialmente tenemos herramientas y trabajadores formados para abordar estas situaciones.
Pero, al parecer, vecinos que conocían al hombre sabían que en este caso en particular sí había un padecimiento. Vamos a tomar como válido este supuesto. Porque el hombre estaba desnudo y la desnudez pública es una de las imágenes de mayor indefensión y vulnerabilidad en nuestra sociedad.
En el video no se ve a ningún trabajador de salud, sólo a un grupo de policías que atacan a un hombre. Y ese es el primer hecho violento. Se violó el primer derecho del hombre que fue detenido, porque no se le brindó asistencia. En cambio, se aplicó sobre él una sesión de tortura.
Protocolos
“Pautas de intervención para las Fuerzas Policiales y de Seguridad en situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o con consumos problemáticos en el espacio público”. Así se llama el protocolo que difundió el Ministerio de Seguridad en su resolución 843/2022 del 13 de diciembre de 2022.
En esa resolución se plantean una serie de puntos que, de acuerdo con la ley nacional de Salud Mental 26657, deberían cumplir todos los miembros de una fuerza armada en el abordaje de una persona que sufra (o se presuma) un padecimiento mental. Información sobre sus derechos y procedimientos, trato digno, uso racional de la fuerza, determinación de riesgos, contacto respetuoso, comunicación pertinente, comunicación con un equipo de salud, mantener a la persona abrigada, solicitar testigos. “El uso de las estrategias verbales tranquilizadoras debe continuar durante la contención física, a fin de reducir la agitación de la persona afectada y la violencia de la situación”. Esas son algunas de las indicaciones.
Leí esta resolución en la página del Ministerio de Seguridad, en formato virtual, pero de todas formas le cabe la frase hecha: puro papel mojado. Nada de todo eso sucedió en este caso. Excepto una cosa: “La inmovilización de las personas alteradas en posición prona (boca abajo) incrementa el riesgo de asfixia y de muerte”. Lo que figura como advertencia en la resolución, los policías torturadores lo tomaron como recomendación.
Pero hubo un punto que me demostró el carácter de la resolución. En el punto 3.3.2 se dice, expresamente, que el personal armado debe hablar de forma respetuosa y comprensiva y no hacer chistes ni utilizar el sarcasmo. Ahora se entiende todo: no es sólo un protocolo de actuación policial, es un manual para enseñar reglas básicas de humanidad. Dicho de otra forma: si es necesario decirle a un policía que debe tratar como humanos a otros es que el policía no lo sabe de entrada. Dicho de otra forma aún: el Ministerio de Seguridad asume que sus matones no manejan las mínimas normas de convivencia en sociedad.
No es legítimo argumentar que esto se trata de un policía, o de once policías individuales. Es una constante del accionar de las fuerzas represivas. Y tanto es así, tan asumido lo tiene el Estado, que se ve en la obligación de dejar por escrito que sus miembros son torturadores crueles a los que hay que restringir expresamente en su accionar. Matones torturadores y armados. Que patrullan los barrios humildes ejerciendo la mayor de las crueldades, que es atacar institucionalmente y en grupo a quienes más vulnerables están.
Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, había dicho hace meses, cuando la policía baleó al cantante Chano, que los miembros de la fuerza no son improvisados, sino gente preparada en el uso de la violencia. Tiene razón: los policías no cometen excesos, sino que ejercen su fuerza tal cual como lo pide la institución. Ya sea para mantener el orden que necesitan los patrones, para amedrentar, violentar y asesinar cotidianamente (como con Santiago Maldonado, con Facundo Castro o con Luis Espinoza), para reprimir una protesta social (como en Jujuy), para defender la propiedad privada (como en Guernica), en todas esas situaciones el accionar violento de las fuerzas represivas siempre tiene una orientación de clase: al servicio de la burguesía, contra el pueblo trabajador.
Berni sabe lo que dice. Porque él es responsable directo del accionar de la bonaerense. También lo sabe Kicillof, su jefe político, que lo mantiene en el cargo porque le es funcional a los intereses que resguardan. También lo saben Patricia Bullrich, Martín Lousteau, el PRO en su conjunto, y Leandro Santoro de UP, que defienden el uso de las picanas TASER.
No se trata de educar a los represores. Se trata de acabar con un sistema que excluye a millones, que los deja a la deriva, vulnerables, que golpea y violenta y asesina.
A la vista de este último hecho y a la vista de que no se destina presupuesto para salud mental, que se da vía libre a la especulación de empresas de salud y laboratorios privados, que se permite la precariedad de contrataciones de trabajadoras y trabajadores del sector, que no hay planes para incluir a las comunidades en el tratamiento y contención de sus miembros más vulnerables, que los tratamientos se ven reducidos a ofertas farmacológicas o directamente represivas, que los servicios están vaciados de trabajadores, que no hay planes serios y con presupuesto para la prevención y promoción, yo debería ampliar lo que dije en mi posteo previo. Hoy gran parte del trabajo de quienes nos dedicamos a la salud mental consiste en repudiar toda situación de violencia, abuso, opresión y explotación. Consiste también en arrancarle a las patronales y su Estado el presupuesto para salud mental que la ley ordena, que se amplíen los servicios de promoción y prevención en salud, que haya presupuesto para planes integrales, que se termine el lucro privado y todo centro de salud mental sea parte de un sistema mayor público, gratuito y de calidad; es decir, luchar activa y revolucionariamente contra este sistema que (des)trata así a millones. No educar a las fuerzas represivas, porque ya están educadas en su finalidad y función de ir contra el pueblo trabajador.
Porque, como dice Trueno en la versión de Ya no sos igual, “no soy amigo de los que cooperan, los quiero fuera, fuera, fuera”. |
