La maniobra habría provocado la acumulación de hinchas en la tribuna que da al bosque, donde luego la Policía desató la represión. Pellegrino reconoció sólo venta de entradas oficiales, nunca de “protocolo”. Pero los veedores de AFA confirmaron su existencia masiva. Por esa eventual defraudación, la Fiscalía ordenó que se investigue en una causa aparte a la anterior comisión directiva de Gimnasia. 

El “manual” de FIFA desaconseja el uso de gas en las canchas. No lo prohíbe, pero está demostrado que genera más daño que prevención. Que la Bonaerense haya llevado muchas de esas granadas al operativo indica que el resultado buscado no podía ser muy diferente.

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Pese a todos esos relatos, la oficina de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad sólo informó sobre el accionar de un efectivo, Martín Mercado, de quien dice que “habría arrojado de manera imprudente y sin justificación alguna, una bomba de gas lacrimógeno y otra de humo”. Según dijeron, lo desafectaron de la fuerza. 

En todo momento la Policía actuó bajo el mando de Juan Gorbarán y Sebastián Perea, responsables directos del operativo. Según declaró el comisario Ariel Turchi, jefe de la División Motorizada de Infantería, la fuerza no tiene siquiera un protocolo de actuación en estadios y espectáculos deportivos. Pero eso no les impidió dar órdenes precisas, como las de cerrar las puertas, empezar la represión y decretar el alto el fuego. Órdenes inequívocas y cumplimiento al pie de la letra. Sin escatimar gastos ni medir consecuencias. 

¿Quién mató a Lolo?

César Regueiro había ido a la cancha con su hija Oriana y dos nietos. El testimonio de ella es central, ya que estuvo siempre a su lado, desde la tribuna hasta el hospital. Otros testimonios completan la secuencia. Los relatos coinciden en el nivel de deshumanización de los policías, que llegaron a disparar y tirar gases a metros de donde Lolo yacía agonizando.

“Al salir de la cancha mi papá se sentía mareado. En medio de la calle hizo un movimiento y se cayó. Alrededor estaba la Policía tirando balas de goma y gases, por eso uno de mis sobrinos pensó que le habían disparado y salió corriendo para el bosque”, declaró Oriana. “Seguían tirando alrededor nuestro sin importarles que él estaba tirado”. Lolo alcanzó a levantarse. “Tiraron un gas justo al lado de él y se cayó de nuevo, ahí comenzó a largar baba de la boca”. Otros testigos agregan que lo vieron en el piso con “los ojos como en blanco que se iban para atrás”.

A Lolo le hizo maniobras de RCP una joven que fue a la cancha con su padre y su hermana. El padre declaró que mientras ella asistía a Regueiro ”los perdigones pegaban cerca”. Él les gritó que pararan, “pero tiraron gas lacrimógeno a ese mismo sector”. Entre media docena de hinchas trasladaron a Lolo, inconsciente, hasta una ambulancia.

“El personal del SAME me dijo que papá estaba muerto”, declaró Oriana. Y agregó un dato clave: cuando subió a la ambulancia para acompañar a su papá al hospital vio “sangre en la cabeza, era un manchón abajo, entre el cuello y la nuca”.

A Claudia, otra hija de Lolo, poco antes de la medianoche la llamó su mamá para pedirle que fuera al Hospital San Martín. Cuando entró a la sala encontró a su papá rígido en la cama, boca arriba, tapado hasta el pecho con una sábana y vestido con la camiseta de Gimnasia. Se acercó y le acarició la cabeza. Al tocar la nuca se le manchó la mano.

“Estaba llena de sangre, agarré algo para ponerle y el policía que estaba custodiando me dijo que eso no me correspondía. Mi hermana sacó un pañuelo del bolsillo de papá y lo limpiamos”, relató Claudia ante el fiscal. Entre las dos levantaron la cabeza y vieron el lado izquierdo de la nuca lastimado y con un gran chichón. “Era como una bola que se hundía al tocarla”. El policía llamó a dos enfermeras y las sacaron. Cuando pudieron volver “ya le habían puesto un parche”, que después también fue visto por un amigo de la familia. Además vieron “dos moretones en la panza”.

La primera versión oficial, lanzada esa misma noche, fue que Regueiro había muerto de un infarto y que tenía problemas cardíacos. Nada relacionado a la represión. Lo dijo el propio Berni al llegar a la cancha en helicóptero (se enteró de lo que pasaba mientras lo entrevistaban en un canal porteño). El ministro posó ante las cámaras, lamentó la muerte y “denunció” la sobreventa de entradas en el fútbol argentino. 

Abonando ese relato, el médico César Rodrigues Paquete del Instituto de Ciencias Forenses Conurbano Sur de Lomas de Zamora, firmó en su informe de autopsia que el cuerpo no presentaba “lesiones traumáticas macroscópicamente evidenciables sobre la superficie corporal”. No mencionó ningún parche en la cabeza. Sí aseguró que el corazón tenía un tamaño y un peso “muy aumentados”. En síntesis, que falleció por un “paro cardiorespiratorio no traumático”.

Varios días después del sepelio de Lolo, un familiar le entregó a Sergio Regueiro la ropa que su padre había usado esa noche. La funeraria lo había desvestido y no había orden judicial de preservarla. Cuando sacaron la camiseta de la bolsa vieron las manchas de sangre.

Antes de entregarle la camiseta al fiscal Minucci, los Regueiro publicaron fotos de la prenda en las redes sociales. Ya sabían que había mucho interés en que saliera a la luz la menor información posible del caso. 

Tras corroborar en un primer análisis que la sangre era humana, el fiscal pidió (recién en mayo) el cotejo de ADN con las muestras que se preservaban de la autopsia. La camiseta fue enviada a la Asesoría Pericial de La Plata (dependiente de la Suprema Corte provincial), pero las muestras tardaron más de un mes en llegar. El 13 de junio se hizo el cotejo y el 5 de julio (más de siete meses después de los hechos) el Laboratorio de Análisis Comparativos de ADN confirmó que la sangre era de Lolo.

Sergio, “Lolito”, dice a este cronista que para la familia “era una prueba muy importante. Se comprobó que no mentíamos. Mi papá tenía una herida y la camiseta habló por él. Nos trataron de locos, tanto el fiscal como su secretario. Siempre nos llamó la atención por qué no dejaron asentada esa lesión, por qué la ocultaron. Creemos que fue el propio Gobierno el interesado en eso. Berni fue el primero que salió a decir que murió por un problema del corazón”.

Sus hijas vieron la herida y el parche. La camiseta mostró que Lolo estaba ensangrentado. Por si fuera poco, una segunda autopsia constató lesiones en la nuca y en el torso. Se había hecho en noviembre y allí participó como perita de parte de la querella Virginia Créimer, médica especialista en casos de violencia estatal. 

A la familia Regueiro nadie le puede sacar de la cabeza que Lolo pudo haber muerto por un ataque directo de la Policía, sea con una granada, un disparo o un palazo. Pero a esta altura, eso ya es imposible de determinar. 

Berni nunca le pidió disculpas a la familia y, probablemente, nunca lo haga. Tampoco Kicillof. Menos aún Alak, de quien nos ocupamos especialmente un poco más abajo. 

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Yo sabía que a Lolo lo mató la Policía

Hace algunos días Gimnasia y Boca volvieron a jugar en el bosque. La gente, como siempre, llenó la cancha. Durante el partido se cantó “yo sabía que a Lolo lo mató la Policía” y “Borombombón, borombombón, el que no salta es un botón”. Las banderas por Lolo, que nunca dejan de estar colgadas del alambrado, ese domingo se multiplicaron.

Gran parte de la sociedad sabe que sin esa represión inaudita de la Bonaerense Regueiro estaría vivo. Y también que arriba de comisarios y oficiales están Berni, Kicillof y otros funcionarios que bancan la represión. Por eso desde el Gobierno hicieron una y mil maniobras para desviar la investigación judicial y hasta quisieron cooptar a la familia. La desesperación se basa en que, demás del empresario Gabriel Pellegrino, están a punto de ir a juicio dos comisarios y un funcionario del Ministerio de Seguridad. 

Para el fiscal Juan Minucci, el jefe de laDepartamental de La Plata Perea, el titular de la Comisaría Novena Gorbarán, el titular de Aprevide Aparicio y el exdirigente Pellegrino esa noche hicieron todo mal. Tal como lo escribió en mayo, al pedirle al juez Crispo la elevación a juicio, asegura que los cuatro incumplieron su responsabilidad de “organizadores, responsables y garantes de la seguridad”.

A todos los acusa de “estrago culposo”, es decir de producir un “daño” de proporciones, causando un “peligro real” a un conjunto de personas o bienes. Quien, por acción u omisión, permite un incendio, una inundación, un derrumbe, una explosión u otra situación de riesgo para uno o más terceros, encaja en esa figura penal. 

“Cada uno de ellos ha realizado un aporte negligente y/o imprudente que derivó en el resultado lesivo, como si todos pusieran una piedra sobre una superficie de cristal que por sí sola no lo rompería pero en conjunto vence su resistencia”, escribió con poesía el fiscal. En ese marco, comparó parte de lo sucedido con los hechos del boliche Cromañón del 30 de diciembre de 2004, donde hubo 194 muertos. 

Minucci dice que “se proveyeron mayores entradas de las que permitía el estadio, al propio tiempo que se dispuso se lleve a cabo en un lugar y en un horario inadecuado, considerando las expectativas, no habiendo realizado correctamente la evaluación del riesgo, a la par que se permitió la utilización de elementos de disuasión de forma tal que tuvieron un alcance masivo respecto de personas que no podían evitarlo, lo que conllevó a lesiones a miles de personas”.

Para el fiscal se trató de un estrago “culposo” y no “doloso”, al contrario de como lo considera la familia Regueiro. Reconoce que hubo “una sumatoria de negligencias, incumplimientos de normativas y de los deberes a cargo”, pero “no tuvieron intención directa de causar el estrago, ni pudieron representarse la posibilidad del resultado lesivo” (la muerte de Regueiro).

Para el primer fiscal de la causa, Martín Almirón (que dejó el caso por presiones de abogados de uno de los imputados), el estrago fue doloso. Pero apenas Minucci tomó la causa cambió la calificación. La diferencia no es menor. Si es culposo, las penas van de uno a cinco años de prisión, mayormente excarcelables. Si es doloso, pasaría a penas de entre ocho y veinte años. 

Cuando la familia designó al abogado Matías Vidal como patrocinante, la causa llevaba varios cuerpos. Apenas accedió al expediente, Vidal pidió el cambio de calificación, algo que no habían hecho los abogados anteriores. Y también pidió la prisión preventiva de los cuatro, quienes pueden entorpecer la investigación e incluso fugarse. Minucci se negó.

El fiscal ya pidió la elevación a juicio manteniendo su imputación por estrago culposo. La querella hizo “reserva de calificación legal”, anticipando que irá por el estrago doloso. Las defensas piden el sobreseimiento de sus clientes, aunque pese a haber tenido toda la predisposición de la Fiscalía no presentaron ningún atenuante. 

Para el abogado de la familia es importante que los imputados se hayan echado culpas mutuamente. Pellegrino se defiende culpando a la Policía y da pruebas de la represión. Los comisarios lo culpan a él por sobrevender entradas. Aparicio también culpa a Pellegrino y éste responsabiliza a Aprevide (mediadora entre la Policía y el club). No hicieron más que confirmar las culpabilidades de todos. 

Es válido preguntar por qué la querella no va por el “homicidio”. El doctor Vidal dice que eso implicaría identificar quién mató a Lolo y cómo lo hizo. Como se dijo, algo ya imposible. Por eso hoy van por la responsabilidad penal “en términos funcionales”. La idea es determinar quiénes, con capacidad de decisión, causaron el estrago. Se focaliza en las jerarquías (deportivas, policiales y gubernamentales) en función del quebrantamiento de un rol. Que rindan cuentas las “cabezas” institucionales y políticas. 

En la causa, vale decir, hay un quinto procesado que también irá a juicio. Es el oficial Fernando Falcón, quien esa noche disparó postas de goma a la ingle y las piernas de Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports. La agresión quedó registrada por el mismo trabajador. Pese a querer ampararse en una especie de obediencia debida, Falcón será juzgado.

Aún no hay fecha para el juicio y las partes están a la espera. En circunstancias más o menos normales, los juicios en la provincia de Buenos Aires suelen tardar entre un año y medio y dos años después de que se cerró la instrucción. Desde la querella estiman que, por el trasfondo político y la repercusión mediática del caso, podría haber un plazo más corto. Quizás antes de fin de año.

Las mañas del Turco

Diversas fuentes utilizan el mismo concepto para describir el trato del Gobierno con el caso: manoseo. La familia de Lolo está convencida de que desde los despachos oficiales “metieron mano” en las pericias. Por caso, creen que algunas incisiones sobre el cuerpo en la primera autopsia taparon una probable herida, impidiendo establecer con precisión la mecánica de muerte. 

No dudan que Berni tuvo y tiene una injerencia directa en el caso. Es el máximo responsable del accionar de la Policía y siempre estuvo de su lado. Hasta destrató a la familia en una reunión, tal como lo relató Lolito en una entrevista. Como hasta el momento no hay en la causa elementos que lo sindiquen como ejecutor de órdenes, aún no está alcanzado por una acusación penal.

Tampoco dudan del rol nefasto del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Al inicio de la causa, el “Turco” se mostró colaborador con la familia, facilitándole algunos trámites y prometiendo cosas que no cumplió. Luego, cuando los hijos y la esposa de Regueiro alzaron la voz para denunciar tantas irregularidades, el hoy candidato a intendente se borró. 

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En el círculo íntimo de la familia entienden que Alak y sus funcionarios buscaron, por un lado, “contenerlos” o, mejor dicho, tenerlos bajo control. El típico abrazo del oso para evitar que las víctimas develen la trama. Por otro lado, embarraron la cancha al máximo, incidiendo en las pruebas de la causa, apelando a que todo se redujera a un delito menor con penas excarcelables. La propia Fiscalía reconoce que las defensas fueron varias veces al Juzgado a “chapear” para condicionar diligencias. De hecho se cargaron al primer fiscal.

Militante peronista, Lolo había trabajado 16 años con Alak. Los años en que el Turco fue intendente. Se conocían “de toda la vida”. Pero después de perder en 2007 la intendencia a manos de su discípulo Pablo Bruera, Alak les dio la espalda a muchos colaboradores. Entre ellos a Lolo. “¿A qué vino Alak después de que lo mataron, si se había olvidado de la familia?”, se preguntan los Regueiro. Como contamos en otra nota, también mencionan a Norberto “Chucho” Gómez, un ladero del ministro, cumpliendo un extraño rol en el Hospital San Martín la noche de la represión.

El Gobierno de Kicillof buscó “arreglar” a diversos miembros de la familia, especialmente ofreciendo contratos laborales en dependencias públicas. Hubo operadores kirchneritas que quisieron ponerle precio al silencio. La esposa y los hijos de Lolo no se dejaron comprar. Por eso el ninguneo hacia ellos fue en aumento. Hoy los funcionarios directamente les clavan el visto. “Yo puedo mirar al cielo tranquilo, mi papá sabe que yo no me vendí, su muerte no tiene precio”, dice a este cronista Lolito.

Hace algunos días, desde el sector peronista conducido por los hermanos Bruera se contactaron con la familia. Demagógicamente se solidarizaron por la tragedia y se ofrecieron a hacer de “puente” con periodistas para que los hijos salgan públicamente a escrachar a Alak. Una forma espuria de utilizar en campaña electoral la legítima bronca de los seres queridos de Regueiro.

Si llegaste hasta acá y no perdiste la atención, ya sabés por qué decíamos al principio que es importante hablar en serio del caso Regueiro, tanto de la causa judicial como de sus componentes políticos.

Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.

Postdata 1- Otra vez la Bonaerense. Este martes hubo represión en el Barrio Unión y Fuerza de La Matanza. La Policía fue enviada a desalojar a cientos de familias que pelean por una porción de tierra para vivir. Tras el desalojo marcharon a la Municipalidad, el intendente Fernando Espinoza ni los atendió. Un grupo de tareas de la UTOI lo protegía del “peligro” de tanta gente sin techo. Acá podés saber más del tema.

Postdata 2- Esta semana en Tucumán comenzó el segundo juicio por el asesinato del niño de doce años Facundo Ferreira, ocurrido en 2018 a manos de la Policía. En 2021 los policías Díaz Cáceres y Montes de Oca fueron condenados a perpetua por dispararle por la espalda. Escandalosamente, la Corte Suprema de Tucumán anuló la sentencia. La lucha de la familia impuso la realización de un nuevo proceso. Acá te lo cuenta Juan Lobo.

Postdata 3- El martes se cumplieron seis años de la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo apareció 78 días después en el Río Chubut. Seis años de un crimen de Estado impune. La historia oficial intenta decir que “se ahogó”, borrando el contexto y las causas políticas de su desaparición seguida de muerte. No hay un solo gendarme siquiera sancionado por los gobiernos de Macri y les Fernández. No hay un juez que investigue y procese a los implicados. La sociedad sigue sin saber cuándo, dónde y cómo murió Santiago. Acá te lo cuento en detalle.

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