Este 19 de julio, en diversas regiones del Perú se desarrollaron movilizaciones y acciones de protesta contra el gobierno golpista y represor de Dina Boluarte, responsable político de casi 70 muertes y de miles de heridos que dejo la brutal represión policial-militar ordenada por el ejecutivo para acallar el levantamiento popular de diciembre (2022) y enero (2023).
Una vez más, el descontento de la población volvió a expresarse en las calles y plazas de diversas ciudades del país. Durante la llamada Tercera Toma de Lima la demanda generalizada entre los manifestantes se expresó en la consigna ¡fuera Dina asesina!
El actual gobierno, que llego como consecuencia de un golpe parlamentario contra Pedro Castillo promovido por los sectores más reaccionarios del país, es responsable de casi 70 asesinatos y miles de heridos que dejo la represión implementada por efectivos de la policía nacional y el ejército, quienes actuaron por órdenes de Boluarte y su premier Otárola para parar el levantamiento popular que se inició en Perú días después que Castillo fuera destituido por el desprestigiado Congreso de la República.
Hoy el ejecutivo encabezado por Boluarte, junto al Parlamento, son los poderes del estado más odiados por la población: en regiones de la sierra sur y centro, por ejemplo, su aprobación no supera el 5%. Existe, por tanto, una deslegitimación muy grande de las principales instituciones del estado, lo cual abona a la profunda crisis orgánica del régimen político de 1993 instaurado por Fujimori.
La destitución de Castillo a manos de los funcionarios que encabezaban estas instituciones estatales (mas allá de que si Castillo era o no responsable de las faltas y delitos que se le imputan), ha contribuido mucho a profundizar ese descredito de un sector importante de la población en la llamada “clase política”, por esa razón, miles irrumpieron en las calles en el pasado levantamiento popular que termino siendo brutalmente reprimido por Boluarte, y es la razón de fondo que hoy ha llevado a que un sector importante de jóvenes, campesinos del interior del país y trabajadores de diversas regiones se movilicen espontáneamente exigiendo la caída del gobierno.
Si bien la jornada de lucha nacional de este miércoles 19 de julio fue convocada por diversos gremios y organizaciones de la izquierda reformista, en la práctica lo que primó fue la espontaneidad y la bronca contenida de la población contra un gobierno al cual perciben como continuista, autoritario y asesino. No se vio, por tanto, una participación organizada de la clase obrera de sectores estratégicos como los obreros de las grandes minas o de los trabajadores de servicios importantes como los puertos o del transporte urbano de las grandes ciudades, como Lima por ejemplo. Por tal razón, no se pudo concretar una paralización real de las actividades económicas, que era la principal preocupación de los empresarios y del gobierno, razón por la cual durante los días previos al 19 de julio desplegaron una agresiva campaña para descalificar la lucha y para boicotearla a través del endurecimiento de medidas represivas.
Esto ocurrió porque desde la CGTP y las otras centrales sindicales, controladas por la burocracia sindical, jamás se dieron una política de preparar democráticamente la participación de los trabajadores en esta jornada de lucha. Nunca se convocó a un evento nacional donde se asegure la participación democrática de los sectores representativos de la clase obrera para, allí, aprobar un plan de lucha para derrotar con la movilización a Boluarte.
Lejos de ello, días antes del 19 de julio, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, no tuvo el menor reparo en sentarse a negociar con el actual Ministro de Trabajo de Boluarte, la posibilidad que se restituya el Consejo Nacional del Trabajo, espacio que formaliza la conciliación de clases entre los representantes del empresariado, del estado y de la burocracia sindical.
A pesar de ello, en Lima se movilizaron -en su mejor momento- un aproximado de 8.000 personas durante gran parte del día y por diferentes sectores de la ciudad. Muchas personas bajaron hacia el centro de la ciudad a expresar su repudio a Boluarte y un sector importante trato de llegar al Congreso para manifestar también su rechazo a los 120 parlamentarios y parlamentarias que hoy, con tal de mantener sus cargos el mayor tiempo posible, se han convertido en los principales sostenedores del ejecutivo y a cambio de ello han visto incrementar significativamente sus gollerías e impunidad. Por la tarde la movilización fue reprimida por la Policía con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes de los alrededores del Parlamento.
En el interior del país las muestras de rechazo al gobierno también fueron importantes y se pudieron apreciar de manera desigual en diversas regiones. Según informó la Defensoría del Pueblo, en 64 provincias del interior del país se registraron movilizaciones y bloqueos de carreteras, lo cual equivale al 32% del total de provincias de todo el país. Por otro lado la Defensoría también dejo constancia que en 59 provincias del país se dieron marchas y concentraciones, dentro de las cuales podemos mencionar a provincias de la región Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua y Pasco.
Así pues, podemos inferir que con esta jornada de lucha del 19 de julio, desarrollada a nivel nacional, se podría estar abriendo un nuevo proceso de luchas sociales en el Perú donde el cuestionamiento a Boluarte se convierte en uno de los ejes más importantes. Sin embargo, no podemos perder de vista que, si bien es muy importante luchar para echar a Dina Boluarte del gobierno, el problema de fondo va más allá, ya que tiene que ver con acabar con todo el andamiaje político heredado del régimen del 93, el cual es uno de los principales baluartes en los cuales se sostienen los empresarios nacionales y el imperialismo para reproducir sus intereses en desmedro de la clase trabajadora y los sectores populares.
Por eso, no podemos ceder a los intentos de domesticación de la protesta que personajes liberales como Rosa María Palacios han empezado a lanzar a los manifestantes, aduciendo que la lucha en el Perú pasa hoy únicamente por recuperar la democracia y, por tanto, el eje central seria nuevas elecciones generales, dejando de lado la necesidad de pelear por una Asamblea Constituyente Libre y Democrática.
La única forma de echar a Boluarte es a través de la huelga general política. Para que esta sea posible es fundamental asegurar la presencia hegemónica de la clase obrera auto organizada y movilizada independientemente de la burocracia sindical y de los sectores empresariales. Es por eso que, frente al divisionismo impulsado por las más variadas burocracias sindicales, estalinistas, maoístas o indigenistas, es urgente exigir a todas las organizaciones movilizadas la convocatoria a un gran Encuentro de organizaciones obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles y más en general de todo el pueblo pobre para que sobre la base de un debate y una organización democrática, determinar no solo un programa unificado de lucha sino también los pasos a seguir hasta que caiga el régimen y el gobierno golpista. De este encuentro podrá surgir una Comando o Comité Nacional de lucha que pueda unificar y centralizar todos los esfuerzos para potenciar la movilización.
Desde este espacio daremos pelea también para imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, nacida de la movilización social y sostenida en espacios de auto organización obrera, campesina y popular, la cual permitirá que se exprese realmente la voluntad popular. Aquí sus miembros podrán ser revocables según la voluntad de sus electores, y cobrarán el salario de un trabajador calificado, terminaremos así con los privilegios de los actuales congresistas y evitaremos que se transformen en una casta política divorciada de las grandes mayorías como sucede actualmente.
Una Asamblea Constituyente de este tipo, es decir, con las facultades de intervenir y abordar todos y cada uno de los grandes problemas nacionales, sin restricciones de ninguna índole y sin la posibilidad de que instituciones del régimen fujimorista puedan vetar o rechazar sus resoluciones, es una Asamblea que puede permitir a las grandes mayorías trabajadoras y del pueblo pobre llegar al convencimiento de que solo con un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo podrá avanzarse en resolver las grandes demandas de trabajo, tierra, salud, educación etc. |
