Este lunes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacó en sus redes sociales el papel “fundamental” que tuvo en la historia reciente la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida , de la que hoy se cumplen veinte años. Como afirma la dependencia que conduce Horacio Pietragalla, ese cambio legal permitió que se desarrollaran diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.
Pero pese a los “festejos” oficiales hay que decir, cuanto menos, dos cosas. Por un lado, que la anulación de esas nefastas leyes (la 23.492 y la 23.521) no fue el regalo de ningún gobernante camuflado de derechohumanismo sino producto de la lucha de años de sobrevivientes, familiares de víctimas, organismos de derechos humanos y la izquierda. Una lucha que arrancó en el mismo momento de la promulgación de esas leyes en 1986 y 1987 y que en 1998 obligó al peronismo de Carlos Menem y a la oposición de la Alianza (de radicales y "progresistas") a derogarlas (lo que en los hechos las dejaba sin efecto a futuro pero tenía nulas consecuencias retroactivas).
Por otro lado, si bien la misma Secretaría de Derechos Humanos destaca que, por la anulación de esas leyes y de los indultos menemistas a las cúpulas militares, “más un millar de genocidas fueron condenados”, esa cifra resulta modesta si se tiene en cuenta que el aparato represivo del Estado que actuó a sangre y fuego entre mediados de los 70 y 1983 tuvo unos 200.000 ejecutores. Tal es el cálculo realizado por el fallecido exsecretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien declaró en 2008 como testigo en un juicio contra Luciano Benjamín Menéndez y otros siete genocidas.
Hoy se cumplen veinte años de que el Senado diera sanción definitiva (primero había sido votado por Diputados) al proyecto de ley que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Una buena oportunidad para compartir una serie de reflexiones publicadas por La Izquierda Diario en relación a esas normas que estuvieron casi dos décadas vigentes y que el propio Estado aceptó dejar atrás pero sin cambiar en esencia su voluntad de mantener lo más intacto posible el aparato represivo.
Sin ir más lejos, pese a esa anulación legal, muchos genocidas siguieron en funciones hasta que se fueron “retirando” y hoy gozan no sólo de su libertad sino de abultadas jubilaciones por sus servicios prestados.
Vale recordar que fue Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh (detenido y asesinado en la ESMA), quien como diputada de izquierda presentó en 2001 el proyecto de ley que planteaba declarar nulas ambas leyes y los indultos. Pero ni peronistas ni radicales se inmutaron. Un año después Walsh volvió a presentar el proyecto, allí consiguió el apoyo de quince diputados más y un pedido de sesión especial para debatirlo. Pero tampoco se pudo avanzar. Fue luego de la elecciones de 2003, donde Néstor Kirchner ganó con escasos votos y con muchas demandas en las calles, que el nuevo Gobierno aceptó que se avance en la anulación de las leyes.
Te invitamos a leer varios artículos y entrevistas donde se analiza en profundidad tanto el proceso de anulación de las leyes de impunidad como estos veinte años de lucha por juicio y castigo a todos los genocidas por todas y todos nuestres 30.000 compañeras y compañeros desaparecides.
Patricia Walsh fue pionera en presentar a la Cámara de Diputados el proyecto. Aquí habla junto a Mario Santucho, Marta Ungaro, Christian Castillo y Liliana Mazea.
La respuesta de Raúl Alfonsín ante los levantamientos carapintadas. La persistente y masiva lucha contra la impunidad a los genocidas logró que se anularan las leyes de perdón.
La asonada militar provocó una crisis en el régimen político y masivas movilizaciones populares durante cuatro días. La capitulación frente a los militares mostró el agotamiento del alfonsinismo y los límites del Estado burgués para juzgar a los genocidas.
El 23 de diciembre de 1986 la Cámara de Diputados sancionó la primera ley de impunidad a favor de los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura-cívico-militar-eclesiástica. Días previos se llevó adelante una marcha multitudinaria que repudió la ley que contaba con media sanción.
Fue la primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las Juntas de 1985. La noche de 21 de agosto de 2003 en la Plaza Congreso festejó junto a miles la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luchó contra la impunidad hasta el último día de su vida. Falleció en diciembre de 2010.
Hija de desaparecidos, querellante contra la Editorial Atlántida y legisladora porteña del FITU, afirma que todo lo que se consiguió fue gracias a una lucha colectiva de familiares, sobrevivientes y la militancia. Una lucha que sigue contra las condiciones estructurales que impuso la dictadura y que siguen intactas.
Ganó las elecciones prometiendo enjuiciar a los militares. Bajo su gobierno se condenó a las tres primeras juntas militares, se creó la Conadep que, en su informe final, sostuvo la teoría de los dos demonios. Y además se dictaronn el Punto Final y la Obediencia Debida. | 
