El 18 de noviembre de 2021 Alejandro Martínez murió en la seccional de esa ciudad costera. El encubrimiento construido por la Policía y el ministro de Seguridad de Kicillof incluyó manipulación de pericias para hacer pasar todo como un suicidio por autolesiones. Pese al relato oficial y los “tiempos judiciales”, la familia espera el juicio convencida de que fue un homicidio a manos del Estado.

El caso de la muerte violenta de Alejandro Martínez, ocurrida la madrugada del 18 de noviembre de 2021 en la Comisaría Tercera de San Clemente del Tuyú, es uno de los hechos emblemáticos que marcan la gestión de Sergio Berni al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y no por algo honorable, precisamente.

En diversas notas, La Izquierda Diario fue dando detalles del caso. Desde la brutalidad con la que, al menos, nueve agentes de la Bonaerense torturaron a Martínez hasta que falleció; hasta la decisión de la Policía y sus jefes políticos de encubrir a los máximos sospechosos, llegando al extremo de “intervenir” en pericias para ajustar las “pruebas” al relato sobre el supuesto suicidio por “autolesiones” del hombre de 35 años. Allí, además, contaron con la colaboración de la Policía Federal que conduce el ministro Aníbal Fernández.

Vale recordar que, a horas de la muerte de Martínez, el ministro Berni salió por varios medios a desmentir categóricamente que se tratara de un nuevo caso de violencia policial. E incluso lanzó información al aire que era totalmente falsa, como que Martínez había sido detenido días antes por querer robar en una casa. Además, claro, de la estigmatización y revictimización al decir que el hombre era adicto a las drogas (como si eso, por lo demás, lo convirtiera en un suicida).

Berni nunca se desdijo de sus afirmaciones, desmentidas una a una en el mismo expediente. Mucho menos pidió disculpas a la familia de Martínez. El gobernador y jefe del ministro, Kicillof, jamás habló del caso, ni siquiera para dar un pésame.

Nueve a juicio

En la causa judicial que se abrió tras la muerte de Martínez se investiga el “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”. Durante diez meses la investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Prieto, titular de la UFID 2 de Mar del Tuyú. En octubre de 2022 el juez Diego Olivera Zapiola, titular del Juzgado de Garantías N° 4 de la misma ciudad, ordenó la elevación a juicio de la causa.

Las defensas de los nueve imputados apelaron ante la Cámara de Dolores. Decían que no estaba demostrada la culpabilidad de la banda de uniformados. Exigían a los gritos el “sobreseimiento definitivo” de todos. Pero para eso desconocieron los resultados de dos autopsias y el relato de un testigo clave (de identidad reservada), detenido esa noche en la misma comisaría. Minimizan las mentiras dadas por la Policía a la familia, diciéndole que Martínez había muerto por adicto y loco. Desprecian muchas evidencias que configuran un mapa criminal común. Y, lógicamente, callan sobre la desaparición de $ 300.000 que Martínez tenía en una mochila antes de ser sacado a la fuerza del Hotel Fontainebleau, esposado y llevado a la comisaría, donde horas después apareció muerto.

El 29 de diciembre la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, a cargo de los jueces Lía Raggio y Daniel Rezzonico, desestimó los ruegos de las defensas, acompañó el fallo de primera instancia y ratificó la elevación a juicio con la misma calificación legal aplicada en la instrucción.

Hace pocos días se sorteó qué tribunal tendrá a su cargo el juicio oral y público. Será el Tribunal Oral Criminal N°2 de Dolores, integrado según información de la Suprema Corte bonaerense por los jueces Eduardo Campos Campos (sic) y Antonio Severino. En representación del Ministerio Público Fiscal participará Gabriela García Cuerva, titular de la Fiscalía de Juicio 6.

Los acusados son los oficiales José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48), a quienes se juzgará como eventuales “coautores” del homicidio triplemente agravado. Los tres cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán. En tanto que los oficiales Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) serán juzgados como “partícipes secundarios” del crimen. Los seis llegarán al juicio en libertad.

Laura Laganá Santillán, expareja y madre de un hijo de Martínez (hoy de cinco años), dijo a La izquierda Diario que están “esperando realmente que se haga justicia por Alejanadro. Mi nene pregunta todos los días por él, lo extraña mucho y siempre espera que vuelva”. Sobre el juicio que se avecina, la mujer confirmó que esperan “la convocatoria a la audiencia preliminar en la que las partes aportan pruebas y proponen testigos”. Luego vendrá la fijación de fecha para el inicio del juicio.

“Es una lucha incansable, porque los tiempos de la Justicia son muy lentos y la gente un poco se va olvidando del caso. No queremos que la gente se olvide y que estos nueve policías cumplan su condena y sean castigados por el hecho aberrante que cometieron. No olvidamos ni perdonamos. Queremos que este hecho no quede impune”, sentencia Laura al tiempo que se solidariza con otros familiares de víctimas de la violencia estatal y no deja de exigir “justicia por Alejandro”.