En un reciente reportaje en el diario La Nación, el precandidato de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, planteó que los planes sociales deben ser universales. Pero a continuación se da este diálogo:
“-¿Le dan las cuentas?
–Sí, claro. Sería un aumento del 0.9% del presupuesto, habría que sacarle la eximición del pago del impuesto a las Ganancias de los jueces y ya tenés casi todo”.
Lo que Grabois no aclara es que esa eximición al impuesto a las Ganancias que propone no sólo abarca a los jueces y magistrados, sino que también incluye a los empleados del poder judicial. Es más, la mayor parte de de ese porcentaje corresponde a sueldos de trabajadores y no a los honorarios de los jueces.
Esto es fácil de ver. En el Presupuesto 2023 se estima en $ 237.850,2 millones lo que se deja de recaudar en concepto de "Exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los Poderes Judiciales nacional y provinciales" (página 58 del Mensaje a la Ley de Presupuesto). Representa el 0,82 % del gasto total presupuestado y el 0,16 % del PIB. Este es "casi todo" el 0,9 % que Grabois estima que costaría su propuesta de universalizar planes sociales.
Pero en el presupuesto no está identificado qué parte de esos $ 237.850,2 millones corresponde a eximición del impuesto a jueces, y qué parte a trabajadores. En todo caso, el precandidato de UxP (que ya anticipó que en octubre llamará a votar a Massa) debería aclarar si sus propuestas afectan el salario de las y los empleados del poder judicial. Incluso, sería conveniente que se manifieste sobre el impuesto al salario en general, es decir, aquella parte del Impuesto a las Ganancias que recae en los ingresos de la "cuarta categoría", es decir, a salarios y jubilaciones. ¿Propone eliminar el impuesto para todos los trabajadores bajo convenio, como plantea el Frente de Izquierda? Que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias y que también se aumente el impuesto para las grandes empresas, la renta financiera, los bancos, los grandes terratenientes.
El año pasado, este debate ya tuvo lugar en la Cámara de Diputados, cuando en ocasión del tratamiento del Presupuesto 2023, el oficialismo buscaba quitar la eximición a todos por igual del pago del impuesto. Allí, desde las bancas del Frente de Izquierda se intervino tomando el reclamo de las y los trabajadores judiciales y el rechazo a esta medida, planteando la necesidad de diferenciar ambas situaciones, la de los privilegios de los jueces por un lado y la de los trabajadores en defensa de su salario por otro.
Los jueces son parte de una casta llena de privilegios, entre ellos no pagar el impuesto a las Ganancias. Pero además, son el único Poder del Estado que es vitalicio, sin elección popular y por eso se plantea desde el Frente de Izquierda terminar con todos esos privilegios, que cobren como un docente y que se elijan por voto popular, e ir hacia un sistema de juicio por jurados.
Desde ya, es muy necesario el aumento de los fondos para planes sociales y la asistencia de aquellas y aquellos trabajadores que el sistema excluye y margina, con trabajos cada vez más precarizados, con la necesidad de hacer changas y completar sus ingresos con un plan social. Pero esta no es más que una medida que debiera ser de emergencia y coyuntural en el camino de lograr trabajo con derechos para el conjunto de las y los trabajadores, no un paliativo permanente que es funcional a la baja de los salarios de todos los trabajadores y a que, mientras tanto, las grandes empresas continúen su ciclo de ganancias.
En lugar de contraponer a trabajadores, entre quienes están desocupados o informales y no llegan a fin de mes, y a quienes están bajo convenio y logran cubrir la canasta familiar (con una pérdida enorme de más de 24 % de los salarios reales desde el macrismo, que nunca se recuperaron). De lo que se trata justamente es de unir la fuerza de la clase trabajadora y sus reclamos.
Por ello, desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño se propone la reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales para repartir el trabajo entre todas las manos disponibles, entre ocupados y desocupados e informales, sin reducción salarial ni flexibilización laboral, y con un salario que como mínimo cubra la canasta familiar. Sólo empezando por las 12 mil empresas más grandes del país se podrían generar más de un millón de puestos de trabajo con derechos.
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