El complejo exportador sojero presenta características que lo diferencian del resto de las actividades agropecuarias: alta concentración, preponderancia de la propiedad extranjera y fuerte integración vertical. Todo ello ofrece el marco ideal para que las grandes empresas cometan fraude fiscal, contrabandeando y evadiendo el pago de impuestos, una práctica que significa el no ingreso de divisas, mientras el Gobierno se opone a tomar medidas de fondo beneficiando a un sector que nunca pierde.
Spoiler alert: son siempre las mismas empresas involucradas. Tal como se desprende de un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario , sólo 7 empresas representan el 84% de las toneladas operadas para granos y subproductos del complejo sojero en Argentina (poroto, harina, aceite, biodiesel, entre otros). Estamos hablando de Viterra SA, Cargill SACI, AGD SA, Molinos Agro SA, Louis Dreyfus SA, Bunge SA y y COFCO.
Sólo 5 de las empresas productoras mencionadas concentraron casi el 80% de la exportación de aceite de soja, 6 para el caso del 50% de la exportación de poroto y 5 representaron más del 73% de las exportaciones del resto de subproductos de soja (entre los que se encuentra el biodiesel). Estos números dan cuenta de lo fuertemente concentrado que se encuentra el complejo sojero en pocas empresas, la mayoría de ellas de propiedad extranjera.
Son esas mismas empresas las que, al integrar en sus estructuras productivas casi la totalidad del proceso de fabricación de los subproductos derivados de la soja, han ejercido todas las maniobras fraudulentas y delictivas que pudieran estar a su alcance. De acuerdo con un informe publicado por la Aduana -del cual mucho no trascendió en los medios hegemónicos-, en el cual se elaboró un ranking de los productos con mayor subfacturación de exportaciones detectada por la AFIP en comparación con lo declarado por los exportadores, los porotos (incluida la soja) ocupan el cuarto lugar, pero los aceites y grasas (incluido el de soja) ocupan el primer lugar si consideramos la diferencia en relación con el monto declarado. Ver gráfico debajo.
El complejo sojero ha sido denunciado en numerosas oportunidades por llevar adelante un circuito de contrabando que implica exportar granos sin declarar a Brasil, Bolivia y Paraguay, para luego, aprovechándose de los beneficios del Régimen de Admisión Temporaria de granos de soja para la fabricación de harina, aceite y biodiésel, reingresarlos al país, obteniendo como resultado el no pagar derecho de exportación y recibiendo al mismo tiempo cuantiosos subsidios. Para tener una idea de los volúmenes operados bajo esta modalidad, de acuerdo con una estimación hecha por la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, se movilizan todos los años alrededor de 3000 camiones mensuales de contrabando, durante la campaña de cosecha desde la región núcleo pampeana al norte de nuestro país (Paraguay y Bolivia), lo que representa una evasión de entre U$S 300 y U$S 500 millones mensuales. A este dato hace falta sumar el contrabando que se genera por la hidrovía Paraná - Paraguay a través de barcazas.
En marzo de 2023, el 65% de la soja procesada en Argentina tuvo origen en Paraguay y/o Brasil, algo impensado para el “granero del mundo”. Las exportaciones de poroto fueron de U$S 891 millones, mientras que las importaciones fueron de U$S 858 millones, e incluso de no haber sido por un aumento de precio en la harina de soja -que permitió obtener un leve saldo impositivo-, estaríamos hablando de una industria deficitaria.
Una práctica habitual en las exportaciones es la subfacturación. En el caso del aceite de soja, se lo declara como oleína (la cual es un residuo del proceso de elaboración de los aceites, un ácido graso), ya que su precio es un 70% menor al de aquél, pero además el beneficio que se obtiene reside en el tratamiento tributario que le cabe a cada uno, dado que la oleína permite ahorrar al exportador entre diferencial de derechos de exportación y obligación de liquidación de divisas hasta un 90% de carga tributaria en comparación al aceite de soja. Evasión impositiva (de las tantas que existen) que genera fuertes pérdidas en términos de recaudación para el fisco. Uno de estos casos de adulteración fue el denunciado por la Aduana por un envío de 80 toneladas de aceite de soja a Chile en octubre del año pasado, caso del cual no trascendió la firma denunciada.
La harina de soja tampoco está exenta de esta trama delictiva. La Justicia Federal falló en septiembre de 2022 en favor de la Aduana por una causa de contrabando por una cifra cercana a los U$S 30 millones, por la que se estaba exportando harina que en la carta de porte figuraba como alimento balanceado para perros. El beneficio, al igual que en el resto de los casos, radica en que los productos declarados tributan derechos de exportación muchos menores (5% en vez de 35%).
Frente a esta batería de abusos y fraudes fiscales que cometen las grandes exportadoras (sólo en el año 2020 representó aproximadamente unos U$S 1900 millones para todos los productos del complejo sojero, por lo que la evasión en términos de derechos de exportación fue de más de U$S 600 millones), la justificación perfecta para llevar adelante un poderoso lobby es el contexto de la sequía, el cual fue de magnitud, en efecto, pero no para estas empresas.
Producción y exportación de aceite de soja
Si consideramos ahora los volúmenes de aceite de soja, la producción en Argentina (sequía mediante) proyectada para la campaña 2022/2023 se vio recortada en 7 millones de toneladas, de acuerdo con un informe publicado por el USDA. Sin embargo, esto no impidió que en este subproducto nuestro país mantenga una amplia ventaja por exportaciones en comparación con el resto de los demás países competidores: Brasil, con algo más de 2 millones de toneladas, y luego el resto (EE. UU, Rusia, Unión Europea, Paraguay, entre otros). Ver gráfico debajo.
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario
Según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el precio del aceite de soja comenzaría a mostrar una tendencia creciente en los próximos meses, dado que, más allá de los recortes en cantidad esperados como producto de la sequía, los principales competidores de Argentina (Brasil y EEUU) dedicarían su capacidad industrial al procesamiento de harina antes que de aceite.
En lo que respecta a la harina de soja, si bien la sequía significó una caída drástica de las exportaciones, la tendencia bajista se viene registrando desde la campaña 2013/2014 por lo que habría que buscar explicaciones que vayan más allá de los fenómenos naturales para entender el porqué del retroceso en las exportaciones de derivados. Sobre este tema en particular, un estudio de Martha Cuniberti y Rosana Herrero publicado por el INTA argumenta que en el período 1997-2018 la soja que se cosecha en la zona núcleo de la Región Pampeana habría perdido un gran porcentaje de valor proteico de manera “intencional”:
Estas pérdidas se trasladan al productor, que recibe un precio menor, a la industria, que disminuye su capacidad de molienda, y al país, por disminución de las primas de harina argentina, implicando una caída importante en los ingresos por exportación (...)
Según las autoras, con un tratamiento adecuado de suelos que incluya la rotación de cultivos y la alternancia entre soja de primera y de segunda, los porotos cosechados en la zona mencionada tendría otro valor proteico. De esa manera, la industria procesadora tendría una mayor posibilidad de contar con granos locales (antes que importados) para la elaboración de harina, aceite, biodiesel, entre otros.
Es por esto que tanto las maniobras de contrabando como la forma de cultivar la soja son parte de las explicaciones que estarían detrás de la causa de por qué la Argentina ha ido perdiendo su lugar destacado en la producción y exportación de subproductos derivados de la soja a nivel mundial. Es interesante además resaltar que buena parte del contrabando detectado está relacionado con lo que se conoce como "comercio intrafirma" (mediante el cual es la misma empresa la que vende de forma irregular desde Argentina a otra filial del mismo grupo en otro país), por lo que no deberían extrañar las maniobras denunciadas en la presente nota. Es mucho más rentable contrabandear parte de la cosecha y aprovecharse de las ventajas que implica su reingreso posterior (importándola como si no hubiese salido de la Argentina), más aún teniendo en cuenta que en nuestro país el control de facto del comercio exterior se encuentra en manos privadas.
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.
Biodiésel
La industria de biodiesel también presenta los mismos atributos: a pesar de haber alcanzado reconocimiento a nivel internacional por su capacidad instalada y por sus niveles de productividad, no ha logrado generar (ni tampoco ha sido promovido) iguales ventajas para el resto de la economía. Una actividad que, concentrada en un puñado de empresas altamente integradas, ha aprovechado esta situación para ejercer todo tipo de abusos de posición dominante a los competidores en la franja marginal, ya que el total de empresas productoras de biodiesel es de 37, pero tan sólo 6 concentran más del 65% del total de la producción.
La provincia de Santa Fe concentra el 80% de la producción de biodiesel en Argentina, y, a diferencia de lo que ocurre en EE.UU., la estructura productiva del sector atiende fundamentalmente el mercado exportador, por lo que las PYMES representan tan sólo un 20% del total del volúmen producido. Las principales empresas productoras son: Louis-Dreyfus, con una capacidad de aproximadamente 600 mil toneladas anuales, seguida por Patagonia Bioenergía SA (adquirida en parte por Pérez Companc en 2019) con 480 mil tn., Renova SA con 480 mil tn., Terminal 6 Industrial SA con 480 mil tn., Cargill SACI con 240 mil tn. y COFCO International SA con 240 mil tn. Tan sólo 6 empresas, de las cuales 4 son extranjeras.
De acuerdo con la resolución Nro. 947/2023 de la Secretaría de Energía de la Nación, la industria del biodiesel recibirá fondos por $1000 millones de pesos en concepto de créditos subsidiados para la adquisición de capital de trabajo. Por otro lado, según exige la Ley Nro. 27.640, el corte obligatorio para la elaboración de gasoil con combustibles “verdes” es del 7.5%. Es por ello que el Gobierno necesita sostener la oferta para garantizar esa cantidad de provisión, dado que además es la principal (y casi única) demanda de biodiesel en el mercado interno.
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.
Sin embargo, los grandes productores de biodiesel, al presentar una fuerte integración vertical que va desde la compra de granos de soja al productor y su procesamiento posterior (obteniendo pellet, harina, aceite, biodiesel, entre otros), se constituyen al mismo tiempo -por su capacidad ociosa- en proveedores de aceite de soja para las pequeñas plantas de fabricación de biodiesel, el cual se constituye en el principal insumo de este último (ya que representa cerca del 85% de su costo).
Es en este último punto donde se han recibido denuncias, ya que las grandes empresas exportadoras, al poder vender al exterior en dólares, usan el mismo precio de referencia para las ventas al mercado interno, generando que a las PYMES les resulte imposible sostener la producción, sobre todo porque estas últimas, al depender de la demanda interna, tienen sus ingresos en pesos.
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario.
Perspectiva general
Por último, haciendo un balance general del mercado de oferta y demanda para el Complejo Sojero, podemos observar una tendencia bien definida desde la campaña 2015/16 de sostenimiento de las importaciones de porotos, algo que, salvo dos campañas, se había mantenido en niveles muy bajos, incluso a pesar de excelentes cosechas como fueron las del 2018/19 y 2019/20, por lo que la argumentación de "Ah! Pero la sequía..." como justificación del aumento de la importación de granos, es totalmente falaz. Ver gráfico debajo (en millones de toneladas).
Fuente: Elaboración LID en base a BCR
Es precisamente en este contexto que se impone la necesidad de la expropiación de los 4000 terratenientes más grandes que integran el complejo sojero, terminando con la degradación socioambiental que el monocultivo genera, la creciente concentración de la riqueza, la falta de eslabonamientos productivos al resto de las actividades económicas y la declinación (intencionada) -tal como mostramos- de una industria que lejos está de ser motor de crecimiento y desarrollo de la Argentina primarizada. Es necesario, ahora más que nunca, nacionalizar el comercio exterior y los puertos, poniendo en función de las necesidades productivas y de los intereses de las mayorías las divisas que el sector agropecuario genera.
