La historia oficial intenta decir que “se ahogó”, borrando el contexto y las causas políticas de su desaparición seguida de muerte. Fue un crimen de Estado. Pese a la lucha de su familia, no hay un solo gendarme siquiera sancionado por los gobiernos de Macri y les Fernández. No hay un juez que investigue, menos aún que impute y procese a los implicados. La sociedad sigue sin saber cuándo, dónde y cómo murió Santiago.
A fines de octubre del año pasado este diario informaba algunas novedades en la causa judicial por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado tras la represión de Gendarmería, el 1° de agosto de 2017, contra un grupo de jóvenes (en su mayoría mapuche) en la Ruta 40 a la altura de Cushamen (Chubut). La noticia decía que, a más de cinco años de los hechos, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, había ordenado la realización de una “reconstrucción virtual” de la represión en el kilómetro 1848 de esa ruta nacional y una pericia tecnológica sobre videos registrados por Gendarmería esa misma mañana.
Pasaron nueve meses y medio de la orden de Lleral, pero esas pericias, que las querellas reclamaron durante años sin éxito (por dilaciones del propio juez), aún no se realizaron. Tamaña indiferencia del Estado no es más que un ejemplo, entre decenas, del trato que la familia de Santiago viene teniendo desde hace seis años por parte de quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas.
Alcanza con analizar superficialmente el expediente del caso para reconocer la intención de Lleral de pasar a la historia como un benefactor tanto de Gendarmería como de Patricia Bullrich y sus exfuncionarios, haciendo pasar el crimen como un “accidente” producto de la inexperiencia de Santiago para incursionar en las gélidas aguas del Río Chubut (lugar rastrillado varias veces antes de que apareciera su cuerpo el 17 de octubre de 2017). En esa empresa lo avala el Poder Judicial de conjunto. Pese a que se había excusado de seguir (considerándose “parcial” por haber mandado a archivar la causa) Lleral sigue al frente del caso por orden de instancias superiores, que le pidieron la reapertura del expediente y que siga “investigando”.
Así, el caso está a nivel judicial en manos de un funcionario que, al igual que su antecesor Guido Otranto, hizo todo para que no se sepa qué pasó ni quiénes son los culpables. Un juez al que los funcionarios macristas catalogaron como “propio” y que hoy sólo se dedica a “pisar” el expediente sin activar ninguna medida concreta.
Con las pruebas que ya hay en la causa deberían estar, al menos, imputados y procesados los gendarmes Emmanuel Echazú, Víctor Vaquilla Ocampo y Marcelo Ferreyra; los jefes del escuadrón de Esquel Pablo Badié y Juan Pablo Escola; los entonces jerarcas nacionales de la fuerza Gerardo Otero y Ernesto Robino; y Pablo Noceti, el viceministro de Bullrich que esa mañana recorrió más de una vez la Ruta 40 coordinando el operativo con sus subordinados. Formalmente, gracias a Lleral, están todos libres de culpa y cargo.
En ese sentido Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, dijo ante la periodista Adriana Meyer de Página|12 que “la causa tendría decenas de imputados, hay muchas pruebas, pero ningún juez que se haga cargo”.
El actual fiscal federal del caso, Federico Baquioni, ya pidió que se impute a los gendarmes Echazú y Escola, a Noceti y a otros exfuncionarios macristas. Una imputación (ni siquiera un procesamiento) que permitiría, al menos, poner más el foco en lo que hicieron antes, durante y después de la represión. Pero el juez Lleral se niega. El fiscal también pidió que otra causa, por diversos delitos cometidos al momento de desalojar la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (donde se torturó a mujeres y niños y se robaron sus pertenencias), sea incorporada a la causa madre. Allí están imputados Noceti y otros. Lleral tampoco acepta eso.
Ni siquiera la llegada al expediente de una testigo clave, conocida en mayo de 2022, alcanzó a mover el amperímetro de la causa. Es una médica que trabajó durante años en el Escuadrón de Esquel de Gendarmería y que, luego de irse de Chubut a otra provincia en resguardo de su integridad, ofreció su declaración ante el fiscal Baquioni. Tal como lo detalló oportunamente La Izquierda Diario, en esa testimonial la mujer asegura haber escuchado poco después de la represión a varios gendarmes comentar que, tras el operativo, hubo un “detenido” que “se les fue”. Allí nombró a jefes y subalternos, además de dar detalles de aquellos acontecimientos y denunciar que la Gendarmería la sigue persiguiendo.
Hay pruebas de todo tipo. Hay maniobras dilatorias para hacer dulce. Hay voluntad oficial de no avanzar en la investigación. Faltan la verdad y la justicia.
Documental producido por La Izquierda Diario a un año del crimen
Gobierne quien gobierne
De los seis años transcurridos, menos de dos años y medio pasaron bajo el gobierno de Cambiemos, responsable directo de la represión y garante de la impunidad durante la primera etapa. Los tres años y ocho meses siguientes se sucedieron bajo el gobierno del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria). Siendo oposición al macrismo, la militancia kirchnerista participó activamente de las movilizaciones por justicia. Pero una vez en el poder, las alas “proges” del peronismo prácticamente se llamaron a silencio sobre el caso.
Junto al del joven mapuche Rafael Nahuel, el crimen de Maldonado ocurrió durante la etapa más dura del macrismo, dejando en evidencia la voluntad criminal y encubridora de todo ese gobierno, del cual Patricia Bullrich fue su alfil más temeraria. Pero cuando ese gabinete se fue tras perder las elecciones, el caso no salió de su estancamiento. Como se dijo en otra nota, a la familia de Santiago tanto el Poder Judicial como el Gobierno les siguen negando su pedido de investigación por parte de un grupo de expertos internacionales.
Los nuevos jefes políticos de Gendarmería asumidos en diciembre de 2019 no hicieron prácticamente nada por desentrañar la trama de impunidad. Con Sabina Frederic a la cabeza, el Ministerio de Seguridad apenas hizo una presentación judicial para que se investigue (¡en Comodoro Py!) a Noceti y otros exfuncionarios. Pero en los hechos cobijó y siguió dándoles tareas a las decenas de uniformados que aquella mañana y en los días siguientes consumaron el crimen de Estado, tal como lo definió tempranamente Myriam Bregman. La ministra llegó a decir que la Gendarmería fue fundamental durante la pandemia para dar “seguridad” a la población. Más impunidad aún garantizó Aníbal Fernández, sucesor de Frederic y especialista en represiones.
Lo mismo hicieron con los miembros de Prefectura que persiguieron a tiros a otros jóvenes mapuche y mataron a Rafael Nahuel en noviembre de 2017 en Villa Mascardi.
Y hay que recordar que otra causa tramitada en Comodoro Py, abierta a partir de una denuncia de Myriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), hace meses está archivada por decisión del juez federal Daniel Rafecas. Se trata de un expediente en el que se debía investigar el espionaje ilegal realizado por Gendarmería contra la familia de Santiago, periodistas, Madres de Plaza de Mayo, referentes de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales. Un aporte más a la impunidad.
“La causa no va a avanzar nunca porque quien tiene que decidir es Lleral. Si tuviéramos juez hoy la causa tendría de mínima siete imputados”, le dice la doctora Heredia a la periodista Meyer. Una reflexión que exime de cualquier adjetivación.
La definición de la abogada podría complementarse con otra: además del pérfido rol del Poder Judicial en complicidad con los criminales, para que la causa no avance colabora directamente la inacción decidida del poder político que maneja todos los resortes del Estado.
Y con otra: si en estos seis años el caso Maldonado fue perdiendo paulatinamente peso en la agenda pública (y con ello capacidad de torcerle el brazo a la impunidad) fue, en buena medida, por el abandono de la movilización en las calles de parte de muchas organizaciones que, con el cambio de gobierno en 2019, se pasaron de la oposición al oficialismo.
Una noticia de estas horas grafica ese derrotero. Santiago encontró la muerte en el marco de movilizaciones sociales protagonizadas por comunidades mapuche que pedían la libertad del lonko Facundo Jones Huala y rechazaban su extradición a Chile para ser juzgado en una causa armada por el Estado trasandino. Hoy, mientras se denuncia la impunidad en la causa Maldonado, una sentencia contra Jones Huala, dictada por el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva, habilita una nueva extradición del lonko a Chile para que “cumpla la condena” en aquel vidrioso expediente. No hay mucho más que agregar.
