Esta semana, familiares de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del EPR detenidos desaparecidos desde el pasado 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, denunciaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por rehusarse a cumplir con los requerimientos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de las víctimas. 

Entre otras trabas, la Sedena se ha negado a citar a mandos militares a comparecer en torno al caso, así como a entregar informes de inteligencia militar de los desaparecidos. Según detallan familiares citados por La Jornada, las fuerzas castrenses "no han mostrado disposición para abrir sus archivos". 

A pesar de los intentos del Gobierno Federal por lavarle la cara a las Fuerzas Armadas, éstas continúan involucradas en casos de desaparición forzada de luchadores sociales, en un país con más de 105 mil desapariciones por esclarecer. Protegidos por leyes que evitan a los elementos castrenses involucrados en violaciones de derechos humanos comparecer ante instancias del fuero civil, la impunidad está garantizada.

A quince años de la detención de Edmundo y Gabriel, las omisiones no sólo han sido perpetradas por la Sedena, sino también por la Fiscalía General de la República. La FGR, denuncian familiares, no ha girado órdenes de aprehensión contra al menos 10 funcionarios que atestiguaron la presencia de ambos detenidos un día después de su captura. Todo como parte de un caso que ha sido tortuoso para los familiares y ha estado lleno de irregularidades. 

Familiares han arrebatado a las autoridades acciones como la publicación y actualización constante del expediente completo del caso en la página oficial de la FGR, así como la comparecencia de 14 mandos militares que, a pesar de significar un importante precedente en la defensa de los derechos democráticos en el país, están todavía lejos de garantizar el juicio y castigo a los responsables, así como la presentación inmediata de las víctimas.