1.
Este domingo 23 de julio se celebran las elecciones generales en el Estado español que definirán las Cortes y al nuevo presidente del gobierno. Un total de 37.466.432 personas están llamadas a votar este domingo, de las cuales 35.141.122 residen en el país y 2.325.310 en el extranjero.
El 1 de junio de 2018 se aprobó una moción de censura presentada por Pedro Sánchez del PSOE contra el entonces presidente Mariano Rajoy. El 13 de febrero de 2019 el Congreso de los Diputados rechazó el presupuesto propuesto por el PSOE para 2019, por lo que Sánchez convocó a elecciones anticipadas. Estas se realizaron finalmente el 28 de abril. Sin embargo, no se logró formar gobierno, por lo que las elecciones se repitieron en noviembre de 2019. Desde entonces, ha gobernado la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, con cinco ministerios para la alianza neorreformista. En estas elecciones, el bloque progresista se propone repetir la coalición con la nueva plataforma de la izquierda reformista encabezada por Yolanda Díaz, Sumar.
2.
La convocatoria a las elecciones del 23J fue el resultado directo de la crisis política abierta por el resultado de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, en las que la derecha avanzó a costa del desencanto con el “progresismo”. Ante el retroceso sin paliativos del PSOE y Unidas Podemos en las elecciones de mayo, que dejaron la mayor parte del territorio en manos de la derecha, Pedro Sánchez dio un golpe de efecto adelantando las elecciones generales, previstas para finales de año, al 23 de julio.
El avance de la derecha y el adelanto electoral de las generales al 23J acercan la posibilidad de un gobierno del PP y Vox también en Moncloa, mientras el “progresismo” plantea como salida una reválida de su gobierno de coalición en un marco político aún más conservador tras haber dejado sin resolver las principales demandas sociales y democráticas de la clase trabajadora y los sectores populares e incluso, en algunas cuestiones claves, haber asumido gran parte de la agenda de la derecha.
3.
La mayoría de las encuestas hasta el lunes (último día legal para que se pudieran publicar sondeos de opinión) dan por ganador al PP. Según el promedio de sondeos de DatosRTVE, el PP obtendría un 34,5% de los votos y 142 escaños. Si esto se confirma, serían 53 diputados y 14 puntos más que los obtenidos en las elecciones generales de 2019. Según este mismo promedio, Vox obtendría unos 36 escaños, por lo que ambos partidos sumarían 178 escaños, superando así en coalición la mayoría absoluta de 176, con lo que podrían formar gobierno.
El PP se ha esforzado en esta campaña por atraer a votantes de Vox desde la derecha y a votantes del PSOE desde el centro político, para lograr obtener una mayoría absoluta propia, sin depender del apoyo de Vox para formar gobierno. Hasta el domingo no se sabrá si será capaz de lograrlo.
Según este mismo estudio de Radio y Televisión Española, el PSOE quedaría en segundo lugar con un 28,5% de los votos y 106 escaños (14 diputados menos que ahora y casi el mismo porcentaje de voto que en 2019). Sumar, el proyecto neorreformista liderado por la actual vicepresidente y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, estaría disputando el tercer lugar, cerca del 12,8%, mientras que Vox podría quedar atrás en porcentajes, pero superarlos en escaños (36 para el partido de Santiago Abascal, 33 para la coalición de Yolanda Díaz). Si se confirman estos datos, Sumar quedaría por detrás de los resultados que tuvo Unidas Podemos en 2019, cuando obtuvo 35 diputados. De ser así, el bloque progresista no pasaría de 139 diputados, por debajo de los 155 que sumaron PSOE y Unidas Podemos en noviembre de 2019.
4.
Aunque las encuestas se han equivocado mucho en los últimos años, todo parece indicar el probable triunfo de la derecha. Aunque queda el interrogante de en qué medida dependerá la formación de gobierno del apoyo de Vox. En los últimos dos meses, el PP ha formado gobiernos municipales y autonómicos en coalición con Vox en más de 140 ciudades y regiones con un programa antiderechos, adelantando lo que puede venir después del domingo, con un gobierno de la derecha que buscará aplicar una agenda de mayores ajustes y ataques reaccionarios.
Al mismo tiempo, tanto las exigencias de la UE como el perfil cada vez más conservador tanto del PSOE como de la nueva marca del neorreformismo, Sumar, auguran que de repetirse el gobierno “progresista” también desplegará una agenda de ajustes y ataques. De hecho, el gobierno progresista ya se ha comprometido con la Unión europea a recortar 20.000 millones tras las elecciones.
5.
La campaña por el voto al “mal menor” para frenar a la derecha ha marcado estos dos meses. Una gran parte de la izquierda y los movimientos sociales la han hecho suya. Sin embargo, lo que surge de las tendencias electorales es que lo que ha facilitado el ascenso de la derecha es la experiencia de los últimos años de gobierno “progresista”, en el que se han mantenido lo esencial de las políticas neoliberales, la preservación del régimen del 78 y la Europa imperialista.
Esta dinámica es la que ha permitido que la extrema derecha y la derecha capitalicen en clave reaccionaria parte del descontento social con el gobierno, poniendo en el blanco a los sectores más precarios de la clase trabajadora y las migrantes, y apuntando especialmente de forma reaccionaria contra los derechos de las personas trans, LGTBI y el feminismo.
6.
Las decepciones y frustraciones con el gobierno progresista, en el marco del aumento de la inflación, la subida de las tarifas y los alquileres, la crisis habitacional, o la persistencia de leyes represivas como la ley mordaza, ha generado una amplia desafección política entre muchos que habían votado antes a la izquierda social liberal o a los reformistas.
La elevada abstención el 28M, en particular en los barrios obreros y zonas con peso del independentismo catalán, fueron una muestra de la creciente desafección existente con las dos grandes mediaciones políticas que surgieron como desvío del 15M y el procés catalán.
En el marco de una fuerte campaña de parte de los medios afines al gobierno y amplios sectores de los movimientos sociales y la izquierda institucional promoviendo el voto al bloque progresista, la mayoría de la extrema izquierda se ha divido entre llamamientos a votar al reformismo o no pronunciarse sobre la cuestión del voto. Organizaciones como la CRT, sin embargo, ha planteado la necesidad de defender una posición político-electoral de independencia de clase promoviendo el voto nulo o la abstención.
Ante el avance de la derecha y la bancarrota del “progresismo” en el poder, es urgente poner en pie una izquierda que defienda abiertamente un programa transicional anticapitalista, con eje en el desarrollo de la lucha de clases y la perspectiva de pelear por gobiernos de trabajadores y trabajadoras y una sociedad socialista. | 
