Se cumplen treinta años de la desaparición de Miguel Bru, pero la impunidad policial sigue más vigente que nunca: el mes pasado una fuente anónima le dio a la Fiscalía 4 de La Plata un dato acerca de la casa de Walter Abrigo, uno de los efectivos involucrados, pero las excavaciones no encontraron ningún resultado sobre el paradero del joven visto por última vez el 17 de agosto de 1993 cerca de Magdalena.
Las sinuosidades fueron una constante en la investigación sobre el paradero del entonces estudiante de periodismo y ahora se agigantan gracias a la difusión de tres legajos de espionaje que cedió la Comisión Provincial por la Memoria, custodio de todo el acervo documental de la extinta Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (Dippba).
El frondoso material le da entidad documental a lo que hasta ahora se suponía sólo a través de testimonios orales: la obstaculización de la Bonaerense en una investigación que la ubicaba en el banquillo de los acusados. Bru, que entonces tenía 23 años y estudiaba periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, había denunciado a la Policía de aquella ciudad por allanar con violencia pero sin orden judicial la casa que él y otros tres jóvenes habían tomado en calle 69 entre 1 y 115, frente al Hospital Interzonal San Martín de la capital de la provincia de Buenos Aires.
Para sus amigos y familiares, ahí estuvo el motivo de su premeditada desaparición, la cual -según varios testimonios- estuvo antecedida por una brutal tortura en la Comisaría Novena, a diez cuadras del lugar que habitaba.
Miguel Bru fue visto por última vez el 17 de agosto de 1993 sobre la Ruta 11, a la altura de la localidad de Magdalena, muy cerca de una casa que le estaba cuidando a una pareja amiga que se había ido de vacaciones. Al otro día encontraron su bicicleta y sus prendas a orillas del cercano Río de La Plata y se encendió una siniestra alarma.
De ahí en más, la Policía Bonaerense se dedicó a empantanar la causa instalando hipótesis falsas o imprecisas. Esto se desprende de los tres legajos generados por su cuerpo de espionaje, la Dippba, en el que se incluyen tanto documentos propios como un profundo relevamiento periodístico sobre el tema.
El primer informe importante de inteligencia data del 22 de septiembre de aquel año. “La vida llevada por Miguel Bru es errante, del tipo hippie, siendo las personas que lo frecuenten y poseen amistad con este de características bohemias, sin una residencia fija, ya que pasan un tiempo en cada lugar y que podrían llegar al consumo de drogas”, describía el espía en el escrito, a la vez que se comenzaba a sugerir la hipótesis de que “bien podría haberse trasladado a alguna ciudad próxima o a Mar del Plata”.
Pero lo más revelador de este memo inicial no es la descripción antojadiza del joven, sino el reconocimiento de que al menos uno de los allanamientos a la casa que éste habitaba había sido efectuada por el servicio de calle de la Comisaría Novena de La Plata “sin orden”. Es decir, lo que el propio Bru había denunciado antes de desaparecer.
En simultáneo, el subcomisario Francisco Jasa (a cargo de la comisaría de Berisso en la cual radicó la denuncia Rosa Schonfeld, madre de Bru), firmaba otro documento interno en el que aseguraba que el joven podía encontrarse indistintamente “en el paraje Yraizoz, cercano a Miramar, o bien en la estancia El Casal, de Camet”. Al mismo tiempo, la delegación policial de La Plata reconocía en otro documento secreto que “por el momento no se tiene personal abocado a investigar la desaparición del joven Bru”.
La causa cayó en manos del juez en los Correccional y Criminal de La Plata, Amílcar Vara, quien en una entrevista expresaba la “íntima convicción es que Bru estaría aún con vida”. El magistrado amontonaba sin criterio alguno tres hipótesis completamente disímiles entre sí: “Tal vez se ahogó al internarse en el arroyo Zapata, o en un tramo peligroso del Río de La Plata, o acaso su misterioso paradero se vincule con sus viajes a Misiones y Mar del Plata”.
El nulo avance de la causa motivó la creación de la denominada Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Miguel Bru, con sede en la Facultad de Periodismo de La Plata en la que el joven estudiaba. Esta organización empujó numerosas actividades (entre ellas, las concurridas “Marchas del silencio”), lo cual naturalmente demandó la infiltración de espías entreverados sigilosamente.
A partir de entonces, Rosa Schonfeld se convirtió prácticamente en el foco principal de la Dippba, algo que se aprecia con pasmosa claridad en un video donde la madre de Bru es entrevistada en su casa por un periodista que le solicita detalles de sus acciones. Pero el reportero no era un trabajador de prensa, sino un espía que se hizo pasar por tal para disfrazar de trabajo periodístico lo que en realidad era un velado interrogatorio policial.
Rosa Bru había mantenido un encuentro con Danielle Gouze, esposa del por entonces presidente francés François Mitterrand, quien no titubeó en vincular la desaparición del joven con el modus operandi aplicado por la última dictadura argentina. También manifestaron su interés la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Amnesty International.
En un informe de octubre de 1993, la Dippba declaraba que era probable que “Miguel Bru esté con vida alternando con un grupo de personas de su amistad y de vivencia social como la suya, los que merodean desde hace unos días en forma deambulante por la localidad Los Talas, partido de Berisso”.
Lo curioso es que, con todos los instrumentos que contaba en su poder, la Dirección de Inteligencia de la Bonaerense no pudiera hallar a Miguel Bru si es que este, tal como teorizaba, se encontraba desplazándose en espacios públicos y a la vista de cualquiera. En ese entonces, su madre sentenció: “Nos da la sensación de que se investiga más a la víctima que a los que tendrían que investigar".
Meses más tarde, en abril de 1994, se descubrió la falsificación del acta que la Policía de La Plata, aún consciente de que la misma era apócrifa, le había remitido a la jueza Elva Demaría Massey para que autorizara uno de los allanamientos en la casa que habitaba Bru en calle 69. A raíz de esta y otras circunstancias, el juez Amílcar Vara comenzó a ser investigado por la Corte Suprema bonaerense por irregularidades y la causa abrió una ventana hasta entonces inexplorada: la declaración de personas que estuvieron detenidas en la Comisaría Novena de La Plata aquel 17 de agosto de 1993.
En ese sentido, fue clave el testimonio de Horacio Suazo, quien aseguró haber visto a Bru aquella noche en esa seccional. Según su declaración, Bru fue sometido al “submarino seco”, técnica represiva que consiste en colocarle una bolsa de nylon en la cabeza a una persona para interrumpirle la respiración mientras, al mismo tiempo, se lo golpea en la boca del estómago.
Cruel ironía la que padeció el propio Suazo, quien denunció una práctica propia de la última dictadura y poco después de atestiguar murió, según dictamen judicial, a causa de un “enfrentamiento con la fuerza”, otro eufemismo tenebroso de la época del Terrorismo de Estado.
La investigación luego comprobó la adulteración del cuaderno en el cual constaban los ingresos a esa comisaría del 17 de agosto de 1993, mientras que un peritaje descubrió la obstrucción de una abertura a través de la cual José Duarte, otro detenido en aquella fecha, aseguró haber visto como sacaban a Bru de la seccional.
La causa llegó a juicio y en 1999 fueron condenados cuatro policías que reportaban a distintas dependencias de La Plata: Walter Abrigo y Justo José López a prisión perpetua, y Juan Domingo Ojeda y Ramón Ceressetto a dos años de cárcel. Poco antes, el juez Vara había sido destituido por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en 27 causas, entre ellas la de Bru. Pero ninguno cumplió completamente su condena.
Las excavaciones realizadas a principios de julio pasado en la casa de Abrigo en la localidad de Los Hornos fue la búsqueda número cuarenta. Como en las otras 39, estuvo presente Rosa Bru. “Así tengamos que hacer cien búsquedas más, las haremos. Mientras esté viva, no pienso parar. ¿Por qué no dicen donde está Miguel y terminamos con esto?”, suplica Rosa.
La relación entre el accionar represivo, la impunidad policial y una investigación disuasiva volvió inevitable la comparación con Santiago Maldonado o Facundo Astudillo Castro, casos en los que las fuerzas represivas del Estado se dedicaron a plantar hipótesis falsas en los medios de comunicación y, simultáneamente, a espiar a su familiares. Un juega de espejos con cristales rotos: aquellos resquebrajados por prácticas de otra era que siguen vigentes en democracia. | 
