La pena de muerte en Chile - aplicada en la justicia civil- fue abolida en el año 2001, pero aún se mantiene en la justicia militar. Matthei, el pasado Lunes manifestó la “necesidad” de utilizar este método para disuadir y enfrentar a la delincuencia.

La derecha en general históricamente ha defendido la premisa, de que mientras más castigo, menor delincuencia existirá, lo cual no es la realidad, son los propios organismos internacionales por una parte quienes se niegan a su utilización, producto de que es una medida que potencia la discriminación debido a que se aplica con mayor rigurosidad hacia los sectores de la sociedad más empobrecidos, suele potenciar sistemas judiciales corruptos y es falso de que estadísticamente disuade los crimenes.

Además de ser utilizada contra las mal llamadas minorías, como étnicas o de las diversidades sexo genéricas, también se ha utilizado contra quienes poseen otras creencias políticas e incluso religiosas de quienes diseñan las reglas del juego.

Matthei, no solo, se precipitó a dar esta “propuesta”, sino que reivindicó haber sido una de las “pocas”, que votaron en contra de eliminar esta pena de la justicia ordinaria, como también en su momento se negó a la ley de divorcio junto a su partido o a la implementación de la llamada “pastilla del día después”, para defender la vida, ¿ironía?.

Su sector político, es el que se ha autodenominado como “pro-vida”, un concepto que se utiliza totalmente a conveniencia, según el momento político y dependiendo de qué vida es de la que se habla. Porque, si esa “vida”, nace en la pobreza, con falta de oportunidades, sin acceso a una educación gratuita y de calidad, donde el sueldo alcanza para algo más que sólo sobrevivir o tratar de llegar a fin de mes, de por sí, ya tiene menos valor no solo en la escala social, sino que en la escala moral que defiende Matthei y toda la derecha ligada a la élite, al empresariado y a los altos mandos de las FF.AA.