Según el Gobierno, el Plan Nacional de Búsqueda “es un instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil militar en Chile, esto es, detenidos desaparecidos y ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido encontrados”. Su propósito es “organizar de forma eficiente todos los esfuerzos desplegados para esos efectos, para avanzar decididamente en verdad y justicia, en cumplimiento con las obligaciones internacionales del Estado de Chile”.

¿Cómo se enfrentará la impunidad que ha protegido a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, tanto a los militares como a los civiles que colaboraron con la dictadura?

El plan de Boric parece más bien un gesto simbólico, una forma de mostrar sensibilidad y empatía con las víctimas y sus familiares, pero sin cuestionar el pacto de silencio y complicidad que ha imperado durante décadas en el país. Un gesto que busca legitimar su gobierno frente a las demandas sociales y políticas que surgieron con la rebelión popular de octubre de 2019.

No puede ser que el plan de Boric ignore la herencia de impunidad que ha dejado la dictadura y sus continuadores. Una herencia que se expresa en la existencia de leyes como la amnistía que otorgó Pinochet en 1978, que benefició a miles de violadores de derechos humanos. Una herencia que se refleja en los planes de búsqueda de los gobiernos de la ex Concertación, que fueron insuficientes, tardíos e ineficaces. Una herencia que se manifiesta en las comisiones Rettig y Valech, que entregaron informes incompletos, parciales y secretos sobre las violaciones a los derechos humanos.

Es tan brutal la impunidad de la que gozan los violadores de derechos humanos, que por ejemplo, la llamada “Comisión Valech I” (2003-2010), sobre Prisión Política y Tortura, está sujeta a secreto durante 50 años. En otras palabras, nadie puede acceder a los relatos completos de aquella comisión, ni siquiera el Poder Judicial, haciendo parcial la información y obstruyendo el acceso a datos que podrían ser claves tanto para acabar con la impunidad como para encontrar a detenidos desaparecidos y poder reparar a sobrevivientes. Luego de 50 años la mayoría de los violadores de derechos humanos implicados en los crímenes de la dictadura ya se encontrarán muertos y se irán sin castigo.

Este plan, por respeto a las organizaciones diversas que existen a nivel nacional de familiares y amigos de DD.DD, no puede ser una mera continuación o actualización de estos planes y comisiones que en los años 90 fueron implementados por la Concertación y continuados por estos mismos gobiernos a inicios de los años 2000. Debe ser una ruptura radical con la lógica de sostener la impunidad y promover la reconciliación. Debe ser una apuesta por la verdad, el castigo y la justicia plena, hacia los responsables materiales y políticos de estas desapariciones forzosas, sin restricciones ni condiciones.

La lucha por la verdad, juicio y castigo a los responsables

El plan de Boric no puede ser una iniciativa unilateral del gobierno. Debe ser una respuesta a las demandas históricas de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que han mantenido viva la memoria y la dignidad de sus seres queridos. Debe ser una expresión de la voluntad popular, que se movilizó masivamente contra la dictadura y que sigue exigiendo el fin de la impunidad hasta el día de hoy, lamentablemente el gobierno decidió dejar fuera de este plan de búsqueda a los sobrevivientes de desapariciones forzosas y torturas, pese a que solicitaron ser incluidos e incluidas dentro de este plan.

Desde agrupaciones de familiares y amigos de DD.DD que han participado del plan que el gobierno les ha consultado, respecto a la búsqueda, surgen emociones y declaraciones encontradas, pues por un lado, recién comenzará a implementarse la búsqueda propiamente tal el 30 de Agosto, además de las promesas de que habrá verdad y justicia, que anteriormente ya había hecho la Concertación por lo que existen sentimientos de escepticismo por un lado, al igual que cansancio, pero también expectativas respecto a este proceso por el otro, de al fin lograr encontrar a sus familiares y amigos.

A 50 años del Golpe Militar, no basta con declaraciones de buenas intenciones o de no repetición, como plantean desde el Gobierno de Boric, hay que ir más allá, por toda la verdad, justicia y castigo a todos los responsables políticos y materiales sin excepciones de los secuestros, asesinatos y desapariciones forzosas, más que nunca se vuelve crucial una real reparación para las y los familiares de la víctimas que durante 50 años no tienen respuesta. Hay que acabar con Punta Peuco, basta de los privilegios carcelarios para los genocidas condenados. ¡Cárcel común para los asesinos!