Sebastián “Nino” Largueri fue secuestrado y torturado por policías de la comisaría de Monte Caseros el 14 de agosto de 2015. Quince días después su cuerpo apareció en el río Miriñay. Un juicio anulado con la recusación del juez por “parcialidad”. Recién ocho años después, los oficiales imputados fueron llamados a declarar por la nueva magistrada. Conversamos con Anahí Andrade, su hermana quien, pese a las amenazas y la permanente persecución, continúa exigiendo justicia por Nino y por todos los pibes víctimas de la violencia estatal.
Anahí Andrade reside en Monte Caseros, ciudad ubicada a 402 km de la ciudad de Corrientes. Es hermana de Sebastián “Nino” Largueri, joven de 23 años que fue secuestrado, torturado y asesinado por efectivos policiales de la comisaría comunal, entre los días 14 y 30 de agosto de 2015.
“El poder político en Corrientes hizo silencio total con el caso de Nino y el partido que gobierna hace silencio”, afirmó la hermana del joven asesinado, en una extensa charla que brindó a La Izquierda Diario. En la provincia gobierna la alianza Eco + Vamos Corrientes. Juan Carlos Álvarez es el intendente de Monte Caseros; Gustavo Valdéz dirige la gobernación. Al momento del crimen de Nino, Miguel Olivieri manejaba la ciudad y Ricardo Colombi la provincia. “Nunca se expidieron en un reclamo de justicia, de solidaridad”.
Desde aquel momento, la vida de Anahí tomó un camino impensado: la lucha por el esclarecimiento de lo sucedido con su hermano y la exigencia de justicia se transformó en su faro, convirtiéndose en una voz referente en la pelea contra la violencia estatal. Conversamos con Anahí sobre la causa y la trama de complicidad policial, judicial y política que rodea al caso; la violencia que ejerce el Estado contra los jóvenes de las barriadas populares y la necesidad de organizarse colectivamente.
El caso
Sebastián “Nino” Largueri estaba en la casa de un amigo cuando, el 14 de agosto de 2015, cuatro policías de la comisaría de Monte Caseros se lo llevaron detenido por un supuesto robo. Los oficiales eran Roberto Aguirre, Walter García, Ramón Goin y Cristian Ibalo.
No era la primera vez que Nino sufría la violencia policial. “En julio lo retiré del hospital, Nino me dijo que la Policía lo había golpeado en un descampado, que le habían puesto un arma en la cabeza y le dijeron que le iban a disparar si no corría. En la desesperación corrió y se chocó un árbol, lastimándose el hombro izquierdo. Me dijo que los policías le dijeron que molestaba mucho en las calles y que lo iban a matar”, detalló Anahi durante la charla.
Cuatro días antes que lo secuestraran Nino iba a denunciar a la Policía por hostigamiento: querían que robara para ellos. “El caso de mi hermano es un calco del de Luciano Arruga o el de Omar Cigarán”, denuncia su hermana. El día que se presentó en Tribunales, el fiscal de turno no llegó.
Varios testigos que vieron a Nino entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de agosto y dieron su testimonio en la causa, afirmaron que se encontraba deambulando malherido, con signos de golpes y muy asustado. “Un empleado rural de la citrícola Piloni lo vio llegar por las vías. Lo conocía de la Iglesia; le preguntó qué le había pasado y mi hermano le contó que recién se había escapado de la Policía y le dijo que si lo encontraban lo iban a matar. Este hombre lo ayudó con ropa, le dio mate y a eso de las 6 de la mañana Nino escuchó una radio -en el campo se manejan por radio- y se asustó pensando que era la Policía y se fue”, relató Anahí.
La misma descripción realizaron unos soldados que viajaban en un Unimog y se cruzaron a Nino en la mañana del 15 de agosto en un campo de Ejército. “Declararon que Nino iba corriendo detrás del camión, que le dieron agua y le preguntaron qué le pasó. Nino les mostró que tenía un oído supurando, un ojo hinchado, muy golpeado y les dijo que la Policía le había hecho eso. Les pidió que lo llevaran al pueblo, pero ellos le respondieron que no podían llevar gente que no fuera de la zona militar”. En base a lo incorporado al expediente, luego el móvil militar se cruzó con efectivos policiales a quienes le informaron sobre Nino. “Es obvio que lo volvieron a buscar”, dice Anahí.
Nada se supo de Nino hasta el 30 de agosto, cuando su cuerpo fue encontrado en las aguas del Río Miriñay, a 15 kilómetros de Monte Caseros.
“Demasiadas irregularidades”
Según consta en el acta de defunción, a la que accedió La Izquierda Diario, la causa de muerte de Sebastián fue caratulada como “asfixia por sumersión”. Un dato del mismo certificado, que contrasta con los testimonios de quienes vieron a Nino por última vez y las fotos sacadas al cuerpo, es que este no presentaba golpes externos ni internos. “En las fotos se veían moretones en el brazo, en las piernas y en la espalda”, explica su hermana. Así mismo, según el acta, la fecha probable de muerte data del 23 de agosto.
Para la familia no hay dudas de que a Nino lo mantuvieron detenido ilegalmente en la comisaría. “Las actas están todas truchadas, se ve como si estuvieran escritas por una sola persona, cuando sabemos que se hacen a medida que va cambiando la guardia. Pareciera que una sola persona hubiera estado de guardia cinco días seguidos”.
Junto a esas irregularidades, que se vuelven prácticas habituales para encubrir todo tipo de delitos cometidos por la Policía, también se constató el invento de un acta de tránsito que colocaría a los policías acusados en otro lugar, atendiendo un supuesto accidente, en el mismo momento en que desapareció Nino.
Juicio
En mayo de 2019, gracias a la lucha de la familia Largueri, el juez de instrucción Eduardo Alegre elevó a juicio la causa contra los policías Aguirre, García, Goin e Ibalo, acusándolos de los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejámenes agravados. Pese a que se los procesó, en verdad nunca investigó realmente la muerte de Nino. Ya la familia vislumbraba la sombra de impunidad y encubrimiento del Poder judicial que rodearía al caso.
El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Penal de Paso de Los Libres. En la tercera audiencia el tribunal anuló el proceso y envió el caso nuevamente al juez de instrucción pra que amplíe la imputación contra los agentes por homicidio calificado. Pero Alegre no hizo lugar al planteo de la instancia superior.
“Alegre llamó a otras personas que no tenían nada que ver y sostuvo que los policías no le daban sospechas suficientes para indagarlos sobre el homicidio de Nino, cuando fue el mismo juez que los procesó por el secuestro y la tortura”, afirmó Anahí. Para la familia, el juez los quería hacer creer que el secuestro y la tortura eran hechos aislados al homicidio. “Pedimos la inspección ocular pero como dijeron que el río estaba crecido no hicieron lugar. Lo mismo hicieron con una rueda de reconocimiento donde varios testigos reconocieron a los policías; terminaron bajándola”, sostuvo la hermana a este medio. Recién en 2022, luego de que la familia de Nino lo recusara, Alegre fue apartado de la causa por “parcialidad”.
Tuvieron que pasar ocho años después del crimen para que los imputados fueron llamados por primera vez a indagatoria por la nueva magistrada de la causa, Elsa López. Aguirre, García, Goin e Ibalo, que se encontraban en libertad y en uso de sus funciones, se negaron a declarar. En esta oportunidad sí fueron imputados por el delito de homicidio calificado por la calidad de autor, que suma a los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la modalidad, vejámenes agravados por la modalidad de la realización; todos en concurso real.
A pesar de la nueva calificación, los policías siguen libres y en funciones, algo que Anahí considera al menos “insólito”, sobre todo con las “reglas de conducta” que les fueron impuestas a los acusados: “No acercarse a la familia y presentarse a firmar del 1 al 10 de cada mes. Estas reglas no nos dan garantías de nada. Ellos se van libres, haciéndonos burlas y gestos en nuestras caras, custodiados por la propia Policía”. Por la gravedad de los delitos, la querella solicitó la inmediata detención de los cuatro.
“Estoy más firme que nunca”
Anahí y su familia comenzaron a transitar un camino no sólo lleno de obstáculos judiciales. Como familia recibieron todo tipo de amenazas: “Me los cruzaba todo el tiempo. Walter García llegó a sacar un arma frente a mí en un casino, en una zona céntrica. Y tengo hecha una denuncia por amenazas contra una oficial, pero nunca le dieron curso. Son todos cómplices”.
Por si fuera poco, a Anahí le armaron tres causas por supuestas amenazas. Fue llevada a juicio y la condenaron a un año de tareas comunitarias. “Es increíble lo que nos han hecho y nos hacen. Nosotros necesitamos la visibilización del caso, acá en Monte Caseros estamos muy aislados y nos costó mucho. A mí me costó mi salud. Trataron de todas formas de meterme miedo, pero acá estoy, más firme que nunca”, sentencia con firmeza.
Ante el pedido permanente de verdad y justicia por Nino, a lo largo de estos años Anahí se ha convertido en una voz referente en la visibilización de los casos de violencia estatal que ocurren en la provincia. “Acá también hubo otras muertes, como la de José Enciso, que lo torturaron en la comisaría de Monte Caseros, lo mandaron a la Penitenciaría de la capital y murió en el hospital. Lo querían hacer cargo de un robo, fue después de lo de mi hermano”, relata Anahí.
Durante la pandemia, junto a su abogado, Anahi ayudó a muchos pibes. “Acá todavía rige el código contravencional, te paran y te levantan por cualquier cosa, por averiguación de antecedentes, por merodeo, por portación de rostro. En la pandemia arrasaron los barrios”, denuncia. Y agrega que muchos de esos pibes perseguidos, que son jóvenes de los barrios más pobres, los amenazaron con “hacerles lo mismo que a Largueri”.
Junto a Nino, Mariano Barrientos en el arroyo Limita (2014), Lautaro Rose en la Costanera (2021), Héctor Ezequiel “Manchita” García y José María Candía en el Unidad Penal 1 (2021), por nombrar nombres de pibes muertos a manos de la policía correntina. Nombres propios que se suman a una gran lista de víctimas de todas las fuerzas represivas a lo largo del país. Una política sin grietas más allá de quién gobierne, que el Estado necesita para mantener “el orden” mientras impone la degradación de la vida de los sectores populares y así lo entiende Anahí.
“Corrientes es una de las provincias más pobres, las escuelas se caen a pedazos, los hospitales, la gente tiene que ir a otras localidades porque no hay ibuprofeno en el hospital. Y sin embargo invierten millonadas para lo que es seguridad, para la Policía y todas las fuerzas represivas.
Es la metodología que tienen para tener a nuestros pibes disciplinados, pobres, ignorantes. Para seguir usándolos para gobernar con el miedo, para usarlos para la venta del menudeo en los barrios. Los hostigan y persiguen hasta que no dan más y no les queda otra que laburar para ellos, hacer el trabajo sucio”. Por Nino y por todos los pibes, Anahí no baja los brazos.
