El 20 de octubre del 2019, en medio de la revuelta, se produjo un incendio en la fábrica de textil Kayser en la comuna de Renca. Tras lo sucedido, se encontraron los cuerpos de Manuel Muga, Andrés Ponce, Luis Salas, Yoshua Osorio y Julián Pérez quemados con orificios de bala y en posiciones irregulares. A casi cumplirse cuatro años de este caso de vulneración a los derechos humanos, que se ha caracterizado por la cantidad de irregularidades de parte de las instituciones vinculadas a este caso, aún no hay justicia para las víctimas y quienes han sido responsables permanecen impunes.

Desde el principio de este año se conformó una comisión especializada de investigación (CEI) con diputados de distintos partidos. Durante la semana se anunció su conclusión frente a la irregularidades de este caso responsabilizando al SML y al Ministerio Público, además de anunciar un memorial en el lugar. Pero lo que se necesita en este caso es la justicia para quienes son responsables y por el bien de las familias, más allá de los simbolismos.

Dentro de las irregularidades se encuentra la hipótesis inicial entregada por Carabineros, quienes indicaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, además de tratar de manera agresiva a familiares afectados quienes estaban en el lugar. Sin embargo, no se presentan pruebas que sustenten la hipótesis del personal policial, sino que los cuerpos han sufrido el ataque de terceros si tomamos en consideración los orificios de bala.

Otra arista que generó controversia es que el SML realizó informes tanatológicos sin sujetarse a la normativa como también la falta de claridad en responsabilidades y protocolo de levantamiento de los cuerpos. Además se identificaron equivocaciones en el contacto telefónico y entrega de los cuerpos de los familiares; y que tras la exhumación de Yoshua Osorio y Andrés Ponce se evidenció que los cuerpos exhumados se encontraban dentro de sus ataúdes en bolsas de basura,

Cabe considerar que a finales del 2022, Boric elige como candidato a José Morales como Fiscal Nacional, pero no logró los votos necesarios en el Senado para que ejerza aquel cargo. Morales fue el fiscal a cargo de la investigación de este caso. Sin embargo, la PDI reportó que demoró más de medio año en entregar la carpeta investigativa a la policía encargada de investigar la existencia de vulneraciones a los derechos humanos.

Desde que ocurrió este caso de vulneración a los DD.HH, aún permanecen querellas contra quienes han salido a las calles en la revuelta, como también se han aprobado leyes represivas como la ley “Nain-Retamal” que legitima el uso de armas de parte de carabineros contra quienes se manifiestan por sus demandas. Hasta la fecha, no ha ávido juicio contra algún responsable a pesar de que ya hubo un cambio de gobierno y la impunidad permanece.