Los cuatro magistrados de la Fiscalía que estuvieron al frente del magisterio público durante el juicio del procés, han vuelto a solicitar a la sala del Tribunal Supremo encargada del caso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pide de nuevo que se actualice la petición de orden de búsqueda y captura sobre el expresidente, que tras la modificación del código penal pactada entre PSOE y ERC, se le acusa ahora mismo por delito de rebeldía y malversación tras el referéndum de autodeterminación de Catalunya el pasado 1 de octubre de 2017.
Tras el reciente retiro de la inmunidad de Puigdemont su situación se torna más delicada debido a que los delitos por los que se emite nuevamente la euroorden sí tiene equivalencia en varios países europeos, y ahora sin inmunidad por miembro del parlamento europeo.
Además este nuevo giro judicial se torna clave tras los resultados de las elecciones generales de este 23J, que dejan a Junts per Catalunya como un partido clave en la reedición de un gobierno del PSOE.
Con 7 escaños, uno menos que en 2019, Junts acusa una caída mucho menor que ERC, y lo convierte en un actor central en los próximos meses para decidir la gobernabilidad del Estado español.
“Los votos de Junts no servirán para investir a Pedro Sánchez” ese fue el mensaje de Carles Puigdemont días antes de las elecciones y ayer se repitió en la sede de Junts. Aunque cabe señalar que la candidata Miriam Noguera matizó ante los medios nada más conocerse los resultados que “no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada”.
Pero a pesar de este escenario de extrema inestabilidad política que deja en el horizonte una repetición electoral, nuevamente el magisterio público vuelve a mostrarse intransigente con la cuestión catalana. A la petición de euro orden para Puigdemont (y Comín), hay que sumarle la detención y la toma de declaración en los juzgados a Clara Ponsetí este mismo lunes en Barcelona.
Son múltiples las lecturas que se pueden realizar de esta acción tan repentina de la Fiscalía. Pareciera de entrada que no es una acción que haya salido desde Moncloa, ya que como hemos comentado, la aritmética surgida de las urnas este 23J hace del partido de Puigdemont, una formación clave para las posibilidades de investidura de Pedro Sánchez.
Se podría pensar, por contra, que tras las declaraciones grandilocuentes de “amnistía y referéndum” que han salido estas últimas horas desde la sede de Junts, desde el partido socialista se ha querido marcar claramente una línea roja, incluso antes de iniciar las negociaciones, para dejar claras las cartas sobre la mesa.
Pero si bien es cierto que esta noticia tiene una lectura post electoral debido a los resultados del 23J, tampoco es de extrañar que desde la Fiscalía y en general con el apoyo de todos los agentes del Régimen del 78, se haya emitido una nueva euroorden de detención sobre Puigdemont. Y es que en los últimos años han sido varias las peticiones de extradición, por el momento, sin éxito. Es decir, ante la situación inevitable de que el PSOE tenga que llegar a un entendimiento con Junts, es posible que los actores más reaccionarios del Régimen, algunos también varones y ex varones socialistas, hayan marcado su línea roja antes de las conversaciones entre las formaciones políticas.
Cualquiera que sea la verdadera motivación que ha empujado a esta nueva petición de extradición de Puigdemont, lo queda patente es que la persecución sobre los líderes políticos y sociales y los activistas del procés catalán sigue más vigente que nunca. Ha seguido, sigue y seguirá también con una hipotética reedición de este gobierno “progresista”, que al igual que la derecha, tan solo ofrece cárcel y represión contra aquellos que lucha por el derecho democrático de autodeterminación.
Un situación más complicada para Puigdemont
El pasado 5 de julio, la Justicia Europea retiró la inmunidad del expresidente catalán con la que contaba por su puesto de eurodiputado, a cuya decisión los ministros del gobierno expresaron su satisfacción. La ministra de Justicia, Pilar Llop, señaló tras el anuncio que el Ejecutivo estaba “muy satisfechos” con la decisión del Tribunal General de la Unión Europea. En dicha comparecencia, la ministra del PSOE declaró: “Dejémonos de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la Justicia. Esa es su obligación como ciudadano”. Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, “Al señor Puigdemont se le paró el reloj en el año 2017 y le han dado la espalda tanto el Parlamento Europeo, como la justicia europea, como la justicia española, y sobre todo, lo más importante, le ha dado la espalda a la sociedad catalana”.
El PSOE, lejos de ser una opción progresista, se ha erigido como el mayor defensor del Estado Español contra el derecho de autodeterminación y las libertades políticas. En múltiples ocasiones durante la legislatura y durante la campaña electoral, el propio Presidente del Gobierno ha presumido del papel del PSOE y del gobierno progresista en lograr afrontar efectivamente el independentismo, que Rajoy no fue capaz de resolver.
La estrategia de “diálogo” tan efectiva de la que presume el gobierno para acabar con el movimiento de autodeterminación en Catalunya ha pasado por combinar los pactos con Esquerra Republicana y Junts, partidos que traicionaron el propio proceso de autodeterminación cuando el pueblo catalán salió a las calles a defender su libertad democrática; mientras ha dedicado esfuerzos en seguir atacando a los movimientos y las organizaciones políticas con infiltraciones policiales, como la reciente infiltración de una agente en grupo independentistas en Girona. | 
