En las últimas semanas, la muerte de una niña en un hospital del IMSS Quintana Roo, puso en evidencia el avance de la privatización en el sector salud, en tanto enfermeras, médicos y trabajadores de la salud han realizado protestas y paros en los últimos meses, denunciando los efectos laborales de IMSS-Bienestar así como la situación que se vive en las clínicas y hospitales.

¿Qué modelos de salud ha puesto en marcha el gobierno?

A 17 meses de que concluya el gobierno de Andrés Manuel, se realizaron reformas al modelo de salud. Primero, el programa de IMSS-PROPESPERA se convierte en IMSS-BIENESTAR en 2018.

A partir de ese año y hasta ahora en 2023, se han integrado gradualmente los estados a los servicios de Salud en varias entidades a nivel nacional.

Segundo, el Seguro Popular que estuvo operando en los últimos tres sexenios con el PAN y el PRI, pasó a ser el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) por decreto presidencial el 1 de enero de 2020.

A partir de agosto de 2022, el INSABI fue absorbido con IMSS-BIENESTAR con las modificaciones a la Ley General de Salud (LGS) que habían estado operando duplicando funciones y finalmente en abril de 2023 el Senado decreta su extinción para transferir todos sus recursos y funciones a IMSS-Bienestar.

De acuerdo con el plan de gobierno de Andrés Manuel, estos cambios en los modelos del sistema de salud estaban encaminados a garantizar la gratuidad y la universalidad que estableció la reforma a la LGS en 2019, así como avanzar en el proceso de federalización.

Analicemos los efectos de estas reformas en dos rubros: situación laboral y uso del presupuesto.

Situación laboral en el sector salud

Durante la pandemia se hizo evidente la grave crisis en la que se encontraba el sistema de salud pública en México, en la que médicos, enfermeras y trabajadores de la salud en conjunto, estuvieron en la primera línea luchando por salvar la vida de miles día a día sin contar con insumos, la infraestructura y el personal necesario.

Los problemas laborales que enfrentan los trabajadores fueron diversos, pero en ningún momento han sido cumplidas las promesas del gobierno. Y es importante señalar que al menos 60 % son mujeres médicas, enfermeras, administrativas, laboratoristas, quienes están al frente de la salud en México.

Tras 11 meses del inicio de la pandemia, comenzaron a crecer los despidos injustificados en el nuevo programa insignia del gobierno, el INSABI, pero también en el ISSSTE y en el IMSS. “Ayer éramos heroínas, hoy somos desempleadas” fue la denuncia que hicieron enfermeras que instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México; descontento que sigue creciendo por los abusos en sus derechos laborales.

El esquema de contratación que ha privilegiado INSABI e IMSS-Bienestar es por honorarios, por contrato, eventuales, de lista de raya, y con bajos salarios, por lo que en muchos casos tiene que trabajar en más de un lugar.

Aunque con las movilizaciones que se mantienen las autoridades de la SSA han salido a decir que serán “basificados de manera gradual”, sin embargo, el nuevo modelo tiene concordancia con el desarrollo neoliberal al mantener la precarización como pilar del nuevo esquema de atención. Y también demuestra que la generación de plazas es más un discurso que una realidad para los trabajadores de salud que desde hace más de una década piden ser basificados, derecho a la jubilación y prestaciones.

Con la carrera electoral abierta, lo cierto es que mientras está en llamas el sector salud, los candidatos siguen tomándose fotos presentando nuevamente al IMSS-Bienestar y la disolución del INSABI -sin esclarecer qué ocurrió con los 600 mil millones de pesos asignados para inversión en atención-, sin haber dado solución a las demandas de plazas

¿Y en qué se gasta el presupuesto?

Otra demanda importante del sector es el aumento al presupuesto en salud. A pesar de las múltiples necesidades que debieron cubrirse en materia de personal, insumos e infraestructura en la pandemia, y ahora quedan sus efectos, el presupuesto destinado en salud varió del 2.4 al 2.8 % del PIB, cuando el mínimo recomendado por la OMS de 6 %.

Con los gobiernos anteriores, los recursos destinados al Seguro Popular eran desviados con facturas falsas, sobre costos, equipos no adquiridos, entre otras formas, y no llegaban a las comunidades ni a la construcción de hospitales, clínicas, por lo que de manera gradual y sistemática se fue desmantelando el sistema de salud.

También empresas se fueron beneficiando de licitaciones que muchas veces no proveían de los insumos o estos eran de muy baja calidad por lo que ponían en riesgo la vida de los pacientes. Los casos fueron escandalosos como ocurrió con el gobernador Duarte de Veracruz.

Con este gobierno, los sobrecostos no fueron eliminados. Por ejemplo, en plena pandemia, la compra de 20 ventiladores en IMSS Hidalgo se justificó por 31 millones de pesos en el IMSS-Hidalgo.

Ahora con la transferencia de todos los recursos del INSABI al IMSS-Bienestar y en el ISSSTE, los trabajadores han denunciado que los recursos siguen usándose con adjudicaciones directas a empresas, lo que le cuesta millones de pesos a los derechohabientes y no reciben la atención que necesitan, poniendo en riesgo su vida.

El portal contralacorrupción.mx publicó datos importantes sobre las compras del gobierno del gobierno reportadas por Compranet.

Algunos de sus hallazgos es que se mantiene la tendencia de gobiernos anteriores de adjudicaciones directas y no licitaciones públicas, es decir, 7 de cada 10 contratos tiene este manejo.

Lo segundo es que hay 5 empresas en 2023 que concentran 374 contratos por más de 465 millones de pesos, algunas de ellas de reciente creación, entre ellas World diagnostic S.A. de C.V, que se creó en febrero de 2023 y tiene 31 contratos con 120 millones de pesos.

Otro problema que impacta en la atención integral de la salud y en garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores de salud es la privatización velada de los servicios ya que en lugar de construir hospitales, se rentan instalaciones a privados, despilfarrando los recursos públicos para la salud en hospitales que no serán patrimonio de los usuarios.

Ejemplo de ello es el Hospital General “Tláhuac” del ISSSTE que “ supuestamente se construyó para atender la pandemia y a derechohabientes. Cuenta con atención hospitalaria de tercer nivel y atiende 32 especialidades, que se brindan con personal del ISSSTE pero las instalaciones son privadas y la tarifa aproximada anual es por $804 millones 900 mil pesos (sin incluir IVA), de acuerdo a Proyectos De México.

“Pueblo, escucha, salud está en la lucha”

Tras 5 años de gobierno, se mantiene la deuda histórica con los trabajadores de la salud, pero también con la población en general al no garantizar el derecho a la salud con la gratuidad a más de 60 millones de personas.

La salud en México enfrenta una de las peores crisis sanitarias, agravada por la pandemia de Covid, debido a las políticas neoliberales que siguen presente en la política del actual gobierno y avanzan en el desmantelamiento de la salud pública y atacan el derecho a la seguridad social y a derechos laborales plenos con la precarización laboral, la falta de presupuesto, la irregularidad de los recursos y beneficios empresas.

Las protestas de los trabajadores de salud comenzaron durante la pandemia y pusieron al descubierto que la salud es un negocio y no un derecho humano. Y aun contando con la tecnología y medicamentos, personas siguen muriendo por enfermedades que podrían ser tratables, mientras empresas se hacen millonarias con recursos de todas y todos los trabajadores.

Por ello es importante terminar con las licitaciones directas y contratos a empresas, nacionalizando los servicios y centralizados bajo control de las y los trabajadores de base organizados democráticamente. Y que sean ellas y ellos, médicos, enfermeras, laboratoristas, trabajadores administrativos, trabajadores de intendencia, quienes decidan el uso del presupuesto, que se requiere mínimamente se duplique para atender a toda la población y garantizar la gratuidad de la salud.

Asimismo todo el personal que durante años ha estado precarizado bajo diferentes modalidades de trabajo, debe basificarse y contar con un sueldo que mínimamente cubra la canasta básica y las necesidades de vivienda, educación, vestido y transporte. Esto puede ser una realidad si se terminan los contratos millonarios a empresas y si los altos funcionarios ganan el sueldo que una enfermera.

Para hacer realidad todas estas medidas y resolver la crisis sanitaria en nuestro país es necesario terminar con el control de la burocracia sindical, cuya acción permitió que llegáramos a esta grave situación. Las y los trabajadores de salud organizados desde las bases, en forma democrática, pueden lograr esto e ir por más.